Las calles de Los Ángeles se convirtieron desde el pasado jueves 6 de junio en el epicentro de una ola de protestas masivas tras las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump.

El asedio e intervención de las protestas, que incluso podría incluir marines, encendió un amplio rechazo social, judicial y político.

La indignación ciudadana estalló luego de que agentes de ICE detuvieran a más de 118 inmigrantes en una semana en zonas clave como el Distrito de la Moda, tiendas Home Depot y comunidades del sur de Los Ángeles.

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Tan solo el viernes último se ejecutaron 44 arrestos administrativos, lo que activó una respuesta inmediata de organizaciones y ciudadanos, quienes exigen el fin de las redadas, mayor protección legal y la suspensión de las deportaciones masivas.

Represión violenta: gas, balas de goma y caballería

Durante las manifestaciones, las fuerzas del orden declararon varias zonas del centro como “asamblea ilegal”.

La policía de Los Ángeles utilizó gas lacrimógeno, granadas de aturdimiento, balas de goma y patrullas montadas para disolver las concentraciones.

Una periodista australiana, Lauren Tomasi, fue impactada por una bala de goma mientras transmitía en vivo, y la Guardia Nacional también empleó proyectiles “menos letales” contra la multitud.

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Guardia Nacional sin aval estatal y marines en alerta

El presidente Trump autorizó el envío de unos dos mil efectivos de la Guardia Nacional bajo jurisdicción federal (Título 10), acción que no contó con el consentimiento del gobernador Gavin Newsom.

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Además, 500 marines en Camp Pendleton están en estado de alerta, lo cual constituye un abuso de poder sin precedentes, el primero en décadas que omite la solicitud del estado afectado.

Tensión en aumento: barricadas, incendios y detenidos

Las protestas cumplieron este lunes tres noches consecutivas, marcadas por bloqueos en la autopista 101, incendios de vehículos —incluidos coches autónomos de la empresa Waymo— y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la prensa, 27 personas fueron arrestadas el domingo. Gavin Newsom calificó el despliegue militar como “ilegal e inflamatorio” y anunció acciones judiciales contra el gobierno federal.

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respaldó el derecho a manifestarse de manera pacífica, pero condenó los actos violentos.

A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que procesará penalmente a quienes agredan a las fuerzas del orden.

El centro de Los Ángeles, declarado zona prohibida

Según reportes de CNN, las fuerzas de seguridad emplearon granadas de estruendo y gases lacrimógenos mientras golpeaban y empujaban a los manifestantes.

Las autoridades declararon todo el centro de la ciudad como zona de reunión ilegal, lo que limita aún más el derecho a la protesta pacífica.

Estas manifestaciones se enmarcan en un creciente rechazo nacional a la política migratoria de la administración Trump, centrada en deportaciones masivas incluso en ciudades santuario.

Un despliegue no autorizado por el estado de la Guardia Nacional marca un punto de quiebre en las relaciones entre los gobiernos locales y el federal.

A ello se suma la polémica sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta civil, que ha reabierto el debate sobre derechos constitucionales y militarización de la seguridad pública.