Mike Hammer, principal diplomático de Estados Unidos en La Habana, anunció el viernes pasado que Washington tiene previsto endurecer su política de aniquilación de la economía cubana, en continuidad a las medidas tomadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, como la reinclusión de la isla en la lista estadunidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo, el endurecimiento de las normas sobre remesas y la cancelación de programas migratorios de la era Biden.

Es difícil imaginar qué nuevos mecanismos pueden idear el magnate y sus subalternos para castigar a la población cubana porque sus autoridades no se someten a los designios de la superpotencia. Debe recordarse que en su primer mandato Trump no sólo deshizo todos los avances del último tramo del gobierno de Barack Obama para la distensión, el entendimiento y el relajamiento del bloqueo ilegal vigente desde hace más de seis décadas, sino que añadió nuevas capas de opresión y sadismo que han sumido a Cuba en una situación desesperada.

Joe Biden, pese a haber sido el vicepresidente de Obama, se mostró trumpiano en su política hacia la isla, manteniendo el cerco criminal incluso durante la pandemia de la covid-19, con lo que privó a la isla de los insumos básicos para enfrentarse al coronavirus.

Si en su primer término presidencial (2017-2021) la embestida de Trump contra Cuba parecía movida ante todo por su fijación con desmantelar cualquier política o programa de la era Obama, ahora la virulencia se ha vuelto parte orgánica de su administración por la presencia en primera fila de figuras del más rancio anticastrismo, como el secretario de Estado, Marco Rubio, miembro del ala más radical e intervencionista de la comunidad cubanoestadunidense de Florida. Rubio, como el propio Trump, continúa mirando a Cuba a través de las anteojeras de la guerra fría, pese a que el bloque soviético desapareció hace más de 30 años y a que, paradójicamente, el magnate cultiva relaciones con Rusia mucho más sensatas que las de sus antecesores.

De este modo, se hace a millones de cubanos víctimas de las fobias ideológicas trasnochadas de un grupo político que no tiene ningún aprecio por la institucionalidad democrática liberal en cuyo nombre Washington se ha empeñado en destruir a la Revolución cubana.

Para ilustrar la incongruencia de un gobierno autoritario que impone sanciones por los presuntos déficits democráticos de la isla, basta mencionar el uso ilegal y abusivo de los decretos ejecutivos por parte de Trump –práctica que pasa por encima del Congreso y transgrede de manera sistemática la Constitución, que el propio republicano ignora si está obligado a obedecer–, o la entusiasta aceptación del regalo de un avión de hiperlujo de 400 millones de dólares de manos de la monarquía absoluta catarí.

Sea cual sea la justificación esgrimida por los ocupantes de la Casa Blanca para mantener y recrudecer el bloqueo, debe recordarse que este es totalmente contrario al derecho internacional, que año tras año recibe una condena prácticamente unánime en la Asamblea General de Naciones Unidas y, ante todo, que resulta abominable por el sufrimiento infinito infligido a millones de civiles que nada tienen que ver con los pulsos geopolíticos.