Human Rights Watch critica anuncio constitucional en Siria
La organización exigió garantías de derechos humanos y rendición de cuentas pues señaló que el anuncio otorga amplias facultades al Presidente, incluidas las designaciones judiciales y legislativas, sin establecer controles ni mecanismos de supervisión.
-
El 13 de marzo, el nuevo gobierno sirio firmó el anuncio constitucional, que establece un período transitorio de cinco años y concentra todos los poderes en manos del presidente, Ahmad Al-Shara (Al-Golani).
La organización Human Rights Watch (HRW) criticó el anuncio constitucional emitido en Siria, y advirtió sobre la concentración de poder en manos del Ejecutivo y los riesgos que esto implica para la independencia del sistema judicial.
En un comunicado, HRW señaló que el anuncio otorga amplias facultades al Presidente, incluidas las designaciones judiciales y legislativas, sin establecer controles ni mecanismos de supervisión.
La organización destacó que estas atribuciones generan serias preocupaciones sobre el fortalecimiento del control del poder ejecutivo en detrimento de la autonomía del poder judicial, lo que podría socavar el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país.
El subdirector de HRW para Medio Oriente, Adam Coogle, declaró que este anuncio consolida el control absoluto del ejecutivo sobre las libertades fundamentales, calificándolo de una amenaza grave en un momento crucial para el futuro de Siria.
HRW instó a las autoridades transitorias sirias a revisar el anuncio constitucional para garantizar la inclusión de salvaguardias robustas que protejan la independencia judicial y aseguren una supervisión legislativa efectiva.
La organización subrayó que estas medidas contribuirán a respetar los derechos humanos y permitir la rendición de cuentas por violaciones pasadas, un aspecto esencial durante la etapa de transición que atraviesa Siria.
El 13 de marzo, el jefe de la Nueva Administración en Siria, Ahmad Al-Shara (Al-Golani), firmó la declaración constitucional, que establece un período transitorio de cinco años y concentra todos los poderes en manos del presidente, sin posibilidad de rendir cuentas, y recibió el rechazo entre algunos sectores de la sociedad que pidieron su revisión.