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Cuba reiteró  la máxima prioridad que brinda el país a la investigación y esclarecimiento de actos terroristas contra el Estado, así como la severidad de las sanciones para sus ejecutores.

El vicefesical general de la República, Marcos Caraballo, explicó que los delitos de peligro tienen en el Código Penal de la isla un rango sancionador de entre 10 a 30 años de privación de libertad, y también incluye la cadena perpetua y la pena de muerte para los casos más complejos.

Realizó sus declaraciones en una emisión especial del programa Hacemos Cuba, relacionada con las implicaciones legales de la Resolución 19/2023 de la Gaceta Oficial con la Lista Nacional de Terroristas.

Caraballo subrayó que la Fiscalía realiza un rigoroso trabajo para que los acusados no queden impunes y resaltó que esos son delitos imprescriptibles. 

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Sobre las implicaciones legales para las personas que están en esta lista y viven fuera de Cuba, explicó que las normas jurídicas de la nación caribeña se nutren de normativas internacionales.

Además, señaló, la isla puede solicitar extradición a otras naciones y también prevé la asistencia penal internacional y  es posible utilizar el juzgamiento en ausencia.

Por su parte, el teniente coronel Francisco Estrada de la Seguridad del Estado, argumentó que varias de las personas designadas en la lista están con notificación roja de la Policía Internacional (Interpol).

Aunque, denunció, varios de ellos  pasean libremente por Estados Unidos.

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Las dos autoridades coincidieron en que el uso de las tecnologías para indicar la ejecución de actos terroristas e incluso contactar a sus operadores, no puede considerase como libertad de expresión.

El pasado 7 de diciembre la Gaceta Oficial de Cuba publicó la Resolución 19/2023 con la relación de personas y entidades sometidas a investigaciones penales y que son buscadas por autoridades, debido a su implicación en actos materializados en la isla y otros países, desde 1999 hasta la actualidad. 

La publicación de cualquier disposición en la Gaceta tiene validez jurídica y es de obligatoriedad el cumplimiento de lo que en ella se recoge.