El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el viernes pasado que su país revocó las visas del ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, sus "aliados" y familiares directos en represalia por sus esfuerzos para sancionar el intento de golpe de Estado perpetrado en enero de 2023 por el expresidente Jair Bolsonaro y sus simpatizantes.

De acuerdo con el breve comunicado de prensa de la cancillería estadunidense, la "cacería de brujas política" emprendida por De Moraes "creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no sólo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las costas de Brasil y ataca a los estadunidenses", lo cual resulta intolerable para la administración Trump y su defensa de la libertad de expresión.

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El doble rasero siempre ha caracterizado la política exterior de Washington, pero pocas veces ha alcanzado los extremos vistos en su cruzada para garantizar la impunidad de su aliado fascista en el gigante sudamericano. En efecto, resulta delirante invocar la libertad de expresión para librar de la acción de la justicia a un hombre que se empeñó en borrar de las instituciones públicas cualquier vestigio de pensamiento crítico, pluralidad, tolerancia y todo lo que él y sus correligionarios consideran "ideología de género" o "comunismo".

En su mandato (2019-2023), Bolsonaro exhortó a los estudiantes a denunciar en redes sociales a los profesores que enseñaran ideas "de izquierda", entre las cuales se contaba llamar "dictadura militar" a la que usurpó el poder en Brasil de 1964 a 1985, y buscó eliminar de los libros de texto toda referencia al feminismo, la homosexualidad y la violencia contra las mujeres.

En suma, la misma glorificación de la violencia que lleva adelante el trumpismo al amenazar con la asfixia presupuestal y la persecución judicial a toda dependencia del gobierno, organización sin fines de lucro o empresa que mantenga iniciativas destinadas a subsanar la discriminación histórica y estructural que padecen mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, entre otros colectivos.

No menos contradictorio es que la Casa Blanca se lance contra la justicia brasileña en nombre de la libertad de expresión el mismo día que su titular demanda a un medio de comunicación por 10 mil millones de dólares por publicar un artículo en el cual se le atribuye una carta lasciva enviada a Jeffrey Epstein, el fallecido multimillonario líder de una red de explotación sexual infantil con quien Trump mantuvo a lo largo de tres lustros una amistad documentada en fotografías, grabaciones y declaraciones mutuas de afecto.

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Está claro que la embestida de Washington contra el gobierno, el sistema judicial y la economía brasileños no tiene nada que ver con la libertad de expresión, un derecho que en estos momentos goza de mucha mejor salud en Brasil que en Estados Unidos. Se trata, por el contrario, de un inadmisible injerencismo con que el trumpismo pretende apuntalar a sus aliados en la región y profundizar la normalización de las prácticas golpistas de la ultraderecha. Esta agresión debe ser condenada en los términos más enérgicos por la comunidad internacional, las naciones latinoamericanas y los organismos multilaterales continentales.