A inicios de abril más de 70 líderes sociales y 20 ex guerrilleros de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) engrosaban la lista de muertos en el primer trimestre de 2020 en Colombia, según cifras divulgadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Grupos paramilitares y narcotraficantes con la complicidad de las Fuerzas Armadas de Colombia y del presidente Iván Duque son responsables del repunte de la violencia en esa nación suramericana, según denuncias de grupos defensores de los derechos humanos.

Cifras de Naciones Unidas indican que después de la firma del acuerdo de Paz fueron asesinados al menos 303 dirigentes sociales y más de 173 ex miembros de la guerrilla, aunque organizaciones no gubernamentales estiman que la cifra de víctimas de la violencia es mayor.

Cauca, Choco, entre otras, son regiones convertidas en ratoneras para los integrantes de la guerrilla que en algún momento creyeron que, en Nariño, el palacio presidencial de la oligarquía, se respetaría lo pactado luego de largos meses de negociación entre gobierno y guerrilla en La Habana, Cuba.

El logro, gracias a los esfuerzos de Cuba y Noruega para llevar a los colombianos a su única alternativa viable, la paz, se ve amenazado hoy en un país donde se mueven diversas fuerzas que, además de tratar de destruir el acuerdo, son usadas en posibles aprestos agresivos contra la vecina Venezuela.

Ya el 29 de agosto de 2019 se produjo la primera clarinada de que algo no funcionaba según lo acordado entre la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, negociador principal del grupo armado durante los diálogos de paz, apareció frente a una veintena de exguerrilleros y explicó por qué él y su grupo de insurgentes regresaban a la selva. 

El dirigente insurgente culpo de su decisión de retomar las armas a una “oligarquía corrupta” que traiciono el acuerdo de paz firmado en 2016.

Esas fueron malas noticias para los colombianos, adelantaron algunos análisis, por el impacto de la acción en la frágil situación que vive esa nación suramericana luego de más de 60 años de enfrentamientos, de servir de experimento de los planes de Estados Unidos para tener un “portaviones terrestre” desde donde dirigir y apoyar su expansión y saqueo de los pueblos de América Latina.

El retroceso sería la culminación de muchos factores, pero principalmente por el poco apoyo político que tuvo el acuerdo, tanto en Colombia como en Estados Unidos, desde que Iván Duque y Donald Trump llegaron al poder en 2018 y 2017.

Es evidente que tanto Bogotá como Washington socavaron el pacto con incumplimientos y omisiones en el desarrollo de lo acordado.

En ese sentido, Duque, heredero político del influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe, miro a otro lado o tal vez es cómplice de una ola de asesinatos de líderes sociales y guerrilleros desmovilizados, mientras permite que muchas de las reformas establecidas en el acuerdo de paz carezcan de fondos o tengan recursos insuficientes.

 Para no quedarse corto, su par estadounidense lo primero que hizo en relación a la paz colombiana fue retirar de ese territorio al experimentado diplomático Bernard Aronson, quien apoyó las negociaciones y la implementación del acuerdo.

Expertos no ocultan catalogar hoy de sombrío el panorama, y no es para menos, la vuelta a las armas de Márquez y compañía solo le da argumentos a la derecha colombiana y a su ejército para intensificar la represión de los movimientos sociales.

Esta reversión solo agregara un nuevo elemento de inestabilidad a la región latinoamericana, ya de por si convulsa por las provocaciones contra la Venezuela chavista, la traición a su pueblo del presidente Lenin Moreno y el golpe de Estado contra la Bolivia de Evo Morales y la mayoría de la población indígena.

Muchas son las cosas que pueden haber llevado a Márquez a retornar a las armas pues él fue el líder de las negociaciones en Cuba y posteriormente parte de una comisión para vigilar el cumplimiento del pacto.

En abril de 2018 Márquez se fue a la clandestinidad y en enero de 2019 publicó un comunicado en el que decía que fue un “grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo”.

Los hechos históricos demuestran que los procesos de paz en Colombia nunca terminaron exitosamente. Por ejemplo, luego del acuerdo de cese al fuego el 28 de abril de 1984 alcanzado entre las FARC-EP con el gobierno de Belisario Betancourt, se torció el rumbo.

Guerrilleros desmovilizados, los militantes del Partido Comunista y los de otras organizaciones políticas de izquierda que formaban entonces la Unión Patriótica fueron traicionados y más de cinco mil fueron asesinados

Ni los intentos bajo el gobierno de Andrés Pastrana ni hablar de Álvaro Uribe, dieron resultado.

Tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmaron los últimos Acuerdos de Paz. Muchos recuerdan como sobre el área donde se celebraba la firma en Colombia, aviones militares rompían la tranquilidad con lo que los militares anticipaban su oposición a la convivencia pacífica.

Análisis de entonces indican que el NO a la paz fue algo inducido por los medios, alentados por los partidos de derecha, la oligarquía y los obispos católicos, y por supuesto por los capitanes del portaviones en Washington.

En la mente de los colombianos se posicionó la decisión equivocada al responsabilizar de la violencia a la insurgencia y las organizaciones sociales y no al Estado con su historia de corrupción, paramilitarismo y defensa de los intereses de EE.UU. y de los terratenientes nacionales, señala el análisis de El Ciudadano.

Hace unos meses, datos de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señalaban la existencia de siete millones de campesinos desplazados internos, a lo que se sumaba que entre 1958 y 2012, 220 mil personas fueron asesinadas y 25 mil desaparecidas, un triste recordatorio de porque la paz es necesaria.

Pese a ser blanco de la persecución oficial y la de los grupos paramilitares los ex FARC insisten en buscar su reinserción a la vida civil. 

Sin embargo, desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2019, el ejército y los paramilitares asesinaron a más de 837 líderes sociales y de derechos humanos, de los que más 150 son ex guerrilleros y sus familias en proceso de reinserción. Se sabe, además, de las amenazas de muerte contra cerca de mil 351 líderes sociales, según informaciones de organizaciones y grupos defensores de los derechos humanos 

Mientras esto ocurre persiste la impunidad de los militares favorecida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo que hace que los represores estén excluidos de comparecer ante la justicia.

Así un número de mil 900 militares reciben trato especial, bajo el argumento de Álvaro Uribe quien sostiene ante un Congreso oligarca que “no deben confesar sus crímenes, ni reconocer responsabilidad en ellos, para resguardar el honor militar”. 

Al respecto, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado presentó hace varios meses ante la Comisión de Verdad un informe con 17 mil 852 víctimas de crímenes de Estado y dos mil 909 funcionarios del Estado responsables de los crímenes, de los cuales son 31 oficiales mayores, 10 generales, 16 comandantes del ejército, 856 agentes de Policía Nacional, todos ellos en relación con paramilitares.

Sin embargo, el clima de violencia persiste y las masacres y violaciones de derechos humanos ocurren ante la mirada cómplice del Ejército y el gobierno de Duque.

El clima de inseguridad y las masacres que son comunes en meses recientes llevan a muchos campesinos a pedir el retorno de las FARC para protegerlos del ejército y de los paramilitares, lo que está llevando a Colombia a un callejón sin salida donde se impone la violencia de  policías, las fuerzas armadas, grupos mercenarios y sicarios, en un escenario donde solo la paz es la única salida.