Era casi inimaginable para quienes vivimos en América Latina, ver que la derecha llegara otra vez a Brasil, luego de las transformaciones que hizo el Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno, encabezado por Luiz Inácio Lula Da Silva, y Dilma Rousseff, en la vida de la gente pobre y en la economía que llevó a esa nación a ser reconocida en el mundo por reducir la miseria en 75% y la pobreza en un 65 por ciento en 11 años. Esos mismos programas de gobierno convirtieron a Brasil en fundador de una de las organizaciones más desafiantes del poder imperial, como es la de los BRICS, quizá la mayor muestra de que la multipolaridad es una realidad y una amenaza a la hegemonía  estadounidense.

A diferencia de Argentina, Venezuela y Bolivia, donde la crisis generada por la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos y la manipulación mediática influyeron para que la población votará en contra de sus gobiernos progresistas y de izquierda, en Brasil la derecha llegó al gobierno, esta semana, a través de la figura del Impeachment o juicio político (amañado).

Una reciente encuesta hecha por Datafolha, un influyente medio brasileño, arroja que el vicepresidente, ahora presidente interino Michel Temer, tendría solamente entre el 1% y el 2% de apoyo popular en las urnas si se presentara en estas fechas a las elecciones. 

La presidenta Dilma Rousseff dijo

"Nunca pensé que sería necesario luchar de nuevo contra un golpe en mi país. Nuestra democracia no merece eso"

1. El ataque comenzó en julio de 2013. Una “megaoperación”  policial y judicial se activó contra la corrupción, es conocida como lava Jato (lavado a chorro). Actualmente involucra a centenares de políticos y empresarios. Es una red de sobornos y corrupción que involucra a la estatal petrolera Petrobras y desató el mayor escándalo de corrupción en la historia del país. 
   Las élites de la derecha brasileña, a pesar de que gran parte de sus miembros están acusados, usan esta investigación para desestabilizar el gobierno de Dilma Rousseff y bloquear la postulación a la presidencia de Lula da Silva en 2018.

2. El Congreso y la derecha de Brasil activaron un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y sacarla del poder a través de un juicio político acusándola de cometer crímenes de responsabilidad y de violar normas fiscales. Se apoyan en las grandes corporaciones de medios de comunicación para ejecutar esta estrategia.
   Ninguno de los acusadores ni los congresistas que votaron en su contra, presentaron pruebas de algún ilícito cometido por la mandataria. Solo hablan de “pedaladas fiscales” una práctica administrativa que le permite al gobierno federal usar el dinero que recauda a través de impuestos y pagar a las empresas y a los ciudadanos pensiones y beneficios  como el programa social Bolsa Familia. Para hacer estos pagos, el gobierno transfiere el dinero a los bancos públicos y desde allí hace los abonos.
   Se acusa al gobierno de retrasar deliberadamente esa transferencia de fondos para ganar tiempo y mantener la liquidez necesaria que evite saldo rojo en sus cuentas. La presidenta Dilma, asegura que su gobierno no aplicó ningún retraso en los pagos, porque no está dentro de sus atribuciones y por eso no aparece ningún elemento que pruebe su responsabilidad.
   Esa misma estrategia de distribución del dinero ha sido usada por gobiernos anteriores al de la mandataria, incluso actualmente por gobiernos regionales y locales en Brasil, pero solo se acusa a Dilma Rousseff de esto.

3. Las investigaciones han mantenido una fuerte influencia política, lo que especialistas denominan una “judicialización de la política”.
   Se cuestiona la independencia de los jueces por acciones como la del juez Sergio Moro, acusado de actuar en una especie de venganza contra Dilma y Lula. El juez Moro, que generó polémica por la manera en que aplicó en este caso las leyes, fue amonestado por el Tribunal Supremo Federal, después de que filtró a la prensa el contenido de conversaciones telefónicas interceptadas entre la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula.

