Denuncian espionaje estatal contra dirigentes sociales en Ecuador
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Al Mayadeen Español
- 28 Agosto 03:23
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El MICC denunció vigilancia ilegal a líderes indígenas, sindicales y estudiantiles en Ecuador tras hallar evidencias en celulares de policías.
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Denuncian espionaje estatal contra dirigentes sociales en Ecuador. Foto: Prensa Latina
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció la existencia de una red de seguimiento y persecución política contra figuras sociales en Ecuador, informó la agencia Prensa Latina.
Precisaron que la acusación se basa en información extraída de los teléfonos celulares de tres policías detenidos en la comunidad de San Ignacio, implicados en un presunto plan contra el dirigente Leonidas Iza.
De acuerdo con el colectivo, en los dispositivos se hallaron miles de mensajes y registros de operaciones encubiertas, incluidas infiltraciones mediante periodistas y agentes que elaboraban informes confidenciales sobre la actividad de líderes comunitarios, sindicales y estudiantiles.
Líderes bajo la mira
Entre los nombres señalados en los documentos filtrados figuran: Andrés Quishpe (Unión Nacional de Educadores), Nery Padilla (Federación de Estudiantes Universitarios), Edwin Bedoya (Frente Unitario de Trabajadores), Marcela Arellano (Confederación de Organizaciones Sindicales Libres), José Villavicencio (Unión General de Trabajadores), Gustavo Vallejo (Partido Socialista) y Geovanni Atarihuana (Unidad Popular).
El MICC presentó además un mapa conceptual con rostros y cargos de los dirigentes que habrían sido blanco de esta vigilancia, advirtiendo que se trata de un plan sistemático para neutralizar la movilización social en el país.
La organización recordó que la justicia indígena abrió un proceso contra los tres uniformados que, según sus declaraciones, confirmaron el seguimiento a Leonidas Iza, expresidente de la Conaie.
Tras revisar más de cinco mil conversaciones en los teléfonos de los agentes, se constató la existencia de diferentes modalidades de infiltración, incluidas operaciones vinculadas a medios de comunicación como Wilar RTV.
El MICC recalcó que estas prácticas carecen de respaldo judicial y constituyen un hostigamiento directo a la protesta social.
