La amenaza golpista es el método coercitivo de la extrema derecha global cuando pierde elecciones. Ya se vio con la toma del Capitolio en Washington y la del Planalto en Brasilia que es capaz de intentar su objetivo destituyente.

Hoy la internacional neofascista actúa sin disimulos cuando una de sus piezas corre peligro. Donald Trump apoya a Jair Bolsonaro y se entromete en una decisión soberana de uno de los tres poderes de Brasil. Pero no lo hizo con su habitual retórica chantajista que nada tendría de novedosa.

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Su gobierno eligió revocarle las visas para ingresar a Estados Unidos a ocho de los once integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF), que tiene como figura destacada al juez Alexandre de Moraes. Lo decidió después que la Corte restringiera en un fallo la libertad de movimientos del expresidente. Pero hubo más. Eduardo, el diputado e hijo de Bolsonaro, declaró desde EE. UU. que si no se resolvía esta crisis “no habrá elecciones en 2026”. Para completar su advertencia volvió a utilizar la “metáfora del portaaviones” que llegaría a aguas brasileñas para recrear la vieja política imperialista de las cañoneras.

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La medida de revocar el visado a los jueces del STF para ingresar a Estados Unidos fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Alcanza al más mediático de sus integrantes, De Moraes, pero además a otros siete magistrados de los once que completan la Corte: el presidente del Tribunal Luís Roberto Barroso, José Antonio Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Luis Edson Fachin y Gilmar Mendes. Todos tienen en común que no fueron propuestos por Bolsonaro para integrar la Corte.

La intromisión del gobierno de Trump fue rechazada por las más altas autoridades de Brasil. Gleisi Hoffmann, la ministra de Relaciones Institucionales declaró en sus redes sociales:

“La revocación del visado de entrada en Estados Unidos a los magistrados del STF es una ofensa al Poder Judicial brasileño y a la soberanía nacional”. Y fue más allá: “Esa represalia agresiva y mezquina a una decisión del tribunal expone el nivel degradante de la conspiración de Jair Bolsonaro contra nuestro país”.

Lula ya había criticado con dureza el aumento del 50 por ciento a los aranceles que EE. UU. cobrará a las exportaciones brasileñas como represalia a lo que Rubio llama “caza de brujas” contra el expresidente de ultraderecha. “He ordenado la revocación de las visas de Moraes y sus aliados en la Corte, así como de sus familiares, con efecto inmediato” comunicó el secretario de Estado. No es casual que lo hiciera después de la última reunión de los Brics que tanto preocupan a Washington.

A principios de junio, incluso antes de que se conociera la sanción económica, Lula cuestionó a Trump por meterse en los asuntos internos de su país. “¿Qué es esa historia de que Estados Unidos quiere criticar el sistema judicial brasileño? Nunca he criticado su sistema judicial. Cometen tantos actos de barbarie, nunca los he criticado. Libran tantas guerras, matan a tanta gente. ¿Por qué querrían criticar a Brasil?”, se preguntó aquella vez durante un acto del Partido Socialista Brasileño(PSB).

La decisión que cuestiona el gobierno de Trump es un régimen con restricciones a la libertad ambulatoria de Bolsonaro, a quien se le colocó una tobillera electrónica para monitorearlo ante el peligro de que entorpezca la investigación por la trama del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Está obligado a permanecer en su casa todos los días de 7 de la tarde a 7 de la mañana, y también los fines de semana. Tampoco puede comunicarse con embajadores y diplomáticos extranjeros ni acercarse a sedes diplomáticas.

El expresidente tiene un antecedente. Las noches del 12 al 14 de febrero de 2024 durmió en la embajada de Hungría en Brasilia después de que la Policía Federal tomara medidas contra él. Ya era investigado por los hechos que llevaron a la toma del Planalto y se temió que evadiera a la justicia. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, es un viejo aliado de Bolsonaro a quien éste llama de “hermano”.

La escalada por la injerencia de Estados Unidos en la soberanía de Brasil fue difundida en la cuenta oficial de Trump en X, @potus (acrónimo de President of the United States). Además, el jefe de Estado le envió una carta a Bolsonaro donde le dijo: “He visto el terrible trato que estás recibiendo de un sistema injusto. Este juicio debería terminar inmediatamente”. Casi como una admonición de lo que vendría días después. Rubio llegó a decir que las medidas del STF contra el expresidente afectaban a “los estadounidenses” en un esfuerzo dialéctico incomprensibles.

El principal operador de las presiones contra Brasil desde EE. UU. es Eduardo Bolsonaro. Su cuenta de X es un mosaico de mensajes que piden la intervención por todos los medios posibles de Washington en su país. En un tuit fijado el 9 de julio escribió: “Gracias Presidente Trump. Hagamos que Brasil sea libre otra vez. ¡Queremos Magnistky!”.

¿A qué se refiere con Magnistky?

Se trata de una ley extraterritorial de Estados Unidos que lleva ese nombre y alega responsabilidades en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act). La aprobó el Congreso en 2016 para perseguir a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Inicialmente se dirigió a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado de esa nacionalidad, Serguéi Magnitsk.

Según la página oficial de la organización que lleva su nombre, “Canadá, el Reino Unido, los países bálticos, la Unión Europea y Australia han aprobado sus propias versiones de la Ley Magnitsky”. Bolsonaro (h) apunta a que queden al alcance de esa norma los integrantes del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En Estados Unidos existe un vademécum de leyes extraterritoriales para todos los gustos. Cada una lleva los nombres de los congresistas que las impulsaron, como sucede con Cuba y la Helms-Burton que profundiza el bloqueo. También hay otra conocida como Lista Engel que se debe al exrepresentante demócrata Eliot Engel y fue destinada a políticos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Los funcionarios de esas tres nacionalidades que hubieran participado de prácticas corruptas o antidemocráticas según la mirada de EE. UU. son sancionados en base a esa ley.

Ahora en el proceso contra Bolsonaro, Trump se topó con el decidido rechazo de Lula y la Corte de su país a las injerencias de Washington. Brasil es un actor clave en los BRICS, la principal potencia de Latinoamérica y habrá que esperar hasta dónde se juega el presidente de Estados Unidos por la cabeza de su aliado en la extrema derecha global.