Cuba y Noruega ratificaron su compromiso con la paz en Colombia, algo por lo que perseveraron durante años hasta alcanzar la firma por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno de Juan Manuel Santos  del acuerdo del cese de las hostilidades el 30 de noviembre de 2016.

 

El resultado dio al mundo la esperanza de que los conflictos políticos complejos aún podían resolverse a través del diálogo, según opinó Alexander L. Fattal, antropólogo, profesor asistente de la Universidad de California y autor de Guerrilla Marketing: Counterinsurgency and Capitalism in Colombia.

 

 

Sin embargo, el miércoles 29 de agosto una nube negra ensombreció  a los colombianos cuando Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, quien fue el negociador principal del grupo armado durante los diálogos de paz, apareció frente a una veintena de exguerrilleros y explicó por qué él y su grupo de insurgentes regresaban a la selva. 

 

El dirigente insurgente culpó de su decisión  de retomar las armas a una “oligarquía corrupta” que traicionó el acuerdo de paz firmado hace casi tres años.

 

Algunos análisis preliminares adelantan que estas son malas noticias para los colombianos,    por el impacto que la acción tendrá en la frágil situación que vive esa nación suramericana luego de más de 60 años de enfrentamientos, de servir de experimento de los planes de contrainsurgencia de Estados Unidos y para tener un “portaviones terrestre” desde donde dirigir y apoyar su expansión y saqueo de los pueblos de América.

 

El retroceso sería la culminación de muchos factores, pero principalmente su causa principal está en el poco apoyo político que tuvo  el acuerdo, tanto en Colombia como en Estados Unidos, desde que los presidentes Iván Duque y Donald Trump asumieron  al poder en 2018 y 2017, repectivamente.

 

Es evidente que tanto Bogotá como Washington socavaron el pacto con incumplimientos y omisiones en el desarrollo de lo acordado.

 

En ese sentido, el Duque, heredero político del influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe,  miró a otro lado o tal vez fue cómplice de una ola de asesinatos de líderes sociales y guerrilleros desmovilizados, mientras permitía que muchas de las reformas establecidas en el acuerdo de paz languidecieran por falta de fondos o tener recursos insuficientes.

 

Para no quedarse corto, su par estadounidense lo primero que hizo en relación a la paz colombiana fue retirar de ese territorio al experimentado diplomático Bernard Aronson, quien apoyó las negociaciones y la implementación del acuerdo, a la vez que usó a ese país como su principal pieza para la agresión contra Venezuela. El Pentágono tiene entre siete y nueve bases militares en suelo cafetero.

 

Expertos no ocultan catalogar hoy de sombrío el panorama, y no es para menos, la vuelta a las armas de Márquez y compañía solo le da argumentos a la derecha colombiana y a su ejército para intensificar la represión de los movimientos sociales y a los pobladores locales.

 

 

Esta reversión solo agregará un nuevo elemento de inestabilidad a la región latinoamericana, ya sumida en una ola de inestabilidad tras el fracaso de gobiernos que laboran en la aplicación de recetas neoliberales maquilladas.

 

En pocas palabras, plantea  Fattal en su análisis,  la vuelta a las armas de un sector de las Farc–EP ocurre mientras se desarrollan en la región  diversos desafíos políticos, económicos y ambientales que cruzan con facilidad las fronteras. 

 

 

“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión“, proclamó Iván Márquez, quien fue el líder de las negociaciones con el gobierno en La Habana.

 

Luego de la firma del acuerdo de paz, Márquez fue parte de una comisión para vigilar el cumplimiento del pacto. En abril de 2018 se fue a la clandestinidad y en enero de 2019 publicó un comunicado en el que decía que fue un “grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo”.

 

 

Las FARC fueron fundadas por Pedro Antonio Marín, cuyo nombre de guerra era Manuel Marulanda, aunque otros le decían “Tirofijo”.

