Anulan en Argentina orden de prisión preventiva contra Cristina Fernández

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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió cesar la prisión preventiva que había dictado el juez Claudio Bonadío, fallecido hace unos días, contra la expresidenta de Argentina y actual vicemandataria, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa de Los cuadernos.

El caso, que se basó en fotocopias de notas que presuntamente escribió el chofer de un exministro, probarían el pago de supuestos sobornos para la concesión de obras públicas por más de 160 millones de dólares durante los gobiernos de Néstor Kirchner y su sucesora y esposa.

La justicia señaló que siguen en pie los ocho procesos contra la ahora vicepresidenta, pero se suspendió la última orden de aprehensión que existía contra ella, en el entendido de que no se verifican los riesgos de fuga o de entorpecimientos de la pesquisa, además de que la exgobernante pidió varias veces ir a juicio oral para desvirtuar todas las falsedades de este proceso, manejado de manera arbitraria por Bonadío.

Con esta decisión ya no hay ningún otro pedido de prisión preventiva, como el de la fallida causa por la firma del memorando con Irán, el cual nunca se puso en práctica, además de que había sido aprobado por mayoría en el Congreso.

Bonadío fabricó causas como la de las fotocopias, que eran un verdadero escándalo para la justicia. Por esta razón, de nueve jueces que podrían suceder a Bonadío, al menos tres han desistido porque no quieren hacerse cargo de ese juzgado, ni siquiera de manera transitoria.

El fallecido magistrado -señalan analistas-, convirtió los tribunales en uno de los elementos de la implantación del llamado lawfare, en el cual se alían medios de comunicación y periodistas, servicios de inteligencia estatales y extranjeros para fabricar acusas y perseguir a dirigentes políticos que no son manejables para Estados Unidos.

La llamada causa de Los cuadernos, en la cual aparecían exfuncionarios del gobierno de Fernández de Kirchner y empresarios a los que supuestamente se pedía sobornos para realizar obra pública, derivó en lo que hoy es evidente, la utilización mafiosa de la extorsión a presuntos testigos protegidos, a los que se les inculpaba indebidamente para forzarlos a acusar a la exmandataria o sus más cercanos colaboradores, denuncian juristas.