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El sesgo mediático contra el gobierno sandinista de Nicaragua es incesante, y las ONG internacionales lo alimentan junto con el gobierno de los Estados Unidos, según denuncia el sitio thegrayzone.com.

Un artículo de John Perry,  escritor radicado en Masaya, Nicaragua, con publicaciones en The Nation y el London Review of Books,  denuncia la campaña contra el gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega.

Detrás de los titulares que informes de publicaciones de las ONG y medios occidentales, señala Perry,  está la evidencia de que  el pueblo nicaragüense recupera con éxito la preciosa paz y seguridad de la que gozaba antes de los violentos acontecimientos de 2018.

Mientras Nicaragua vuelve a la paz, agrega,  los medios de comunicación y las ONG internacionales conjuran la epidemia de violencia con reportajes dudosos

El sesgo mediático contra el gobierno sandinista de Nicaragua es incesante, y las ONG internacionales lo alimentan informando erróneamente sobre una violenta disputa por la tierra en la reserva natural de Bosawás.

Precisa la nota que Insight Crime analizó los niveles de homicidio en toda América Latina en 2019 y demostró que sólo tres países eran más seguros que Nicaragua en todo el continente.

Ejemplifica Perry que un titular en enero denuncia la trágica epidemia de violencia en Nicaragua. Este mes la ONU censura al gobierno nicaragüense por permitir ataques repetidos contra los pueblos indígenas. Un "informe de situación" de la ONU habla de un ambiente general de amenaza e inseguridad. A finales del año pasado se informó de la represión sistemática, selectiva y letal de los campesinos.  ¿De dónde proceden estas acusaciones y qué significan?, pregunta el autor.

Las últimas provienen de un incidente a finales de enero. Los campesinos sin tierra atacaron una comunidad en el gran bosque de Bosawás. Según la agencia Reuters, seis muertos, diez secuestrados y casas destruidas. The Guardian, el New York Times y el Washington Post repitieron la historia, precisa.

También el periódico local de derecha La Prensa citó a la ONG Fundación del Río, que lo calificó de "masacre"; la opositora Alianza Cívica de Nicaragua se sumó a esta calificándolo de "etnocidio" y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el gobierno no estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales, elementos dudosos y que forman parte de la campaña contra el sandinismo.

Lo que realmente ocurrió en el caso reciente sólo quedó claro después de que la policía llegó para investigar, tras haber sido llamada al lugar de dos muertes, y no de seis, a última hora de la tarde del 29 de enero.

En la comunidad de Alal, donde se produjo el ataque, la policía encontró 12 casas quemadas y dos personas heridas. Nadie había desaparecido. Para el 31 de enero las autoridades locales habían comprobado otras tres comunidades cercanas y no encontraron pruebas de asesinato o secuestro. Los líderes de la comunidad condenaron las noticias falsas, señala como evidencia de manipulación mediática Perry.

Los antecedentes de esta historia son importantes y son ignorados por los medios de comunicación internacionales y los organismos de derechos humanos, plantea el escritor.

Una proporción importante del territorio nicaragüense está legalmente en manos de grupos indígenas y ha sido debidamente titulado por el Gobierno de Nicaragua en propiedad de cada comunidad. Las autoridades que las administran son designadas por las propias comunidades, sostiene.

Las ONG internacionales describen los conflictos resultantes como luchas entre pueblos indígenas conscientes del medio ambiente y forasteros destructivos, instigados por el gobierno, destaca.

Sin embargo, los organismos de "derechos humanos" con sede en Nicaragua son notoriamente sesgados políticamente, y hace tiempo que pasaron el punto en que pueden ser considerados objetivos.

Sus recientes denuncias de una campaña gubernamental de asesinatos en zonas rurales, por ejemplo, demostró ser completamente falsas. Todas las ONG locales compiten por las donaciones de gobiernos extranjeros, y como uno admitió, exageran sus cuentas de muertes para conseguirlo, subraya Perry.

Lamentablemente, sostiene, las ONG internacionales son poco mejores. El informe de Amnistía Internacional sobre Nicaragua demostró estar lleno de errores y tergiversaciones.

Además, Global Witness fue llamada antes por la información sesgada de las disputas de tierras en el área de Bosawás, en la que calificó absurdamente a Nicaragua como el "país más peligroso" del mundo para ser un defensor del medio ambiente.