El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se ha tratado de vender como hombre complaciente con el pueblo, respetuoso de la democracia, centrista, que trata con todos y defensor de la integridad y soberanía del país ante el anunciado propósito de Donald Trump de controlar nuevamente el Canal.

Pero todo lo anterior está muy alejado de la verdad, porque el mandatario es realmente un hombre de derecha sujeto a las veleidades de Washington, tal como admitió en su debut como canciller trumpista el sujeto de lamentable origen cubano, Marco Rubio, al calificarlo, tras entrevistarse con él, como  pronorteamericano y gran amigo de Estados Unidos.

Así, accedió a los deseos estadounidenses de bloquear la entrada de empresas chinas, rompió el tratado con Beijing de adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda, admitió la entrada de personal castrense norteamericano en varios puntos del país y hasta llegó a rebajar el costo del peaje de buques estadounidenses, cuyos capitanes se negaron a ondear la bandera panameña al cruzar por el Canal.

En fin, todo en medio de continuadas negaciones de que se había sometido a los caprichos trumpistas, mientras la nación demandaba que se dieran a conocer los convenios firmados entre los gobiernos de los dos países.

Las protestas en defensa de la soberanía han subido de tono con disposiciones antiobreras y prooligárquicas del gobierno, lo que ha derivado en sucesivas y masivas demostraciones reprimidas por las fuerzas policiales.

En el momento de redactar estas líneas se mantienen las demostraciones con el apoyo y participación de las centrales obreras, trabajadores de compañías bananeras e indígenas que rechazan los cambios en el sistema pensional, el acuerdo de seguridad firmado con EE. UU. que permite ampliar la presencia militar norteamericana en el país y contra la minería.

Los manifestantes denuncian que las futuras generaciones se exponen a pensiones "de  hambre", dado que, entre otros puntos, la reforma elimina el concepto de solidaridad intergeneracional y establece un esquema de cuentas individuales. 

Luego de más de tres semanas de protestas, el derechista Mulino advirtió que utilizará aún mayores medidas represivas para eliminar el bloqueo de cientos de vías del país. 

La semilla del descontento

En marzo de 2025, el Congreso de Panamá aprobó la Reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), por medio de la Ley orgánica 462. La nueva norma cambia varios aspectos fundamentales del sistema pensional del país.
 
La legislación contempla un aumento progresivo de la cuota patronal para las jubilaciones, es decir el dinero que las empresas destinan todos los meses para que en un futuro sus empleados logren pensionarse.

La contribución irá aumentando progresivamente hasta ubicarse en el 15,25 por ciento del salario en el 2029.

“Fue impuesta y no se consultó con el pueblo”, se quejó Traslación Acosta, quien participó en uno de los bloqueos. “La reforma afectará más a los jóvenes que recibirán pensiones de hambre, muy bajas”, agregó a la agencia AP.

"En el caso de los sistemas de pensiones, la solidaridad intergeneracional significa que las personas que están trabajando activamente (generación actual) contribuyen con sus cotizaciones para financiar las pensiones de quienes ya se han jubilado (generación anterior)", explica en una columna Jorge Luis Prosperi Ramírez, médico y exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud.

La ley no establece cambios en la edad de pensión, pero sí prevé la realización de estudios para evaluar la posibilidad de mantener o ajustar estas edades en un futuro cercano. Por otra parte, se dictamina un requisito mínimo de 240 cuotas (equivalentes a 20 años de cotización) para acceder al beneficio.

Represión 

Telemetro reportó que docentes que se mantenían protestando en el Centro Económico de Chitré fueron despejados por unidades del control de multitudes de la Policía Nacional, quienes les lanzaron bombas lacrimógenas. 

El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, denunció que varios dirigentes de su gremio han sido detenidos por su participación en las manifestaciones, y el opositor y excandidato a la vicepresidencia Richard Morales aseguró que ha habido disparos en contra de civiles:

“Reprimir a niños, disparar al rostro de manifestantes y torturar a maestras no remediará nada. El gobierno de Mulino es criminal por tradición. Siendo ministro, reprimieron hasta matar al joven Jerónimo Tugri. Lo que se le olvida es que no le temieron, ni antes ni ahora”.

Por su parte, la dirigencia del pueblo indígena Ngöbe Buglé denunció haber sido atacada fuertemente por las fuerzas de seguridad en medio de las protestas que se realizan en contra de la Ley 462.

“Los estamentos de seguridad, fuertemente armados, no solo han atacado brutalmente a comunidades y dirigentes en Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí, El Prado y otras regiones de la comarca, sino que se han dado a la tarea de ir de casa por casa, intimidando a la población con armas de grueso calibre, tirando bombas lacrimógenas, deteniendo a dirigentes sin medir las consecuencias y afectado a la población", afirmaron miembros de la comunidad a la prensa local.  

Chamusquina minera

Los manifestantes también rechazan los planes de reactivar una explotación minera de la empresa canadiense First Quantum, que fue declarada inconstitucional por el Supremo panameño.

Esta explotación de cobre es la más grande a cielo abierto en Centroamérica y, aunque produce cerca del cinco por ciento del PIB del país, la Corte Suprema de Justicia la había declarado inconstitucional desde el 2017. 

Aun así, Minera Panamá exportó el mineral después de la sentencia. Los ánimos estallaron cuando el anterior gobierno de Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional aprobaron en tan solo tres días un nuevo contrato. Además, la mina está en medio de un corredor biológico. Hasta ahora, Mulino no ha hecho nada para eliminar la explotación.

France 24 cotejó las coordenadas de la mina que le otorga la Ley 406 con los lugares de mayor importancia ambiental en la provincia, y ratificó que la explotación de cobre se está haciendo en un santuario biológico, como denuncian los activistas ambientales.