Desde la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) después de la Segunda Guerra Mundial, la subordinación del derecho internacional a los intereses del Occidente colectivo liderado por Estados Unidos ha demostrado ampliamente la incapacidad de este mecanismo para resolver disputas entre Estados, garantizar el desarrollo global y preservar la paz mundial.

¿Habrían conquistado Argelia y Vietnam su independencia, o Sudáfrica habría abolido el régimen del apartheid sin lucha armada? ¿Habría lanzado Estados Unidos dos bombas atómicas sobre Japón (entre la firma y la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, por cierto) sin la seguridad de que nunca tendría que rendir cuentas? ¿Estarían Taipéi, Seúl, Tokio y Manila envueltos en una carrera armamentista en el Mar de China Meridional si Washington hubiera honrado sus compromisos escritos con Beijing y el espíritu de la Carta de la ONU? ¿Estaría hoy EE.UU. presionando por la limpieza étnica en los territorios palestinos y el este del Congo, suministrando armas letales a "Israel" en un caso y a las milicias ruandesas en el otro, si la Casa Blanca se viera obligado a poner el derecho internacional por encima de su codicia geopolítica y sus ambiciones hegemónicas?

Las recientes declaraciones de Hasan Nasrallah, secretario general del Hizbullah libanés, no dejan lugar a dudas:

"Lo ocurrido en Gaza ha demostrado que la comunidad internacional y el derecho internacional no pueden proteger a las poblaciones. No pueden proteger a nadie. Es tu fuerza y tus misiles los que te protegen".

Estados Unidos sigue siendo indiferente a los llamamientos mundiales a una reforma
de la ONU. Durante años, las resoluciones del Consejo de Seguridad han estado a merced de los intereses geopolíticos y las ambiciones hegemónicas estadounidenses. Tanto es así, que el poder de veto es visto como una luz verde para que Washington y sus estados satélites estén por encima de la ley, mientras privan a otros de sus derechos fundamentales, supuestamente garantizados por la Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como resultado, la mayoría de los líderes del Sur Global han pedido sistemáticamente una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, a pesar de las protestas de la comunidad internacional, Washington se ha esforzado por mantener el statu quo en las Naciones Unidas, ya que le ha permitido tácitamente legitimar el recurso a la ley del más fuerte: su llamado "orden basado en reglas". Sin embargo, en los últimos años, ante el creciente poder de las economías emergentes, Estados Unidos parece haberse dado cuenta de que la transición global hacia una nueva arquitectura mundial no puede detenerse. No obstante, en un intento de frenar esta dinámica de cambio, que percibe como desfavorable a sus ambiciones hegemónicas, favorece ahora abiertamente la destrucción de las Naciones Unidas en lugar de su reforma.

De hecho, para garantizar la prevalencia de su "orden basado en reglas", o ley de la selva, la administración Biden ha optado por desacreditar el trabajo de los organismos de la ONU, a mediante campañas mediáticas globales acusatorias (medidas similares fueron tomadas por la administración Trump, que se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018). El ejemplo más reciente del ataque de Estados Unidos a la ONU es la decisión de suspender la financiación de la UNRWA. Esta se tomó en medio de la sangrienta embestida israelí contra Gaza y la limpieza étnica meticulosamente organizada, con un desplazamiento interminable de la población y la intención deliberada de matar de hambre y deshumanizar a los palestinos. Por no hablar de las masacres directas de la población civil y la propagación de enfermedades de la Edad Media. En otras palabras, los palestinos están pagando con su carne el cínico plan de Estados Unidos de expandir aún más el territorio israelí -en violación del derecho internacional- y así aumentar la influencia de Washington en Medio Oriente  .

La conducta de Washington conlleva un gran riesgo para la supervivencia humana

En este contexto, ¿qué alternativa puede haber al derecho internacional para las naciones y los pueblos a los que se les niega la libre determinación y la soberanía, que son víctimas del saqueo de sus recursos y de la violación de su derecho a la libertad, a la seguridad, al desarrollo, a la vida?

Ciertamente, el derecho internacional deriva su autoridad de los acuerdos entre Estados, por muy antiguos que sean, y como tal sigue siendo invocado por los líderes mundiales como el único medio civilizado para resolver disputas y evitar el destino desastroso reservado para los débiles, un destino que ha adquirido proporciones horribles para los palestinos. En cualquier caso, el derecho internacional refleja un consenso mundial sobre la necesidad de seguir reglas comunes y protegerse contra la ley de la selva propugnada por la administración estadounidense, que pone en peligro la supervivencia misma de la humanidad.

De igual forma, deben entenderse las cuatro iniciativas globales de China para construir una nueva arquitectura global, en particular la Iniciativa de Seguridad Global (que parece centrarse en aspectos fundamentales del derecho internacional que son despreciados por el Occidente liderado por Estados Unidos). Del mismo modo, la decisión unilateral de Rusia de frenar la continua expansión de la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN) en sus fronteras, el ataque de Hamas el 7 de octubre, que recordó al mundo la abominación de 75 años de ocupación (el tiempo seguirá desmantelando las muchas mentiras que se asociaron con este ataque para legitimar la limpieza étnica de Gaza), pero también la expansión de la OCS y los BRICS: todos estos acontecimientos se derivan del rotundo fracaso del orden internacional liderado por Estados Unidos.

Hasta ahora, Washington no parece dispuesto a participar en el diseño de una nueva arquitectura internacional, ni parece dispuesto a obedecer las reglas, viejas o nuevas. En este sentido, hay una campaña en marcha en las redes sociales, pidiendo la expulsión de Estados Unidos del Consejo de Seguridad de la ONU. En cualquier caso, los países del Sur Global tienen la responsabilidad de apoyarse mutuamente para frustrar la violencia anárquica de las potencias hegemónicas. De hecho, las crisis mundiales han llegado a un punto crítico en el que no hay más remedio que reinventar un orden internacional que respete la vida y la dignidad humanas.

Después de todo, los países del Sur Global, que representan casi tres cuartas partes de la población mundial, no se resignarán a desaparecer, a renunciar a su derecho a la vida, para permitir que las instituciones financieras y el complejo militar-industrial estadounidenses satisfagan su insaciable codicia.