 

Años de violencia política caracterizan a Colombia. La disputa del poder entre liberales y conservadores enlutaron a una nación, el asesinato del líder popular de izquierda Jorge Eliécer Gaitán (9-4-1948) fue un duro golpe para lo que aspiraban alcanzar la paz en las urnas.

 

Más de 300 mil muertos hasta la década de 1970 es un saldo doloroso para los colombianos.

 

 

En 1953, Marín (“Tirofijo”) adoptó el nombre de Manuel Marulanda y en 1957, la guerrilla fundó el Movimiento Agrario de Marquetalia, lugar en el que se refugiaron miles de campesinos desplazados por la violencia de la oligarquía.

 

En 1961, Marquetalia fue invadida y bombardeada por cinco mil soldados. El 20 de julio de ese año, los campesinos dirigidos por Marulanda proclamaron el Programa Agrario de los Guerrilleros. El 27 de mayo de 1964 se considera la fecha del nacimiento de las FARC, constituyéndose oficialmente en mayo de 1982, ocasión en que se agregó el sufijo EP (Ejército del Pueblo), como replanteamiento de su accionar militar.

 

Durante años los intentos de alcanzar la paz se repitieron y la traición de los acuerdos siempre entorpeció el deseo popular.

 

En 1984 bajo el gobierno del presidente Belisario Betancourt,  las FARC-EP apoyaron iniciativas de paz y algunas organizaciones guerrilleras se desmovilizaron pero el resultado no pasó más allá del asesinato de más de cinco mil de sus integrantes.  Este hecho reactivó la guerra en 1990 y ya en enero de 1999, las FARC-EP tenían presencia en el 90 por ciento de los municipios del país.

 

Fracaso tras fracaso resultaron  los intentos de convivencia pacífica, en especial luego de la llegada al poder de Álvaro Uribe, la oligarquía de derecha, los paramilitares y los mayores subordinadores de la política local a Washington.

 

A duras penas y tras  cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmaron los últimos Acuerdos de Paz. 

 

Sometió a referéndum triunfó el NO a la Paz en especial cuando los medios, alentados por los partidos de derecha, la oligarquía y los obispos católicos indujeron a la población a una decisión equivocada al responsabilizar de la violencia a la insurgencia y las organizaciones sociales y no al

Estado con su secuela de corrupción, paramilitarismo y defensa de los intereses estadounidenses y de los terratenientes nacionales.

 

 

La guerra y las contradicciones internas llevaron a hoy a la existencia de  cerca de siete millones de campesinos desplazados internos. Se suman a esto, los “falsos positivos”, esto es, civiles asesinados por el ejército y luego pasados por guerrilleros muertos en combate.

 

Entre 1958 y 2012, ocurrieron 220 mil  asesinatos y 25 mil personas fueron dadas como desaparecidas, según reflejan estadísticas de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.

 

Desde la firma de los acuerdos en Cuba en  noviembre de 2016 hasta mayo de 2019, el ejército y los paramilitares asesinaron a 837 líderes sociales y de derechos humanos, de los que 135 son exguerrilleros y sus familias en proceso de reinserción.   Son públicas más de mil 351 amenazas de muertes contra líderes sociales.

 

Según denuncias la  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo modificaciones favoreciendo la impunidad de los militares violadores de derechos humanos.  Por ejemplo, un número de  mil 900 militares reciben trato especial, bajo el argumento de Álvaro Uribe quien sostuvo que “no deben confesar sus crímenes, ni reconocer responsabilidad en ellos, para resguardar el honor militar”. (Congreso, 31-10-2018).

 

Esto, a pesar de que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado presentó ante la Comisión de Verdad un informe con 17 mil 852 víctimas de crímenes de Estado y dos mil 909 funcionarios del Estado responsables de los crímenes, entre estos 31 oficiales mayores, 10 generales, 16 comandantes del ejército, 856 agentes de Policía Nacional, todos ellos en relación con paramilitares. 

 

Sombrío panorama para un pueblo que anhela la paz y no quiere ser el portaviones de la OTAN para las Américas ni la punta de lanza para la agresión contra sus vecinos.