La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un nuevo procedimiento para impedir la liberación bajo fianza de migrantes en situación irregular, según un memorando interno revelado por la agencia Reuters.

Tal decisión representa un giro legal significativo y podría generar un aumento sin precedentes del número de personas detenidas en centros migratorios, justo cuando Trump impulsa su plan de deportaciones masivas.

Memorando interno del ICE prohíbe audiencias de liberación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un memorando interno, firmado por su director interino Todd Lyons, en el que restringe la celebración de audiencias judiciales destinadas a revisar la liberación bajo fianza de los migrantes arrestados.

Dicho documento, fechado el 8 de julio, considera que varias disposiciones de la ley migratoria implican una “prohibición de liberación” inmediata tras el arresto.

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Según el medio, esta interpretación puede ser impugnada legalmente por organizaciones defensoras de los derechos migrantes.

Más detenciones y menos opciones legales

Con esta política, millones de migrantes que impugnan su deportación podrían perder el acceso a audiencias judiciales, lo que aumentaría el número de detenciones prolongadas.

El Congreso de EE. UU. aprobó recientemente un presupuesto que permite ampliar la capacidad de detención a más de 100 mil personas, el doble del récord anterior de 58 mil detenidos a finales de junio.

Trump justificó esta ofensiva alegando la “necesidad de frenar la ola migratoria” que, según él, se agravó durante el mandato de su predecesor, Joe Biden.

Críticas y riesgos legales

Expertos legales y exfuncionarios del gobierno expresaron su preocupación. El exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Biden, Tom Jawetz, advirtió que la  política contradice normas legales vigentes y representa un “cambio radical” que puede derivar en litigios masivos.

El memorando también alienta a los fiscales de inmigración a buscar mecanismos legales adicionales para impedir la liberación de detenidos, incluso en situaciones contempladas por las normas actuales.

A finales de marzo, el gobierno de Trump suspendió temporalmente el procesamiento de solicitudes de residencia permanente (ajuste de estatus), afectando a miles de solicitantes de asilo y refugiados.

La revista Newsweek advirtió que esta suspensión podría prolongar los tiempos de espera y cerrar aún más las vías legales disponibles para quienes intentan regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.