Organizaciones civiles de Ecuador reiteraron este jueves, en el último día de campaña, su llamado a votar NO en la consulta popular y referendo sobre seguridad, justicia y empleo propuesto por el presidente Daniel Noboa.

Durante una rueda de prensa, representantes de colectivos indígenas, campesinas, sociales y ecologistas consideraron que ir a las urnas el próximo domingo 21 de abril no va a solucionar los problemas estructurales y de inequidad existentes en el país.

Las organizaciones apuntaron que la iniciativa más bien ahondará en los retrocesos de derechos naturales y laborales y solamente buscan el beneficio para las élites. 

Igualmente, denunciaron que el actual mandatario engaña a la ciudadanía al proponer trabajo por horas al tiempo que se vulneran en el país los derechos laborales, y las mujeres saldrán más perjudicadas.

También pidieron votar contra la propuesta de permitir arbitrajes internacionales en conflictos entre el Estado y empresas privadas.

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Lo que, para muchos, hace una semana y media, era una victoria indiscutible en la Consulta Popular de este domingo, genera incertidumbre y hasta el riesgo de una derrota para Noboa, reflexionó el diario La Jornada. 

Según ese medio, primero afectó al jefe de Estado el asalto a la embajada de México y ahora los apagones de energía eléctrica que en algunas ciudades fueron hasta de 32 horas.

Este jueves fue el último día de campaña oficial para impulsar el voto a favor o en contra de las 11 preguntas que aparecerán en la papeleta, detalló la agencia Prensa Latina. 

Los dos cuestionamientos más polémicos son los relacionados con la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional y el que propone los contratos laborales por horas.

Además, el presidente Noboa busca reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.

Otras de las interrogantes de la consulta están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.