Al menos siete candidatos a los comicios regionales y locales en Colombia fueron asesinados desde el inicio de la campaña electoral, el pasado 27 de julio, tres de ellos en los últimos 15 días, reportó una organización civil.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, indicó que 54 candidatos han sido víctimas de violencia: 40 amenazados (cinco de ellas mujeres), dos secuestrados, cinco víctimas de atentados (una de ellas mujeres).

Bernardo Betancurt, candidato a la alcaldía de Tibú en el Norte de Santander, es la más reciente víctima. 

 

Según informan los medios colombianos, en la mañana del domingo fue acribillado por dos sujetos, quienes no dudaron en abrir fuego mientras Betancurt cumplía las actividades de su agenda.

Uno de los hechos que provocó más rechazo en el país fue el asesinato, a principios de este mes, de Karina García, candidata a la Alcaldía del municipio de Suárez.

 

García, quien previamente había denunciado amenazas contra su vida, resultó una de las víctimas mortales de un atentado en el que perecieron otras cinco personas.

La MOE considera que los mayores niveles de letalidad hasta ahora se han concentrado en Antioquia (dos asesinatos y  un atentado contra candidatos), y el norte del Cauca (dos muertes violentas).

Según el Informe de la MOE la falta de reportes de financiación de campañas, la participación indebida de funcionarios públicos y los altos riesgos de trashumancia en 15 municipios son algunos de los principales factores que podrían afectar los próximos comicios.

Al entregar la alerta temprana de Riesgo Electoral 2019, el defensor del Pueblo Carlos Negret, dijo que este documento debe convertirse en una herramienta de prevención, para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país, y no por la presión de los delincuentes.

En las próximas elecciones del 27 de octubre, los colombianos elegirán gobernadores departamentales, alcaldes locales, diputados a Asambleas departamentales, concejales, ediles y miembros de Juntas Administradoras Locales.

 

Entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de agosto de 2019, la MOE registró hechos violentos contra 364 líderes políticos, sociales y comunales; de esos, 91 fueron ultimados desde el inicio del calendario electoral.

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Estado y la exinsurgencia FARC-EP, cientos de líderes sociales, indígenas y excombatientes han sido asesinados y otros sufren persecución política y amenazas de muerte con frecuencia.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes suelen ser de las más afectadas en el país durante los últimos años, por lo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en la necesidad de que el Estado tenga presencia integral en esos territorios.