4. Presidiendo la Cámara de diputados, Eduardo Cunha, es acusado de actuar en venganza contra Dilma Rousseff e impulsar, forzando las vías legales, el juicio político. Se aprobó en esa instancia iniciar el proceso con una mayoría de 367 diputados en un total de 513 miembros, alcanzando los dos tercios requeridos. Hubo además 137 votos en contra del juicio político, siete abstenciones y dos ausencias.
   Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, enfrenta varios procesos por corrupción y movimientos financieros ilícitos. Según denuncias, no logró el respaldo que solicitó por parte del gobierno de Rousseff para librarse de la justicia.
   Recientemente se descubrió que tiene millones de dólares en cuentas secretas en Suiza y aún no se determina cómo obtuvo ese dinero.
   Días después de la aprobación del Impeachment en la cámara de diputados,  el 5 de mayo, el magistrado Teori Zavascki del Tribunal Supremo, ordenó la suspensión provisional de Eduardo Cunha, como presidente de la cámara por solicitud de la Fiscalía que averigua los casos de corrupción.

5. Fue nombrado como presidente interino de la cámara de diputados Waldir Maranhao, del Partido Progresista, quien había votado para rechazar el juicio político contra Dilma.
   Su primera medida fue dejar sin efecto las sesiones de los días 15, 16 y 17 de abril, la votación y por ende los resultados que hacían avanzar ese proceso.
   Admitió que todo estaba plagado de vicios, que los diputados no debieron expresar su posición antes de los debates, que la acción atentaba contra los derechos a la defensa, y que no se respetó el reglamento interno de debate.
   Lo sorprendente es que no había concluido un día desde que hizo el anuncio cuando la revocó su propia decisión de anular la votación de apertura de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en la Cámara Baja.
   Dio marcha atrás a esa maniobra que pudo librar a Dilma Rousseff de la destitución como mandataria. Esta vez no argumentó por qué se retractaba.

6. Los medios detrás del golpe.
   El mundo entero ha visto que el proceso de destitución de Dilma Rousseff obedece a intereses de impunidad, encubrimiento y ambición de poder. También que allí han actuado como poder fáctico los medios informativos, casi todos en manos de la vieja oligarquía de Brasil.
   Los movimientos sociales y ciudadanía en general salieron a las calles a gritar "Si no hay medios democráticos, no puede haber democracia".
   Dijeron que es más que evidente la participación de los medios de comunicación en defensa de los procedimientos de juicio político contra Rousseff. 
   Organizaciones que investigan el actuar de periodistas y de medios aseguran que “el 90 % de esas empresas de comunicación de Brasil están en manos de siete familias. Tanto en el espectro audiovisual como en los medios gráficos el grupo Globo se coloca en primer lugar, ya que copa alrededor de un 40 % del mercado”
   El portal Manchetómetro analizó cómo han valorado a cada partido los principales periódicos del país, en las últimas 12 semanas. Sobresale la cantidad de titulares negativos que han publicado sobre el Partido de los trabajadores PT y el Gobierno de Dilma Rousseff.

7. El gobierno interino incluye solo hombres blancos, varios de ellos investigados por corrupción. 
   Hay duras críticas contra el gobierno interino y surgen desde muchos sectores y por muchas razones.
   Dilma es la primera mujer que llega a la presidencia en Brasil y durante su gestión logró la incorporación de mujeres en sectores claves del gobierno y de las instituciones. El gobierno interino no incluyó ninguna mujer en el tren ministerial. Entre los hombres que lo componen ninguno es afrodescendiente, lo que deja al descubierto su desinterés por respetar la diversidad en el país. Michel Temer respondió a las críticas diciendo que ningún partido propuso mujeres o negros.
   Amnistía Internacional levantó una alerta por la posible violación a DDHH en Brasil por este retroceso.

El caso más relevante es el de Romero Jucá, ministro de Planeamiento, contrario al impeachment. Aparece en dos investigaciones policiales.

