El ministro de Justicia de "Israel", Yariv Levin, inició formalmente un proceso para destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara por "obstruir las políticas gubernamentales y favorecer a la oposición".

Levin contactó al secretario de gobierno para solicitar una "votación urgente" sobre la destitución y envió un documento de 84 páginas a los ministros de la ocupación.

El archivo de prueba, según él, demuestra el comportamiento inapropiado de Baharav-Miara y cómo sus acciones hicieron imposible un gobierno efectivo.

Levin sostiene que Baharav-Miara bloqueó sistemáticamente iniciativas clave del gobierno al considerarlas "ilegales".

También la acusa de aplicar la ley de forma selectiva, en particular en relación con las protestas de 2023 contra las reformas judiciales, y de obstaculizar los esfuerzos para combatir el crimen organizado en las comunidades árabes.

Por su parte, el periódico israelí Yedioth Ahronoth comentó sobre la debacle diciendo que la ocupación israelí "enfrenta una de las crisis gubernamentales y legislativas más duras de su historia".

“Es natural que la difícil guerra, y las muertes y lesiones resultantes, además de la tensa situación de seguridad, dominen la atención popular y de los medios de comunicación, pero el intento de destituir al asesor legal, considerado el guardián del estado de derecho, constituye un terremoto político e histórico", planteó.

Otro punto importante de la discordia es la oposición de Baharav-Miara al establecimiento de una Comisión Estatal de Investigación que, de acuerdo a Levin, es necesaria para evitar órdenes de arresto internacionales contra líderes israelíes.

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Baharav-Miara, sin embargo, sostuvo que cualquier comisión de ese tipo debería investigar la totalidad de la operación Diluvio de Al Aqsa del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior, en lugar de centrarse selectivamente en ciertos aspectos.

La medida provocó profundas divisiones políticas y las figuras de la coalición, entre ellas los ministros de Comunicaciones, Shlomo Karhi; de Cultura y Deportes Mickey Zohar; de Transporte Miri Regev y de Policía, Itamar Ben-Gvir, apoyaron la iniciativa de Levin.

Sin embargo, tanto los líderes de la oposición como los expertos legales condenaron la iniciativa como un ataque directo al sistema jurídico israelí.

El líder de la oposición, Yair Lapid, calificó la medida de "inconstitucional" y acusó a Levin de "desmantelar la sociedad israelí" en tiempos de guerra.

Mientras el diputado Benny Gantz prometió luchar contra la decisión por medios legales, y el Movimiento para un Gobierno de Calidad en "Israel" advirtió sobre protestas masivas.

Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el asunto, en particular teniendo en cuenta el acuerdo de conflicto de intereses del primer ministro Benjamín Netanyahu, que le prohíbe influir en los procedimientos legales que afecten a su juicio en curso.

Si el tribunal interviene, podría sentar un precedente sobre los límites del poder del gobierno sobre el poder judicial.

"Este proceso no tiene precedentes. Hubo un intento de destituir al fiscal general hace 40 años, con el caso de la Línea 300. Pero desde entonces, el método de elección del fiscal general cambió y las cosas han cambiado. Por lo tanto, este proceso no tiene precedentes y podría enfrentar obstáculos legales importantes", dijo el corresponsal del canal Kan, Tamar Alug.

Según los medios israelíes, la decisión de retirarle la confianza a la asesora legal estuvo basada en su reciente posición contra la decisión de Netanyahu de destituir al jefe del Shin Bet, lo que fue considerado una rebelión.

Las presiones legales sobre Ben-Gvir se derivan, asimismo, de acusaciones de que excedió su autoridad al intervenir en operaciones policiales, particularmente en relación con las protestas contra la controvertida reforma judicial de Netanyahu .