Cuba rechaza nuevas amenazas de EE.UU.

Según precisa el texto, el 16 de enero de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la decisión de suspender sólo por 45 días la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton.

Relaciones Cuba-Estados Unidos en su peor momento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración en la que advierte sobre las nuevas amenazas provenientes del gobierno de Estados Unidos y las rechazó “del modo más enérgico, firme y categórico”. 

Según precisa el texto, el 16 de enero de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la decisión de suspender sólo por 45 días la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, “para realizar una cuidadosa revisión… a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.

El gobierno del presidente Donald Trump amenaza con dar un nuevo paso que reforzaría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cuba, violaría flagrantemente el Derecho Internacional y atacaría directamente la soberanía y los intereses de terceros países, destaca la declaración.

 

“Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico”, dijo y afirmó que tal hecho lo asume “como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado”.

Recordó que la Ley Helms-Burton entró en vigor en 1996.  Se concibió para codificar y endurecer la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesta oficialmente en 1962, con el objetivo de subvertir y derrocar al gobierno de Cuba e imponer un régimen del agrado del gobierno de los Estados Unidos.

Consta de cuatro títulos y se aplica desde su promulgación -acotó-. Se caracteriza por su extremo alcance extraterritorial, por ser violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contravenir las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y por ser lesiva a la soberanía de otros Estados, principalmente por la aplicación de sus disposiciones contra las compañías y personas establecidas en el territorio de estos.

Indica que la mencionada ley “ha sido rechazada por la comunidad internacional casi unánimemente en las Naciones Unidas, en organismos internacionales especializados y en organizaciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Africana”.

Incluso, “varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de esta ley”, subrayó.

“Entre los objetivos centrales de la ley Helms-Burton ha estado entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero para su desarrollo.  A ese propósito se dedican expresamente los títulos III y IV de la ley”, expresó.

Explicó la declaración de la Cancillería antillana que el título III establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de los Estados Unidos demandas contra todo extranjero que “trafique” con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de los Estados Unidos, llevado a cabo por el gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional.

Al mismo tiempo puntualizó que entre las aberraciones más significativas, dicho título extiende esta autorización a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.

En virtud de lo dispuesto en la propia ley Helms-Burton, todos los Presidentes estadounidenses desde 1996, incluido Trump en 2017 y 2018 -dijo-, han hecho uso consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título III cada seis meses con motivo de reconocer que consiste en el aspecto más burdo e inaceptable de esta contra el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados. También por comprender que su aplicación provocaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los propietarios estadounidenses legítimos.

Durante más de 20 años, la Ley Helms Burton ha guiado los esfuerzos intervencionistas de los sectores anticubanos en los Estados Unidos para agredir a la nación cubana y menoscabar su soberanía, recalcó el comunicado oficial.

En virtud de su aplicación, se han aprobado cientos de millones de dólares para subvertir el orden interno en Cuba y se han dispuesto innumerables medidas para intentar provocar un cambio de régimen. Su efecto económico ha implicado un alto costo para los esfuerzos de desarrollo del país y para el bienestar de la población, con un impacto humanitario que no es mayor gracias al régimen de justica social que impera en Cuba, enfatizó.

Más adelante, afirmó que la pretensión de aplicar plenamente el título III se promueve en contra del criterio de importantes agencias gubernamentales de los Estados Unidos y como consecuencia del poder e influencia que han alcanzado en el gobierno, personas cuya carrera política ha estado marcada por el resentimiento impotente contra Cuba y ha descansado en el uso de la mentira y el chantaje. 

Ratificó que la mayoría de la opinión pública de los Estados Unidos se opone consistentemente al bloqueo económico, según reconocen las encuestas más calificadas.

En la declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera los postulados de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 80).

Además dejó claro que “la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable, y sin valor ni efecto jurídico”, por lo tanto “consecuentemente, considerará nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad”.

El gobierno de Cuba se reserva el derecho de responder oportunamente a esta nueva agresión, concluyó.