El 20 de diciembre de 1989, el gobierno de George Bush ordenaba a sus fuerzas armadas invadir Panamá. El ejército, la aviación y los marines estadounidenses entraban en Ciudad de Panamá. El fraude electoral, la salvaguarda de los intereses de empresas y ciudadanos estadounidenses, en primer lugar. Pero en la recámara, bloquear los Tratados Torrijos Carter, que obligaban a evacuar sus bases militares y entregar la administración de la Zona del Canal a Panamá en el año 2000. Hasta el nombre de la operación, Causa Justa, era significativo. El número de víctimas panameñas superó un millar. Sin embargo, el Pentágono reconoció 516 muertos: 202 civiles y 314 militares. Pero algo chirriaba. Por primera vez, se mencionaba la lucha contra el narcotráfico, aplicando el calificativo de narcoguerrillas a los movimientos populares insurreccionales. 

La derecha neoconservadora habitaba la Casa Blanca. Ronald Reagan y a continuación George Bush pusieron en marcha una nueva política exterior para América Latina cuyo ideario se plasmó en los documentos de Santa Fe I y II. Revertir procesos revolucionarios, la lucha contrainsurgente y la batalla contra el narcotráfico fueron sus pilares. Con este trazado, el gobierno de Panamá, con Manuel Antonio Noriega, fueron calificados de narcotraficantes. En medio de la invasión, buscando alijos, entraron en la residencia del presidente. El agente de la DEA, responsable del operativo, René de la Cova, posteriormente detenido por lavado de dinero de los cárteles colombianos, abrió la nevera y, ¡sorpresa!, ahí encontraría la prueba del delito. Paquetes envueltos en hojas de plátano ocultaban, dirán, cocaína. Fotos, declaraciones y mucha publicidad. Poco duró el entusiasmo, eran lo que parecían ser, tamales. La anécdota, que no deja de ser un mal chiste, pasó a la historia como los tamales de Noriega. Mientras tanto, el 27 de diciembre, el presidente designado por Estados Unidos, Guillermo Endara, tomaba posesión en la Zona del Canal jurando lealtad ante el general estadounidense Marc Cisneros. 

Hoy, con Donald Trump en la Casa Blanca, las guerras de baja intensidad son reditadas con amenazas de intervención si los gobiernos díscolos no acatan sus órdenes. En otras palabras, deben renunciar a la soberanía, entregar las materias primas, petróleo, níquel o tierras raras a empresas estadounidenses para su explotación y control estratégico, aceptando el control de la DEA y la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en sus territorios. Todo, bajo el paraguas de “guerra contra el narcoterrorismo”. Política que ha llevado a bombardear embarcaciones pesqueras en el mar Caribe, so pretexto de ser narcolanchas. Sumisión o desestabilización, parece ser el lema de la Casa Blanca. 

En el siglo XXI, año 2025, los tamales de Noriega reaparecen para cumplir el mismo rol, justificar invasiones. Pero los tamales toman la forma de narcolanchas. Ninguna prueba, salvo imágenes y declaraciones de Marco Rubio, Donald Trump y su ministro de guerra, Pete Hegseth. En la mira, los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y Colombia. Nicolás Maduro será adjetivado de narcotraficante y Gustavo Petro considerado su aliado. A Maduro se le une a cuanto cártel exista. Sea mexicano, colombiano o inventado. Tren de Aragua, cártel de Sinaloa, el cártel de Los Hijos y cabecilla del ficticio cártel de Los Soles. 

Para dar verosimilitud a las acusaciones, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, el 7 de agosto declara: “la DEA lleva incautadas 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro, de las cuales siete serían de su propiedad (…). Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado la recompensa por él a 50 millones de dólares (…). Maduro mezcla la cocaína con fentanilo, lo cual ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidensess”. ¿Y las pruebas? Los tamales de Noriega a la vista. 

El siguiente en la lista es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El 15 de septiembre, Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico y declara asociados al narcotráfico al presidente Gustavo Petro, su hijo mayor, el ministro del interior, armando Benedetti, y la primera dama, Verónica Alcocer. En el delirio, Donald Trump le imputa aliarse al gobierno narcoterrorista de Venezuela. Mientras, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sentencia: “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidensess (…). El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”. A las acusaciones, el presidente Gustavo Petro respondió con dignidad y convicción defendiendo la soberanía de Colombia: “Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

En América Latina, Donald Trump busca aliados que corroboren su mentira. Ecuador, El Salvador, Paraguay, Argentina, República Dominicana son buenos ejemplos. También Panamá ha sucumbido. Hoy, su presidente, José Raúl Mulino, quien fuese ministro de Exteriores del gobierno de Endara, declara exento de aranceles el transporte marítimo estadounidense en la Zona del Canal, al tiempo que facilita a la DEA, la CIA y los marines, en un país sin fuerzas armadas, controlar el tráfico y lavado de dinero del crimen organizado. Así entrega la soberanía de Panamá a Estados Unidos, mientras regurgita los tamales de Noriega.