EE. UU. libera límites de emisiones de C02 para plantas de carbón
La medida desmantela la regulación aprobada en 2024 y busca blindarla frente a futuros gobiernos. Expertos advierten sobre el impacto sanitario que tendrá la medida.
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EE. UU. libera límites de emisiones de C02 para plantas de carbón.
El Gobierno de Estados Unidos consumó esta semana uno de los giros ambientales más peligrosos de las últimas décadas.
La Agencia de Protección Ambiental anunció la eliminación de los límites a las emisiones de efecto invernadero para las centrales eléctricas que queman carbón o gas natural.
Dicha decisión deroga la regulación que la Administración de Joe Biden aprobó en 2024, que obligaba a estas instalaciones a reducir drásticamente su contaminación climática o a instalar tecnología de captura de carbono.
Esa regulación de la era Biden exigía a las plantas de carbón y a las nuevas centrales de gas capturar el 90 por ciento de sus emisiones. La norma proyectaba una reducción del 75 por ciento en la contaminación por carbono del sector eléctrico respecto a su máximo de 2005.
La propia agencia calculó entonces que evitaría mil 200 muertes prematuras solo en 2035 y generaría 120 mil millones de dólares en beneficios sanitarios hasta 2047.
Esta decisión no se limita a revertir lo aprobado en 2024. El director de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, anunció también una propuesta para revocar por completo la capacidad de la agencia para regular las emisiones de las centrales eléctricas, una facultad recogida en la Ley del Aire Limpio de 1970.
Si esa propuesta prospera, futuros gobiernos encontrarán serias dificultades para restablecer controles sobre la contaminación del sector energético.
Un anuncio con cifras y promesas
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De acuerdo con la administración Trump, la medida generará ahorros superiores a los 310 mil millones de dólares.
El responsable de la agencia realizó el anuncio durante la reunión de ministros de Energía del G20 en Houston, Texas. Allí aseguró que la medida generará ahorros superiores a los 310 mil millones de dólares para los hogares estadounidenses.
La propuesta adicional para eliminar la autoridad regulatoria de la agencia permitiría, según sus cálculos, otros 370 mil millones de dólares en ahorros para los consumidores.
El contexto económico acompaña ese discurso. El precio de los combustibles ha subido en Estados Unidos debido a la guerra con Irán, y la Administración Trump presenta la desregulación como un alivio para las familias.
La agencia afirmó que la revocación reducirá los precios de la electricidad y “liberará” el potencial energético del país, incluidos el carbón y el gas natural.
Zeldin defendió la medida como el fin de una “guerra contra gran parte de nuestro suministro energético interno” que, según su versión, libraron los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden.
El funcionario sostuvo que esas administraciones buscaban “asfixiar la economía con el fin de proteger el medio ambiente” y regular la industria del carbón “hasta hacerla desaparecer”.
La vuelta al carbón y el legado del negacionismo
La producción de carbón para el sector eléctrico podría multiplicarse por diez, según las previsiones que el propio responsable de la agencia ambiental mencionó durante su intervención.
Esta revitalización de la minería del carbón ha sido una de las promesas centrales de Trump, quien rechaza el consenso científico sobre el cambio climático.
El presidente estadounidense califica el cambio climático como “la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo” y la agenda de energías limpias como una “estafa verde” que arruinaría a los países que apuestan por las renovables.
En febrero de este año, su Administración revocó el llamado dictamen de peligro, aprobado por Obama en 2009, que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud pública.
Las centrales eléctricas constituyen la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, solo por debajo del sector del transporte.
Representan casi el 25 por ciento de la contaminación climática del país y, por sí solas, generan el tres por ciento del total mundial. Con la nueva regulación, esas cifras dejarán de tener un techo legal.
Los defensores de la medida argumentan que las emisiones de las centrales eléctricas “no contribuyen de manera significativa a una contaminación peligrosa” según la definición estricta de la Ley del Aire Limpio.
Sostienen que esas emisiones “no tienen ningún impacto sustancial en el cambio climático global”. Esa interpretación choca con décadas de evidencia científica recopilada por la propia agencia que hoy apoya la medida.
Al Mayadeen Español