Treinta y cinco candidatos a la presidencia en competencia…. nueve gobernantes en 10 años…la posibilidad de un balotaje entre dos fuerzas de extrema derecha…como se pudo verificar en la jornada electoral del 12 de abril, la crisis política en Perú es inocultable. Aparentemente, también es incontenible.

Más allá de su resultado final, esta elección está marcada por tres protagonistas, si bien solo una de ellas tiene ya asegurada su participación en la segunda vuelta del próximo 7 de junio. Con cerca del 94 por ciento de los votos ya escrutados, la incertidumbre por el segundo puesto es cada vez más amplia, en tanto que la demora en la entrega de resultados da lugar a todo tipo de sospechas y recelos.

Con un exiguo 17 por ciento, y como ocurrió en las tres elecciones presidenciales anteriores, volvió a triunfar Keiko Fujimori, hija del expresidente juzgado por múltiples casos de corrupción y violación a los derechos humanos y muerto en 2024. Se verá en la segunda vuelta si, una vez más, la oposición vuelve a imponerse sobre un cada vez más desgastado fujimorismo que, en su fatal combinación de neoliberalismo, populismo, conservadorismo y autoritarismo, todavía resulta atractivo para una buena parte de la sociedad peruana.

En todo caso, la pelea hoy se centra en el futuro contendiente de Keiko Fujimori para la presidencia: una plaza para la que existen dos dirigentes en disputa abierta, ambos ubicados en polos opuestos en el universo ideológico y, por distintos motivos, interesados en terminar con la herencia del fujimorismo.

Quien ocupa el segundo lugar es el congresista de izquierda Roberto Sánchez, el principal continuador del depuesto presidente Pedro Castillo y, hasta el momento, con el 12,01 por ciento de las preferencias. Pero con el 11,92 por ciento se encuentra el ultraderechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y fiel seguidor de Donald Trump. Apenas unos 13 mil votos separan a ambos candidatos, en una tendencia impredecible frente a las urnas y actas que todavía faltan relevar.

El clima político se encuentra cada vez más enrarecido, sobre todo, por López Aliaga, quien cree en un contubernio entre el fujimorismo y la izquierda para desplazarlo al tercer lugar. Las irregularidades en el inicio de las elecciones, en parte, justifican sus críticas, rechazadas por sus competidores, mientras ofrece recompensas para quienes presenten pruebas del presunto fraude. El candidato ha amenazado, incluso, con impugnar la elección si no se validan sus reclamos.

Por su parte, para Keiko Fujimori es toda una ganancia tener que confrontar contra la izquierda en una segunda vuelta, más aún, después de la experiencia de un lustro atrás contra Pedro Castillo. Disputar contra López Aliaga sería mucho más complejo ya que ambos postulantes comparten una amplia porción de un mismo electorado de derechas, pudiendo provocar además el abstencionismo y la consecuente deslegitimación electoral por parte de la opinión pública peruana.

Y si bien Sánchez y López Aliaga podrían recrear distintas expresiones del antifujimorismo para ganar el balotaje, nada asegura que un eventual mandato bajo su dirección pueda sobrevivir con éxito. Casi de manera invariable, su futuro en el poder también estará comprometido.

En tiempos en que los partidos desaparecen, se fusionan unos con otros o, simplemente, operan como sellos para promocionar las candidaturas de dirigentes, aventureros e improvisados que buscan ocupar una banca para promover sus negocios personales, el partido fujimorista, Fuerza Popular, opera como el principal eje del sistema político peruano. Más todavía desde ahora que el poder legislativo vuelve a operar de forma bicameral, es decir, de nuevo con senadores y diputados.

La perdurabilidad del fujimorismo, unido a la crisis de representatividad y a la dispersión del voto en múltiples listas electorales, ha generado un Congreso fraccionado en el que la derecha suele tener las más amplias posibilidades de concretar acuerdos con fuerzas menores y partidos satélites.

Desde 2018 este poder se incrementó todavía más, ya que los sucesivos presidentes contaron con una mayoría parlamentaria que respaldara sus decisiones. Recursos constitucionales como la “censura” y la “incapacidad moral permanente”, junto a expedientes ilegales como los interpuestos contra Castillo, propiciaron la salida de aquellos mandatarios que pretendieron situarse al margen de una mayoría circunstancial, generalmente, controlada desde Fuerza Popular. A partir de ahora, la renovada mayoría fujimorista continuaría condicionando en caso de que Sánchez gane, aunque el peligro de la destitución también podría alcanzar a un eventual gobierno de López Aliaga.

