Doce estados demandan a Trump por aranceles y advierten daño económico
La acción legal, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York por Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón, Nueva York y Vermont, califica de ilegales los aranceles impuestos por Trump y solicita impida su aplicación.
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El petrolero Palanca Río llega a Portland, Maine, el 2 de abril de 2025, tras un viaje de dos días desde St. John, Nuevo Brunswick, Canadá. Foto: AP.
Al menos 12 estados de Estados Unidos presentaron una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por considerar “insensata e imprudente” su política arancelaria, la cual generado caos económico a nivel nacional.
La acción legal, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York por Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón, Nueva York y Vermont, calificó de ilegales los aranceles impuestos por Trump y solicitó impidir su aplicación.
Según los querellantes, los impuestos sobre automóviles, acero, aluminio y un 25 por ciento a la mayoría de productos de Canadá y México, además de un 145 a mercancías chinas, derivan del “capricho” del mandatario y no de una base legal sólida.
El fiscal general de Arizona, Kris Mayes, advirtió de la elevación de los precios para los consumidores y la afectación a la economía local.
A su vez, el gobernador de California, Gavin Newsom, inició otra accion legal por las pérdidas de miles de millones de dólares provocadas al estado importador del país, las cuales ponen en riesgo sectores clave como la manufactura y la agricultura.
En respuesta, la Casa Blanca justificó las medidas como parte de la estrategia para proteger la industria y a los trabajadores estadounidenses.
De acuerdo con el portavoz presidencial, Kush Desai, Trump continuará el uso de todas las herramientas necesarias para defender la economía del país, incluido la imposición de impuestos y nuevas negociaciones internacionales.
Los reclamos judiciales buscan frenar una política arancelaria la cual altera el equilibrio constitucional, daña la economía y perjudica tanto a consumidores como a trabajadores de EE. UU.
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