El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los diferentes estados del país pueden imputar a migrantes por falsificar documentos o suplantar la identidad de otra persona al hacer uso de sus papeles para conseguir trabajo.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el fallo supone una victoria para la administración del presidente Donald Trump, y su política migratoria, definida por analistas como restrictiva y discriminatoria.

Aquellos territorios que así lo deseen podrán procesar a migrantes e imputarlos con cargos como "robo de identidad" sin interferir con las leyes de inmigración federales.

El caso pone en evidencia las crecientes tensiones sobre lo que pueden o no hacer los estados a la hora de aplicar las leyes federales de inmigración.

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Algunas regiones intentan aplicar medidas más agresivas a favor del gobierno y otros tratan de evitar cualquier tipo de cooperación con las autoridades federales.

Los jueces Stephen Brexer, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor indicaron en su carta de disentimiento que la decisión "abre una brecha colosal", según informaciones difundidas por la cadena de televisión CNN.

Tal y como recoge la misiva, "las leyes federales dejan claro que sólo el gobierno federal puede juzgar a quien falsifica el estatus que los autoriza a trabajar" en el país.

El Tribunal Superior de Kansas había fallado previamente para determinar si un migrante puede trabajar en Estados Unidos es exclusiva del gobierno federal.

El caso ocurre después que varios estados de mayoría republicana presionaran para procesar de forma más estricta a los migrantes y poder desempeñar un mayor papel a la hora de aplicar la ley.