Corte de EE. UU. avala deportación de migrantes a Sudán del Sur
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Al Mayadeen Español
- 4 Julio 07:45
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Organismos alertan sobre riesgo de tortura tras fallo que permite expulsar a migrantes desde EE. UU. a países inestables sin vínculos previos.
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La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, durante una conferencia en la sede del ICE. Foto: AP.
La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el plan del presidente Donald Trump de deportar a ocho migrantes a Sudán del Sur, pese a las advertencias de organizaciones humanitarias sobre los altos riesgos que representa ese país, inmerso en una crisis prolongada de violencia política y conflicto armado.
El pasado 23 de junio, el alto tribunal anuló una orden del juez federal Brian Murphy, de Boston, que había establecido la posibilidad de que migrantes sin vínculos previos con los llamados “terceros países” pudieran advertir si enfrentaban peligro de tortura al ser deportados.
La Corte también extendió esa decisión a otro fallo similar emitido por el mismo juez en mayo.
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Con ello, dio luz verde a la deportación de los ocho hombres, cuya situación generó un intenso debate jurídico y político en torno a la legalidad y humanidad de enviar personas a territorios donde ni siquiera tienen nexos familiares o comunitarios.
El grupo de inmigrantes, la mayoría de origen latino y asiático, llevan varias semanas en una base militar en Yibuti.
La posición del gobierno y su defensa
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó la resolución como una victoria del estado de derecho.
El gobierno sostiene que Sudán del Sur ofreció “garantías diplomáticas creíbles” de que no habrá tortura ni persecución contra los expulsados, lo que justificaría su traslado sin necesidad de investigaciones adicionales.
Washington defiende esta política, dirigida especialmente a migrantes con condenas penales cuyos países de origen se niegan a readmitirlos.
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Alarmas de organizaciones civiles
Frente a ello, organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación. La Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración denunció que el fallo “recompensa al gobierno por desobedecer órdenes judiciales” y pone en riesgo inminente a personas vulnerables.
La directora de la entidad, Trina Realmuto, advirtió que los ocho deportados serán enviados a “un entorno peligroso e inseguro”.
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Incluso el propio Departamento de Estado de EE. UU. desaconseja a sus ciudadanos viajar a Sudán del Sur debido al “riesgo de secuestro, crimen y conflicto armado”.
Aceleración de deportaciones bajo la doctrina Trump
Desde febrero, la administración ha intensificado la política de deportación hacia terceros países como medida de control migratorio.
Este giro endurecido ha provocado demandas colectivas, pues las organizaciones exigen que, al menos, se garantice el derecho de advertencia ante posibles violaciones de derechos humanos.
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El caso sienta un precedente sobre cómo el Ejecutivo puede aplicar decisiones unilaterales, incluso cuando existen fallos judiciales en contra, y profundiza el debate sobre los límites entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales.
Sudán del Sur se encuentra bajo observación internacional por su inestabilidad, conflictos armados internos y crisis humanitaria. Desde su independencia en 2011, ha enfrentado guerras civiles y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
A pesar de ello, la administración Trump impulsa acuerdos bilaterales con países de alto riesgo para facilitar deportaciones, apelando a “garantías diplomáticas” sin supervisión efectiva.
