La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el proyecto de ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la ONU en 1989.

La iniciativa, impulsada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, recibió 83 votos favorables y 19 en contra, y queda ahora a la espera de la sanción presidencial.

Durante la sesión, la oposición, encabezada por el Centro Democrático, cuestionó la forma en que se incorpora un nuevo tipo penal, mientras que el Pacto Histórico defendió el proyecto como un paso necesario para impedir que Colombia continúe siendo plataforma de reclutamiento para guerras en el exterior.

El Centro Democrático anunció que llevará el texto a estudio de la Corte Constitucional.

El Ministerio de Defensa sostuvo que el mercenarismo constituye una forma de trata transnacional en la que personas son trasladadas a otros territorios bajo engaños y sin respaldo legal.

Los ucranianos tratan a los Colombianos como raza inferior. pido a los Colombianos mercenarios,, que los están manejando como carne de cañón, llevados por empresas guiadas. desde Miami, que regresen de inmediato al país pic.twitter.com/gGlDnGMMy9

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

De acuerdo con cifras citadas por El Tiempo y atribuidas a la Cancillería, al menos 64 colombianos han muerto en Ucrania y 122 permanecen desaparecidos desde el inicio del conflicto.

Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro pidió a la Cancillería establecer comunicación con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la liberación de connacionales que habrían sido reclutados de forma engañosa.

Alcances de la ratificación

El proyecto, identificado como 156 de 2024 en el Senado y 579 de 2025 en la Cámara, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar las redes dedicadas al reclutamiento, financiamiento y entrenamiento de mercenarios, al tiempo que evita criminalizar a quienes han sido captados bajo fraude o coerción.

El Gobierno sostuvo que la norma es clave para impedir que empresas fachada y organizaciones criminales continúen operando en el país, así como para preservar la reputación internacional de Colombia y reforzar la cooperación judicial con otros Estados.

Señaló que el reto será garantizar la aplicación efectiva de la ley y crear mecanismos que impidan que exmilitares y jóvenes vulnerables vuelvan a ser objetivo de estas redes.

Organizaciones de derechos humanos valoraron la aprobación como un avance para enfrentar el fenómeno del mercenarismo y desmantelar estructuras que durante años actuaron con amplia impunidad.