El secretario de Gobierno, Geddel Vieira Lima, es sospechoso de haber recibido sobornos de la constructora OAS, una de las principales implicadas en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, el caso Petrobras. Henrique Alves, que regresa a Turismo, José Serra, de Exteriores, y Bruno Araujo, de Ciudades, Ricardo Barros, titular de Sanidad y Mendonça Filho, de Educación y Cultura, así como Raul Jungmann, Ministro de Defensa, también aparecen citados en las investigaciones del caso “Lava Jato”.

Aunque el gobierno interino dice que no eliminará los programas sociales, anunció que los recortes en los “gastos sociales” asegurando que son necesarios para generar confianza en los inversores nacionales e  internacionales y en las compañías trasnacionales.

8. El futuro de Brasil y los planes de integración regional en manos de Michel Temer 

El ahora presidente interino, fue vicepresidente de Brasil, llegó en la fórmula presidencial con Dilma Rousseff. 

Es el menor de ocho hermanos de una familia de inmigrantes libaneses católicos llegados a Brasil a finales de la década de los años 20.

En marzo de 2015 escribió en su cuenta Twitter que "El impeachment es impensable, generaría una crisis institucional", "No tiene base jurídica ni política".

Además de esto WikiLeaks, publicó en su sitio Web que el presidente en funciones de Brasil fue informante de EE.UU. Temer habría enviado un documento al Comando Sur de EE.UU. información analizando la situación política interna de Brasil durante la presidencia de Luis Inácio Lula Da Silva en 2006 y las opciones electorales de su partido. La información se filtró el 11 de enero del mismo año y muestra que Temer tenía dos interlocutores llamados 'CG' y 'poloffs'.

Un gobierno se pronunció casi de inmediato a favor del golpe de estado mediático-institucional en Brasil, fue Argentina, presidido por Mauricio Macri.

9. Dilma Rousseff es la presidenta de Brasil. Solo dejaría de serlo si al final de los 180 días que establece la ley, y luego de ejercer su defensa, se confirma la decisión del congreso de acusarla por “crimen de responsabilidad”, que es lo que establece la Constitución, a pesar de que lo que se argumentó en su contra fueron las “pedaladas fiscales”. 

El juicio político se llevará a cabo en el mismo Senado que decidió suspenderla. 

Tiene derecho a comparecer como investigada, pero también tiene derecho a permanecer en silencio o a no declarar. 

“He sufrido la mayor de las brutalidades que se pueden cometer contra un ser humano: ser castigada por un crimen que no cometí”

dijo lo presidenta Rousseff a la vez que aseguró que se va a defender hasta el último día. 
La página de noticias del Senado de Brasil informa que Dilma podrá permanecer en la residencia oficial del Palacio de Alvorada y contará con un equipo de funcionarios a su disposición. Mantendrá su salario íntegro.

Los movimientos sociales dijeron que se mantendrán en las calles mientras dure este proceso y que no reconocerán a un gobierno golpista.

Desde que se conoció la decisión del Senado, se han registrado concentraciones en las sedes del partido de Michel temer, el PMDB, en 16 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba y el Distrito Federal.Dicen que se mantendrán en la Lucha por la democracia junto a Dilma y a Lula.

10. Presidente Maduro afirma que es un golpe contra los BRICS.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, llamó a todos los líderes de la región a pronunciarse en contra de este “golpe de Estado parlamentario”  afirmando que lo que se busca es neutralizar a Brasil y perjudicar a los BRICS, mecanismo de integración conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ha propuesto conformar un Banco de Desarrollo con más de mil 200 millones de dólares y un nuevo sistema monetario.

Dijo que en Venezuela se denunciará ese golpe de Estado corriendo los riesgos que haya que correr y aseguró no tener ninguna duda de “que este golpe de Estado tiene la factura Made In USA” y  que “es una señal muy grave y peligrosa para la estabilidad y la paz del continente”.