Jueza frena intento de Trump de vetar a extranjeros en Harvard
La justicia suspendió el decreto de Trump que prohibía estudiantes extranjeros en Harvard, en medio de un conflicto por autonomía universitaria y libertad académica.
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Universidad de Harvard.
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este viernes el intento del presidente Donald Trump de impedir el ingreso de estudiantes extranjeros a la Universidad de Harvard, en una disputa que puso en juego la autonomía académica y la libertad de expresión.
La magistrada Allison Burroughs, quien ya había suspendido de forma provisional el decreto presidencial, amplió ahora la medida de forma indefinida, dejando sin efecto la política migratoria impulsada por la Casa Blanca contra una de las instituciones más prestigiosas del país.
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El fallo se produjo luego de semanas de tensiones crecientes entre la administración Trump y Harvard. El republicano exigía supervisar nombramientos académicos, contenidos curriculares y líneas de investigación en la universidad.
Ante la negativa de Harvard, Trump calificó las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza como “antisemitas” y canceló contratos federales por más de tres mil 200 millones de dólares.
#Video | Estudiantes de la Facultad de Derecho de Harvard desafían a la administración durante la ceremonia de graduación en solidaridad con Palestina.
— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) May 31, 2025
Los graduados criticaron las inversiones de la universidad en "genocidio" y la política que confunde el antisionismo con el… pic.twitter.com/h5CoDZQ3kP
Entre mayo y junio, la Casa Blanca avanzó con la prohibición de matrícula para nuevos estudiantes extranjeros, lo que afectaba al 27 por ciento del alumnado total.
En su defensa judicial, Harvard denunció represalias políticas y defendió su derecho constitucional a la libertad académica y la libre expresión, amparado por la Primera Enmienda.
Aunque Trump sugirió en su red Truth Social que podrían alcanzarse acuerdos con la universidad “la próxima semana”, el fallo judicial representa una derrota legal clave para su administración en medio de su ofensiva contra centros académicos críticos de su gestión.
La jueza Burroughs concluyó que la orden ejecutiva violaba principios constitucionales y carecía de sustento legal, al tratarse de una acción arbitraria e inconstitucional.
La batalla judicial pone de relieve el rol de las universidades como espacios de disenso político, y la importancia de salvaguardar su independencia frente a presiones estatales.
De igual forma, la decisión judicial reafirma el principio de que las políticas migratorias no pueden ser utilizadas como instrumentos de censura ideológica.