• 

 

Amenazas, censuras, asesinatos, agresiones, desempleo, marcaron el 2019 en la vida de los periodistas colombianos, según reveló un informe dado a conocer el domingo, en el Día Nacional de los Reporteros.

Con el título "Callar y fingir. La censura de siempre", elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la realidad de la prensa en Colombia durante el pasado año ha sido calificada como "negra".

La ONG de periodistas que monitorea las agresiones contra los reporteros locales, presentó cifras alarmantes: 515 ataques a la prensa, de los cuales 137 fueron amenazas, cuatro secuestros, dos asesinatos, 66 agresiones en su mayoría de autoridades durante el cubrimiento de las protestas sociales, 13 silenciamientos por acoso judicial y cientos de despidos.

El informe apunta que los disparos contra la prensa vinieron de todos lados e incluyeron al gobierno, que guardó silencio frente a las agresiones de policías a periodistas durante la huelga nacional.

Los dos casos más ilustrativos de las diferentes violencias desatadas contra los periodistas fue el asesinato de Mauricio Lezama el 9 de mayo en Arauquita (sureste), mientras preparaba un cortometraje; y el homicidio de Libardo Montenegro el 11 de junio en Samaniego (sur), quien desde su radio local impulsaba y alentaba la implementación del acuerdo de paz en su región, azotada por bandas criminales que se disputan las rutas del narcotráfico.

En ambos casos las hipótesis de la Fiscalía resultaron sorprendentes y avisaron que habrá impunidad.

Uno de los hechos más evidentes de la violencia contra los periodistas fue la huelga nacional, que en sus 40 días de protestas dejó una estela de 66 periodistas agredidos, 35 de ellos por parte de la fuerza pública, en actos que fueron desde las agresiones físicas hasta el decomiso ilegal de material grabado en la calle.

"Fue el escenario más violento, de la historia reciente, contra la prensa en un contexto de protesta social", sentenció la FLIP.

Pero las amenazas a la prensa no pararon ahí. Los corruptos y sus abogados encontraron una fórmula para silenciar en la trinchera del acoso judicial o en la publicación de los datos de contacto en Internet o en redes sociales de periodistas críticos al gobierno, a empresarios o a políticos.

Ni los periodistas extranjeros estuvieron a salvo del entorno difícil para los reporteros.

En mayo el corresponsal en Colombia del periódico The New York Times, Nicholas Casey, publicó un informe que revelaba la posibilidad de que una directiva oficial podría abrir la puerta a nuevos crímenes de Estado por parte de militares.

El periodista estadounidense y su fotógrafo debieron salir del país luego que dos congresistas del partido de gobierno los acosaran y difamaran en redes sociales.

Al menos 1.100 trabajadores de la prensa fueron despedidos en los últimos cuatro años por razones económicas.