Naciones Unidas condena sentencias masivas en Túnez
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó que als condenas a la oposición tunecina se vio empañado por violaciones del derecho a un juicio justo.
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Organización de Naciones Unidas condena sentencias masivas en Túnez
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó duramente la reciente condena de casi 40 figuras de la oposición tunecina, generando alarma sobre la integridad de los procedimientos judiciales y sugiriendo una posible interferencia política.
Resaltó que "el proceso estuvo empañado por violaciones del derecho a un juicio justo, lo que suscitó serias preocupaciones sobre motivaciones políticas".
Las declaraciones se producen tras una sentencia masiva el 19 de abril, en la que el poder judicial tunecino impuso penas de prisión de entre 13 y 66 años a opositores políticos, entre ellos figuras destacadas como el empresario Kamel Ltaif y el político Khyam Turki.
Estas se basaron en cargos relacionados con conspiración contra la seguridad del Estado y presuntos vínculos con actividades terroristas. Varios de los condenados llevaban más de dos años detenidos, mientras que otros huyeron del país y fueron juzgados sin comparecer.
Organizaciones de derechos humanos critican el veredicto
Amnistía Internacional calificó el proceso de "farsa de juicio", citando la exclusión de los abogados defensores, las prolongadas detenciones preventivas y la negación de los derechos legales básicos de los acusados.
Human Rights Watch también alertó sobre la falta de transparencia, mientras que el gobierno francés también expresó su preocupación, señalando que se prohibió a la sociedad civil, los medios de comunicación y a los diplomáticos observar el juicio.
El caso intensificó el escrutinio sobre la trayectoria política de Túnez bajo el presidente Kais Saied, quien disolvió el parlamento en 2021 y desde entonces gobierna principalmente por decreto.
Durante los últimos dos años, Saied enfrentó crecientes acusaciones de erosionar las instituciones democráticas, expandir el control del ejecutivo y utilizar el poder judicial para silenciar a sus críticos.
Tras reanudarse el juicio colectivo en un tribunal de Túnez, estallaron protestas frente al juzgado, con manifestantes —entre ellos figuras de la oposición y periodistas— denunciando el proceso y exigiendo la liberación de los detenidos.
