Túnez prepara modificaciones al Decreto sobre delitos digitales
El gobierno tunecino analiza modificaciones al Decreto 54, cuestionado por organizaciones de derechos humanos por su aplicación en casos relacionados con la libertad de expresión.
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Túnez prepara modificaciones al Decreto sobre delitos digitales.
Las autoridades de Túnez anunciaron que trabajan para enmendar el Decreto N.º 54 de 2022 relativo a la lucha contra los delitos relacionados con los sistemas de información y comunicación, que generó controversia en los últimos años y críticas de organizaciones de derechos humanos debido al uso de algunos de sus artículos en casos vinculados a la libertad de expresión.
El anuncio tuvo lugar tras una reunión del Consejo de Ministros presidida por el mandatario tunecino, Kais Saied, en el Palacio de Cartago el martes, dedicada a debatir varios proyectos de decretos y asuntos relacionados con el funcionamiento de los servicios públicos.
La Presidencia de Túnez precisó que el Consejo deliberó sobre un proyecto para modificar el Decreto N.º 54, promulgado el 13 de septiembre de 2022 y referente a la lucha contra los delitos vinculados a los sistemas de información y comunicación.
De igual forma, el comunicado presidencial no aclaró la naturaleza de las enmiendas propuestas ni los artículos que abarcará la reforma.
El Decreto 54 ha sido objeto de reiteradas demandas de revisión dentro de Túnez, particularmente su Artículo 24, que impone sanciones por la difusión de lo que la ley describe como noticias o datos falsos a través de sistemas de información y comunicación.
Dicho artículo establece una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de 50 mil dinares tunecinos por determinados delitos relacionados con la publicación de información o rumores mediante las redes de comunicación.
Reclamos para modificar el Decreto 54
Por otra parte, el diputado tunecino Mohamed Ali afirmó en una entrevista con la Agencia Anadolu el pasado febrero que existe un consenso social sobre la necesidad de enmendar el decreto.
Según el legislador, su ámbito de aplicación se amplió para incluir a personas que reclaman derechos económicos y sociales, por lo que llamó a respetar el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena.
Organizaciones internacionales de derechos humanos también criticaron el decreto al considerar que la redacción de algunos de sus artículos es ambigua y susceptible de utilizarse contra periodistas, activistas, abogados y figuras públicas por la expresión de sus opiniones.
Human Rights Watch señaló que las autoridades emplearon la normativa en causas judiciales contra periodistas, abogados, activistas y opositores.
Asimismo, el Comité para la Protección de los Periodistas documentó durante 2026 la continuidad de los procesamientos judiciales contra periodistas bajo el Decreto 54, mientras diversas organizaciones de derechos humanos solicitaron modificar o derogar los artículos que consideran restrictivos para la libertad de expresión y de prensa.
La iniciativa para modificar el decreto se produce en medio del debate interno sobre el equilibrio entre la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección de los derechos y libertades, especialmente la libertad de expresión y de prensa.
Al Mayadeen Español