Finalmente, y pocos minutos después de iniciarse el 10 de octubre, cayó Dina Boluarte en el mismo hemiciclo que la encumbró como usurpadora del Poder el 7 de diciembre del 2022, luego que se concretara el Golpe de Estado que diera al traste con el Gobierno Constitucional de Pedro Castillo, democráticamente electo en junio del 2021.

La decisión parlamentaria se adoptó en votación unánime, 123 congresistas la respaldaron, y no hubo uno que votara en contra, o se abstuviera. Este inusual fenómeno no hizo sino refrendar lo que se dijera siempre: absolutamente nadie, en su sano juicio, apoya a esta “mandataria” que en las últimas encuestas recogía el 98,1 por ciento de desaprobación ciudadana.

Los factores de la vacancia fueron varios. Pero ciertamente incidieron en forma decisiva dos: el clima de inseguridad ciudadana absolutamente generalizado y la torpeza infinita de la precaria inquilina de Palacio que desató la más viva indignación de los peruanos con sus consejos de analfabeta en política.

Como detonante estuvo, ciertamente:

• la masiva y aguerrida protesta de los transportistas que, en defensa de sus propias vidas y de la seguridad de la población, se alzaron en lucha;
• las movilizaciones de los jóvenes,
• y el extraño atentado contra el grupo musical “Agua Marina”, consumado la noche del 8 de octubre pasado.

La lucha de los transportistas se vio afectada por la brutalidad de la represión policial y las acciones que, desde el gobierno, se impulsaron para doblegar la protesta de un sector cruelmente castigado por la delincuencia y el crimen.

El atentado contra el grupo musical, sin embargo, lució extraño: fue consumado en un escenario militar virtualmente cerrado, que sufrió el efecto de disparos de arma de guerra- 27 casquillos de fusil ametralladora- ejecutados con alta precisión por un comando no identificado.

Pero este fue el último hecho, la gota que rebalsó el vaso, y que obligó a las “bancadas” protectoras de Dina a imponerse un viraje. En las primeras horas del 9 de octubre, Fuerza Popular declaró que “no respaldaría” el pedido de vacancia formulado por la Oposición, pero al mediodía cambió su opción apresuradamente y aseguró que votaría en favor de la vacancia. Eso dio “luz verde” a las fuerzas parlamentarias afines para seguir el mismo rumbo.

Es claro que aquí se impuso el sentido común: por razones de estricta conveniencia política y electoral, necesitaban “alejarse” de quien encarnaba el crimen, el desgobierno y la derrota. Seguirla tolerando en el Poder, les acarrearía consecuencias fatales en la perspectiva del 2026. En este marco, “tomar distancia” era lo menos que podrían hacer para “limpiarse el rostro” y mirar la cara de los peruanos para pedirles votos.

Pero el asunto, resultaba previsible. Y lo dijimos antes: el Congreso no aprobaría la vacancia de Dina mientras ella estuviese en la posibilidad de Disolver la Cámara. Como esta posibilidad se le extinguía al inicio del último año legislativo, entonces, a partir del 28 de julio del 2025 podría ser destituida sin reservas. Y así ocurrió algo que pudo haber sucedido antes, en agosto o en septiembre.

Hay que señalar, sin embargo, un hecho objetivo: en este caso se siguió escrupulosamente el procedimiento constitucional establecido. Hubo casi 10 votaciones tomando todas las mociones presentadas, se registró debate, se le concedió tiempo para su defensa en el mismo hemiciclo, y se aseguró el número de votos requerido: 87 en una circunstancia y 104 en la otra, para garantizar el debido proceso.

¿Algo de eso se vio en el caso Castillo? Por cierto, que no. Al presidente constitucional no lo escucharon, ni le dieron derecho a defensa, y lo vacaron con menos votos de los requeridos.

A él, lo metieron preso primero y lo despojaron de su función después, sin los mínimos requisitos parlamentarios. Todo fue ilegal. Eso fue señalado siempre desde el pueblo, pero la “mayoría parlamentaria” se tapó los oídos con cemento.

En estricto apego a la ley, bien podría exigirse que se declare nulo el procedimiento de “vacancia” ejecutado contra el hoy reo en cárcel, se le libere y se opere en su caso con las normas en la mano.

Ahora, el problema es concreto. ¿Habrá realmente un cambio de gobierno? Lo más probable, es que no. Dado que el Poder de las fuerzas que esta vez actuaron contra Dina, sigue intacto. Aunque le hayan quitado su apoyo a la usurpadora, la voluntad del empresariado, la mayoría parlamentaria, la cúpula castrense y la “Prensa Grande”, sigue siendo la misma; su Poder, está intacto. Un augurio de eso lo dio el hecho que el primer encuentro del nuevo inquilino de Palacio fue con la cúpula militar y policial. Más de lo mismo, entonces.

La “sucesión constitucional”, no es garantía de nada, desde el punto de vista del movimiento popular. Los intereses del país, no le importan tampoco a los “nuevos” gobernantes, incluso al margen de la voluntad individual de quien los representa, el congresista José Jerí, de “Somos Perú”. Ni al grupo político al que formalmente representa le importa el país; ni las otras fuerzas que constituyen la “mayoría parlamentaria”, son garantía de nada.

Si se actúa en estricto sentido de la ley, habría que comenzar por reconocer que la designación de Dina Boluarte no fue propiamente una “sucesión constitucional”, como se pintó en ese entonces, sino un acto ilegal. Y que, por cierto, ratifica la ilegalidad de su gestión entera, comenzando por la “vacancia” de Pedro Castillo.

Algunos parlamentarios, como Jaime Quito, Guillermo Bermejo, Ruth Luque, Margot Palacios o Sussel Paredes, han librado una dura y aplaudible lucha, pero ella no basta. Ni siquiera resulta suficiente mantener viva la resistencia de sectores claves de la vida nacional, como los transportistas, comerciantes o jóvenes; sino que es indispensable corregir deficiencias del pasado que aún no se han podido superar.

La división del movimiento popular es fatal en las actuales condiciones de agravamiento de la crisis; como lo es también la dispersión en la lucha. Si un sector de la vida peruana se levanta presto a combatir, debe ser respaldado de inmediato por todos los demás; incluso aquellos que, por una u otra razón, no estén en la posibilidad de actuar, deben pronunciarse, apoyar la causa, solidarizarse con las legítimas demandas planteadas. No callar, porque hacerlo, favorece al enemigo.

Y es indispensable tomar en cuenta esto porque en el horizonte se avizoran aún peligros mayores: si la clase dominante no logra afirmar su Poder, podría recurrir sin empacho alguno a un Golpe de Estado clásico que, bajo el pretexto de “devolver la gobernabilidad” difiera incluso la consulta electoral prevista para el 2026.

Se trata, entonces de tener conciencia que la lucha sigue, Y habrá de seguir todo el tiempo hasta que se cristalice realmente la voluntad ciudadana.

Aunque podamos decir que, en el Perú, cayó el telón, es claro que la lucha no ha terminado. La batalla, continúa.