Perú aprueba ley para blindar ante la justicia a militares y policías
La reforma excluye a los uniformados de la justicia común en medio del reñido conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
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Congreso del Perú aprueba ley para blindar a militares y policías.
El Congreso de Perú aprobó este martes en segunda votación una polémica reforma que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal y excluye de la jurisdicción ordinaria a los efectivos de la fuerza pública que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.
Con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones, la norma obliga constitucionalmente a los magistrados de la justicia común a archivar de forma inmediata aquellas causas vigentes que ya estén bajo el examen de los tribunales castrenses, específicamente por conductas cometidas por acción u omisión durante estados de emergencia.
Esta medida, promovida por la bancada de Fuerza Popular (fujimorismo), ampara a cientos de uniformados procesados por graves abusos cometidos tanto durante el régimen de Alberto Fujimori como en el contexto de las protestas populares ocurridas entre 2022 y 2023.
Nuevos criterios para la tipificación de delitos de lesa humanidad
En estrecha complementariedad con el blindaje judicial, el parlamento peruano dio luz verde a otra iniciativa que reconfigura la incorporación de los delitos de lesa humanidad en el Código Penal.
A partir de ahora, las causas por asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual solo recibirán dicha calificación internacional si se demuestra rigurosamente que formaron parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
De no acreditarse estos elementos estructurales, los hechos se procesarán como delitos comunes bajo la legislación penal ordinaria.
La ley impone además un principio de retroactividad que afecta a juicios en trámite, procesos en revisión, nulidades o cualquier otra garantía constitucional relacionada con hechos ocurridos antes del año 2002, fecha en la que entró en vigencia el Estatuto de Roma en el país.
Aunque el texto establece penas de 20 a 30 años de cárcel, e incluso cadena perpetua por colaboración con bandas criminales que resulte en muertes, la oposición califica la estructura general de la ley como un mecanismo de impunidad.
Rechazo internacional y polarización en pleno conteo electoral
La aprobación de estas reformas se consumó desoyendo las recomendaciones explícitas de Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, quien había advertido la necesidad de que las violaciones de prerrogativas fundamentales se juzgaran en tribunales civiles independientes.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el dictamen como "preocupante", recordando que en las décadas de 1980 y 1990 la justicia militar funcionó de forma sistemática como un escudo para sepultar casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
El Bloque Democrático denunció que la iniciativa distorsiona los delitos de función y catalogó la medida como una "nueva ley de impunidad policial", responsabilizando políticamente a Keiko Fujimori.
El documento fue remitido a la Presidencia de la República, donde el mandatario José María Balcázar dispondrá de un plazo de 15 días para su promulgación definitiva o su observación, tras las objeciones previas del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Todo esto transcurre en un clima de alta tensión, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales avanza en el tramo final del conteo presidencial con el 99 mil 798 por ciento de las actas contabilizadas, ubicando a la derechista Keiko Fujimori ligeramente al frente con el 50 mil 115 por ciento de los sufragios, ante el 49 mil 885 por ciento de su rival de izquierda, Roberto Sánchez.
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