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Instituciones exigen abolir ley de ejecución de prisioneros palestinos

  • Al Mayadeen Español Al Mayadeen Español
  • Autor: Al Mayadeen Español
  • Fuente: Al Mayadeen
  • 10 Octubre 11:43
  • 36 Visualizaciones

Las instituciones palestinas de prisioneros exigen abolir la ley de ejecución, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos y abrir investigaciones internacionales independientes sobre la tortura en cárceles israelíes.

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  • Instituciones de prisioneros palestinos exigen anular la pena de muerte y piden investigación internacional
    Instituciones de prisioneros palestinos exigen anular la pena de muerte y piden investigación internacional.

Las instituciones palestinas de prisioneros exigieron abolir la ley israelí que contempla la ejecución de prisioneros palestinos y liberar de inmediato e incondicionalmente a todos los detenidos.

Con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, las organizaciones advirtieron sobre el aumento de las violaciones contra los detenidos en medio del endurecimiento de las medidas y leyes israelíes.

Las instituciones afirmaron que los prisioneros palestinos atraviesan una de las etapas más graves de violencia desde el inicio del genocidio.

Según denunciaron, las cárceles y los centros de detención de la ocupación se convirtieron en los principales escenarios de tortura física y psicológica.

Insistieron en que la pena de muerte en el sistema israelí ya no representa únicamente una cuestión legislativa o un proyecto de ley pendiente.

Ahora se manifiesta en prácticas como la muerte lenta, la tortura, el hambre sistemática, la privación de atención médica, el aislamiento, los tratos degradantes y la ejecución extrajudicial de detenidos.

Las organizaciones indicaron que, desde octubre de 2023, al menos 92 prisioneros y detenidos murieron bajo custodia y que sus identidades son conocidas.

Calificaron la etapa actual como el periodo más sangriento en la historia del movimiento de prisioneros palestinos.

Denunciaron que un gran número de detenidos de la Franja de Gaza fueron ejecutados sobre el terreno o fallecieron bajo tortura en prisiones y campamentos sin que se revelaran sus identidades.

Ley de ejecución de prisioneros y endurecimiento de las penas

Las instituciones de prisioneros confirmaron que el proyecto de ley para la ejecución de prisioneros no está disociado de las prácticas de campo contra los detenidos.

Afirmaron que la legislación proporciona cobertura legal y política para legitimar las operaciones de liquidación existentes.

Explicaron que los antecedentes de las leyes sobre la pena de muerte se remontan a un sistema jurídico que incorporó algunas disposiciones de las leyes del Mandato Británico.

Durante décadas, la aplicación de esta pena estuvo sujeta a restricciones y cálculos políticos. Según el comunicado, esta tendencia culminó el 30 de marzo de 2026.

La Knéset israelí aprobó entonces en segunda y tercera lectura una ley que impone la pena de muerte a palestinos que causen intencionadamente la muerte de israelíes.

De acuerdo con el comunicado, la ley reduce los requisitos para dictar la sentencia. En particular, permite que los jueces la impongan por mayoría simple, en lugar de exigir unanimidad, como establecían anteriormente las órdenes militares vigentes en los territorios ocupados.

El marco legal establece dos vías diferentes. La primera corresponde a los tribunales militares y se aplica a los palestinos residentes en los territorios ocupados en 1967, mientras excluye a los colonos.

Dicha vía hace que la pena de muerte sea prácticamente obligatoria y restringe la posibilidad de sustituirla por cadena perpetua o conceder indultos, salvo en circunstancias excepcionales.

Respecto a la segunda vía, esta se aplica a los palestinos con ciudadanía israelí, excluyendo a los israelíes, y asocia la pena a motivos ideológicos.

En estos casos, la ley vincula la pena de muerte con homicidios intencionales asociados a la intención de "negar la existencia del Estado de Israel".

Las instituciones indicaron que los tribunales civiles deben imponer una de dos penas en estos casos: la muerte o la cadena perpetua.

Ahorcamiento en un plazo de 90 días

Según el comunicado, la ley establece el ahorcamiento como método de ejecución. La tarea quedaría a cargo de guardias penitenciarios especialmente entrenados, con inmunidad judicial.