Despojados de la conflictividad y de las desavenencias prevalecientes en el escenario político, los sectores dominantes tienden, en cambio, a coincidir en un mismo horizonte estratégico y en un programa económico que, a estas alturas, ya ha demostrado con creces su exitoso rendimiento.

Los principales grupos económicos como Romero, Breca (antes Brescia), Intercorp, Credicorp, Gloria y Buenaventura, dominantes en distintas esferas de la economía peruana como el bancario, minería, energía, agroindustria, alimentos y construcción, se mantienen expectantes ante un escenario que podría complicar su futuro el mundo de los negocios. Desde el puro pragmatismo, hoy su principal ambición es la sostenibilidad de un régimen que los siga favoreciendo: su apuesta por Keiko Fujimori y, eventualmente, por López Arriaga, sería total.

Pero frente a la macroeconomía ordenada y la moneda estable que Perú exhibe ante el mundo, surge la realidad en su sentido más crudo: la de la pobreza multidimensional, medida este año por la Universidad de Lima, y que atraviesa a un 30 por ciento de la población, alcanzando a un 70 por ciento en zonas rurales, que no sólo no logra cubrir una canasta básica, sino que tampoco tiene acceso a servicios y derechos básicos como empleo, salud, educación y vivienda. Buena parte de estos sectores empobrecidos, desempleados y precarizados seguramente se expresará en el voto a Sánchez.

El próximo 7 de junio Perú será el escenario privilegiado de una confrontación que, seguramente, excederá los límites del país, impactando en el territorio sudamericano y, por derivación, también en las relaciones con Estados Unidos e, inclusive, con China y con el área del Pacífico.

Para el gobierno de los Estados Unidos, las elecciones en Perú todavía carecen de una respuesta clara, si bien todo indica que Trump finalmente se decantará por la candidata de Fuerza Popular, luego de brindar un discreto respaldo al otro candidato de la ultraderecha, Rafael López Aliaga.

En cambio, Keiko Fujimori ha buscado desde un principio el aval de la Casa Blanca a su postulación impulsando medidas tradicionales del “trumpismo latinoamericano” como la expulsión de inmigrantes, el impulso a la llegada de inversiones estadounidenses, la defensa de la política represiva como solución al problema de inseguridad, y la inserción de Perú en la ola conservadora que está hegemonizando a buena parte de la región. López Aliaga no se quedó atrás y organizó el primer homenaje en la región a Charlie Kirk, el asesinado líder juvenil de MAGA.

Más allá de la afinidad ideológica evidenciada por la derecha, lo cierto es que Perú es un caso problemático para el empeño de Washington en desplazar la influencia de Beijing de la región.

Actualmente China, es el principal socio comercial e inversor del país andino, del que absorbe casi un 40 por ciento de sus exportaciones, principalmente, minerales como cobre y oro. Además, Beijing procura convertir a Perú en un socio estratégico clave en el desarrollo geopolítico del Pacífico, con proyección hacia toda Sudamérica y hacia el Atlántico. Sólo el megapuerto de Chancay, al norte de Limal, constituye hoy todo un desafío geopolítico de nivel mayúsculo para la Casa Blanca.

Pero, al fin y al cabo, en Perú los grupos de poder son bifrontes: si bien acuerdan su política comercial con China, han aprendido a establecer relaciones intensas a nivel de defensa y seguridad con Estados Unidos. De ahí que el gobierno peruano oficializara la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 por tres mil 500 millones de dólares, beneficiando a Lockheed Martin, por sobre otras compañías de origen brasileño, francés y sueco. Todo sea por equilibrar la relación con Washington y por alinease a los criterios de seguridad hemisférica de la “Doctrina Donroe”…

Ya en las horas finales del escrutinio, las preguntas son cada vez numerosas ¿Cómo tomaría la sociedad peruana un potencial balotaje entre dos representantes de la ultraderecha? ¿Qué lugar asumirá la izquierda frente a ese escenario? Y ante una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sobre todo, tomando en cuenta el antecedente cercano del triunfo de Pedro Castillo, ¿existirá la posibilidad de que la derecha se movilice para impugnar una elección con una derrota casi segura de la candidata de Fuerza Popular? Finalmente, ¿qué resolverá la Casa Blanca si es que Roberto Sánchez accede a la próxima elección del 7 de junio? ¿Y si triunfa?

Hasta ahora, los enormes problemas suscitados han sido solucionados dentro del marco institucional. Pero, fácilmente. Las dificultades que actualmente se están presentando en Perú podrían exceder ese cauce y derivar en crisis políticas cada vez más serías y más profundas.