Siria planea reestructuración y privatización en el sector público
Ministros del gobierno interino de Siria formado por la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham comentaron a Reuters los planes para reducir el tamaño del Estado, eliminar numerosos empleados fantasmas o personas asalariadas por poco o ningún trabajo.
La nueva administración de Siria implementó una reforma radical para abordar la crisis económica del país tras la caída del gobierno anterior e incluyó planes para despedir a un tercio de los empleados del sector público y privatizar empresas estatales.
Según Reuters, la velocidad de la campaña anunciada contra el despilfarro y la corrupción resultó en las primeras cesantías laborales semanas después de la destitución de Bashar al Assad, generó protestas entre los funcionarios gubernamentales y preocupaciones sobre suspensiones basadas en criterios sectarios.
Ministros del gobierno interino formado por la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham comentaron los planes para reducir el tamaño del Estado, eliminar numerosos empleados fantasmas o personas asalariadas por poco o ningún trabajo.
De acuerdo con el nuevo titular de Economía, Basil Abdul Hanan, hay una gran transformación hacia una economía de mercado libre y competitiva y el gobierno interino estará enfocado en desnacionalizar las 107 empresas industriales estatales, la mayoría de ellas deficitarias.
Sin embargo, expresó el compromiso a mantener los activos estratégicos de energía y transporte en manos del público, pero no especificó cuáles empresas pondrán a la venta.
Las principales industrias en Siria incluyen el petróleo, el cemento y el acero.
Conforme a Hanan, el objetivo de las reformas, junto con la simplificación del sistema tributario mediante la amnistía de sanciones, es eliminar obstáculos y alentar a los inversores a regresar a Siria.
A su vez, en opinión del ministro de Finanzas, Mohammad Abazid, algunas empresas estatales parecen existir solo para malversar recursos y serán cerradas.
Una revisión preliminar reveló que solo 900 mil personas de un millón 300 mil en la nómina gubernamental asistían al trabajo.
Por tanto, existen 400 mil nombres ficticios y eliminarlos proporcionará recursos significativos.
El Estado necesitará entre 550 mil y 600 mil trabajadores, es decir, menos de la mitad del número actual, comentó ministro de Desarrollo Administrativo, Mohammad Al-Sakaf, quien supervisa el número de empleados en el sector público.