Casi cinco millones de niños en Malí necesitan asistencia humanitaria
La Unicef advierte sobre las posibilidades de morir al menos 200 mil infantes antes de fin de año por desnutrición severa.
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Unos 200.000 niños podrían morir de hambre antes de fin de año en Malí si no les llega asistencia humanitaria urgente.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó este viernes sobre la necesidad de ayuda humanitaria para casi cinco millones de niños en Malí, África Occidental, de los cuales 200 mil podrían morir de hambre antes de fin de año.
La demanda de atención es urgente, recalcó la organización en su sitio web, y advirtió sobre el incremento en 1,5 millones de menores en riesgo extremo con respecto al año 2020.
Según sus alarmantes estimados, a finales de 2023 llegará a un millón la cifra de los menores de cinco años reportados con desnutrición aguda, y una quinta parte morirá si no reciben asistencia oportuna, en las cantidades y calidades previstas.
Mientras Occidente destina miles de millones de dólares a producir armamento y municiones para perpetuar guerras y financiar grupos terroristas, la ONU apenas logró captar este año el 21 por ciento de los 751 millones de dólares solicitados para asistencia al programa humanitario de la organización, es decir, 8,5 millones.
En el campo político tampoco hay comprensión del peligro para la infancia en Mali. Este jueves, tras los debates en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Federación Rusa usó su derecho de veto para frenar una resolución perjudicial a esa nación africana y el panel de "expertos" para justificarla.
El proyecto, redactado por Francia y Emiratos Árabes Unidos, extendería un año más el régimen de sanciones impuesto contra el gobierno y pueblo de esa excolonia francesa, como ocurrió cada agosto desde 2017.
Según el Comité Internacional de Rescate, la caótica situación humanitaria es consecuencia de las decisiones de las antiguas autoridades coloniales francesas, por su despreocupación por el desarrollo de algunas zonas rurales, situación perpetuada por los gobiernos posteriores a la independencia.
El 16 de junio de este año, el ministro de Relaciones Exteriores de Malí, Abdullah Diop, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU una retirada sin demora de la misión en su país (MINUSMA), en vistas de su fracaso al hacer frente al desafío de seguridad creado por grupos terroristas vinculados a al-Qaeda y Daesh en las provincias norteñas.
A principios de agosto, MINUSMA entregó el primer campamento a las autoridades nacionales, como parte de su proceso de retirada, organizado hasta finales de este año.
La actual crisis política y social en Malí escaló en 2012, cuando militantes de esos grupos criminales aprovecharon una insurgencia liderada por separatistas de la tribu tuareg y tomaron el control del norte del país.
Desde esos territorios organizaron en esta década centenares de ataques contra las naciones vecinas de Burkina Faso y Níger, que costaron miles de vidas y cuantiosas pérdidas en cultivos e infraestructura.
Las sanciones económicas y políticas del Consejo de Seguridad, contradicen los propósitos declarados por MINUSMA. Entre ellas estaban las restricciones de viajes y el congelamiento de activos de ocho malienses incluidos en una lista negra de la ONU.