Además, sus identidades permanecerían en secreto y la divulgación de información sobre ellos sería considerada un delito.

La legislación también establece que las ejecuciones deben realizarse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.

El primer ministro podría solicitar un aplazamiento en circunstancias especiales, aunque este no podría superar los 180 días.

Como parte de las medidas previstas figura el aislamiento del condenado a muerte respecto del resto de los prisioneros.

También se impediría que su familia presenciara la ejecución, mientras que se permitiría la asistencia de los familiares de la víctima a las audiencias judiciales y al cumplimiento de la sentencia.

En otro punto, las instituciones señalaron que la Knésset aprobó el 11 de mayo de 2026, en segunda y tercera lectura, un proyecto de ley separado sobre el enjuiciamiento de detenidos de la Franja de Gaza a quienes las autoridades israelíes describen como "prisioneros de élite".

La propuesta contempla remitir las acusaciones a un tribunal militar especial para examinar delitos previstos en las leyes aplicables, incluido el genocidio, entre otros.

Piden investigaciones internacionales y rendición de cuentas

Las instituciones afirmaron que el uso de la pena de muerte contra palestinos, junto con las denuncias de tortura, negligencia médica y homicidios, exige una respuesta internacional urgente.

Por ello, instaron a gobiernos, parlamentos y organizaciones internacionales a adoptar una posición clara frente a las instituciones legislativas y judiciales que respaldan estas políticas.

También pidieron revisar las formas de cooperación y las relaciones institucionales con dichas entidades, incluida su participación en parlamentos y organizaciones internacionales.

Las organizaciones advirtieron que la impunidad por violaciones graves no afecta únicamente al pueblo palestino.

A su juicio, también debilita el sistema del derecho internacional y amenaza las normas de derechos humanos construidas durante décadas.

Subrayaron que proteger la vida de los prisioneros, esclarecer el destino de los detenidos y exigir responsabilidades a los autores son medidas esenciales para evitar que estos hechos se normalicen.

Liberación de prisioneros y fin de los tribunales militares

Las instituciones reiteraron su exigencia de liberar de inmediato y sin condiciones a todos los prisioneros palestinos.

Afirmaron que su detención, en las circunstancias actuales, forma parte de un sistema más amplio de políticas que vulneran sus derechos fundamentales.

También reclamaron el fin del sistema de tribunales militares, que, según denunciaron, priva a los detenidos palestinos de garantías para un juicio justo.

Además, pidieron revisar de forma integral el sistema de detención, las leyes y las órdenes militares que regulan la vida de los palestinos en los territorios ocupados.

Las organizaciones exigieron investigaciones independientes, transparentes e imparciales sobre todos los casos de tortura, malos tratos, negligencia médica y muerte en las cárceles y centros de detención.

Pidieron permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja visite a los prisioneros y detenidos sin restricciones y reclamaron que puedan comunicarse regularmente con sus familiares y abogados.

Otro de sus reclamos fue esclarecer el destino de los detenidos de la Franja de Gaza, cuyos lugares de detención y condiciones, según indicaron, siguen sin conocerse en muchos casos.

Exigieron que todas las detenciones, muertes y liberaciones queden registradas de manera oficial y transparente.

Exigen cooperación con la Corte Penal Internacional

En materia de rendición de cuentas, las instituciones reclamaron plena cooperación internacional con la Corte Penal Internacional.

Además, pidieron apoyo a las investigaciones en curso sobre crímenes internacionales contra los palestinos, incluidos los cometidos contra prisioneros y detenidos.

Igualmente, instaron a los Estados a cumplir sus obligaciones legales en relación con las órdenes de arresto y el procesamiento judicial de los responsables de crímenes internacionales.

Afirmaron que no debe permitirse que estos se amparen en inmunidades políticas o diplomáticas cuando existan fundamentos legales para exigir responsabilidades.

Las organizaciones concluyeron que las denuncias de violaciones contra los prisioneros requieren medidas internacionales concretas.

Entre sus prioridades señalaron proteger el derecho a la vida, poner fin a la tortura y la negligencia médica, esclarecer las muertes bajo custodia y combatir la impunidad.

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