Desde el triunfo presidencial de Hugo Chávez en 1999, Estados Unidos ha practicado todo tipo de agresiones, atentados, intentos de golpe de Estado, invasiones y bloqueos económicos para tratar de derrocar a la Revolución Bolivariana.

La tenaz resistencia del pueblo venezolano, las constantes iniciativas de los gobiernos de Chávez, primero, y de Nicolás Maduro, después, para desmontar esa guerra híbrida, junto a la unión lograda entre el ejército, gobierno y pueblo bolivariano, han dado al traste con todas las acciones lanzadas desde Estados Unidos.

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Uno de los últimos capítulos de esta guerra impuesta por el gobierno del convicto presidente Donald Trump fue ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la «captura» del mandatario electo democráticamente Nicolás Maduro. Todo al mejor estilo de los tiempos del llamado Oeste Americano que mediante carteles ofrecían recompensas para capturar a cualquier individuo que hubiera cometido alguna fechoría.

Semejante ignominia imperial, impulsada por el mitómano y corrupto secretario del Departamento de Estado norteamericano, Marco Rubio, no la pueden permitir los pueblos de nuestra América.

Lo hacen para criminalizar a un presidente que no obedece los dictados de Washington, que intenta aplicar nuevamente la Doctrina Monroe y a la par incentivar a bandas o individuos a cometer crímenes en busca de una recompensa.

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Las últimas semanas, en varias partes del territorio venezolano, las fuerzas del orden interior incautaron más de mil 500 cajas con explosivos, rifles de francotiradores, escopetas, armas automáticas, municiones de todos los calibres, diferentes rollos de cordones detonantes, entre otros materiales con el fin de realizar atentados, crear el caos y dar motivos para lanzar una invasión militar bajo el supuesto argumento de que el gobierno bolivariano era incapaz de controlar una supuesta «guerra civil».

Solo el atentado que se realizaría en la Plaza Bolívar, donde se pretendía detonar 18 kilos de HMK, un explosivo de rápida difusión, provocaría en un segundo, según el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello:

«Una onda expansiva que alcanzaría 9,1 kilómetros» y en caso de explotar todas las cargas previstas en la Plaza Bolívar, «tendrían un impacto letal de 911 metros y las esquirlas llegarían a mil 200 metros».

Precisó Cabello que esos actos terroristas forman parte de un plan orquestado por la extrema derecha, siempre bajo la dirección de Estados Unidos, con el objetivo de atacar a personalidades del Gobierno nacional, instalaciones militares, estaciones de servicio, espacios públicos y buscar un cambio de régimen con la salida del presidente Maduro.

Como colofón a las acciones agresivas provenientes de Washington contra la Revolución Bolivariana, el pasado 8 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva, sin contar con el Congreso, mediante la cual autoriza el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericana.

En un movimiento militar sin precedentes desde la invasión a Panamá en 1989, Estados Unidos despliega una fuerza militar en el Caribe con varios buques de guerra, submarinos, aviones y marines para operar cerca de las costas de Venezuela con la vieja excusa de «luchar contra el narcotráfico».

Una declaración emitida por la Casa de las Américas de Cuba, denuncia que «la historia demuestra que esta supuesta lucha antinarcóticos es en realidad una excusa para desarrollar una intervención imperialista en nuestro continente» y llama a los pueblos Latinoamericanos a denunciarla como ya lo han hecho varios gobiernos de la región.

Agrega el documento que «al propio tiempo, Marco Rubio, en una entrevista publicada en el sitio oficial del Departamento de Estado, anuncia que su gobierno tendrá que enfrentarse inevitablemente al «régimen narcoterrorista» de Venezuela con algo más que recompensas», y menciona a Colombia, con su «presidente errático», entre los países que deben regresar al camino de la más subordinación.

Por su parte, la Alianza Continental ALBA-TCP sentenció que «los tambores de la guerra de Estados Unidos suenan en una clara violación de la Declaración de la CELAC de 2014, que proclamó a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y solo buscan afianzar su control geopolítico sobre nuestros territorios y bienes comunes».

Es la llamada prepotencia imperial que pese a su constante decadencia internacional, trata de mantener su control sobre toda la región latinoamericana.

El presidente cubano Miguel Díaz Canel en la recién finalizada XIII Cumbre extraordinaria del ALBA-TCP, sentenció que «la región vive tiempos de enormes desafíos y riesgos excepcionales, y no queda otra alternativa que enfrentar al imperio que pretende subordinarnos a sus intereses». Esas acciones, subrayó, las está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que es Estados Unidos».

 

 

 

 

 

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Ante esta enorme amenaza de Estados Unidos contra Venezuela, es imperante que los pueblos y gobiernos del orbe, y en especial de América Latina, denuncien en todos los foros internacionales la peligrosidad de esas acciones que podrían costar grandes desastres y numerosas muertes a una región que desde hace años no acepta la nefasta Doctrina Monroe.