El ambiente continuó crispado este lunes en Chile, con nuevas protestas y ocho detenidos en una manifestación ante los Tribunales de Justicia en repudio a la libertad condicional otorgada a siete sentenciados por crímenes de lesa humanidad en la nación sudamericana.

Más de medio centenar de personas volvieron al céntrico lugar para expresar su repudio por el dictamen de la Corte Suprema, que dejó libres a exmilitares de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Miembros de las juventudes de la Democracia Cristiana, de los Partidos Socialista y Comunista estuvieron entre los detenidos por fuerzas especiales de Carabineros, en una convocatoria de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

“Golpearon a varias señoras, madres e hijas de detenidos desaparecidos. Esto es lo que provoca la impunidad de la Corte Suprema”, declaró el parlamentario comunista Daniel Nuñez.

La víspera, decenas de personas realizaron un acto de repudio frente al domicilio del exagente de la dictadura Felipe González Astorga, uno de los beneficiados por el polémico dictamen de la máxima instancia judicial de Chile.

Los manifestantes repartieron volantes en las inmediaciones de la casa del violador de derechos humanos y exmilitar, ubicada en la comuna santiaguina de Conchalí, en los cuales que detallan la calidad de “torturador y asesino” del exmilitar.

Un cartel gigante con el número de RUT (cédula de identidad) y una foto de González Astorga, fue colocado en el umbral de su residencia.

El Partido Socialista (PS) se sumó a grupos de familiares de víctimas de la dictadura en Chile, al anunciar que reclamará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la liberación de criminales de lesa humanidad.

“Nos parece que por respeto a las víctimas y sus familiares es imprescindible utilizar estas herramientas”, comentó a periodistas el presidente del PS, el senador Álvaro Elizalde.

La Corte Suprema de Chile decidió martes y miércoles pasado ofrecer libertad condicional a siete sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la sangrienta dictadura de Pinochet (1973-1990).

Los liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973.

Asimismo, el excapitán de Carabineros, Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1993.

Por último, los exoficiales del Ejército, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, quienes purgaban penas por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975.