Lo que "Israel" ganó en 2026 que no ganó en 2024
Independientemente del debate político y jurídico que se esté desarrollando en Líbano en relación con las negociaciones directas y el marco tripartito para 2026, e independientemente de cualquier postura sobre el acuerdo o el proceso de negociación en sí, este artículo trata los textos de 2024 y 2026 como dos documentos separados e independientes.
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Lo que "Israel" ganó en 2026 que no ganó en 2024.
Independientemente del debate político y jurídico en Líbano en torno a las negociaciones directas y el marco tripartito de 2026, y dejando de lado cualquier postura sobre el acuerdo o el proceso de negociación en sí, este artículo trata los textos de 2024 y 2026 como dos documentos distintos, analizando su redacción y cómo distribuyen los derechos y obligaciones entre las partes.
Estos dos textos se eligieron para la comparación porque abordan el mismo conflicto durante dos fases estrechamente relacionadas, pero proponen dos enfoques diferentes para su resolución. El acuerdo de 2024 se diseñó para abordar una confrontación militar existente y regular el cese de hostilidades, la retirada y el despliegue del ejército, mientras que el marco de 2026 amplía el alcance para incluir cuestiones de seguridad, políticas, económicas y diplomáticas que van más allá de un alto al fuego directo. El análisis se basó en los textos publicados en sus fuentes oficiales: el acuerdo de 2024, tal como se presenta en el documento S/2024/870 del Consejo de Seguridad de la ONU, y el marco tripartito de 2026, publicado por el Departamento de Estado de EE. UU. el 26 de junio de 2026, en lugar de resúmenes o interpretaciones de los medios de comunicación.
La comparación también emplea el análisis crítico del discurso, un método científico que examina cómo las palabras, la estructura de las oraciones y los compromisos pueden reflejar las relaciones de poder y otorgar a algunas partes roles y derechos más amplios que a otras. Por lo tanto, el análisis va más allá del contenido de las cláusulas, abordando el vocabulario y los verbos utilizados, la parte que aparece como actor y la parte cuya responsabilidad se oculta, la secuencia cronológica de los compromisos, las cláusulas condicionales, el grado de obligación, la forma en que se nombran las partes y conceptos como soberanía, seguridad, retirada, reconstrucción y retorno. También analiza cómo estos elementos se integran en una narrativa política más amplia que define las posiciones del Líbano, "Israel" y Estados Unidos en el proceso de implementación.
La diferencia fundamental entre ambos textos resulta evidente desde el principio. Lo que en 2024 era un acuerdo para detener una confrontación militar, en 2026 se convirtió en un punto de partida para la reconfiguración del Estado libanés. El texto de 2024 emplea principalmente un lenguaje militar y procedimental, que abarca el cese de hostilidades, el despliegue del ejército libanés, la retirada de las fuerzas israelíes y el establecimiento de un mecanismo de seguimiento vinculado a la implementación de la Resolución 1701. Sus acciones se centran en abordar la situación militar existente y transitar de ella hacia el cese de hostilidades en un plazo determinado.
El marco de 2026, en cambio, integra seguridad, política, economía y diplomacia en una única estructura. Aborda el desarme, el desmantelamiento de las estructuras militares y el restablecimiento de la autoridad estatal, pero también lo vincula con la financiación, la reconstrucción, el retorno de la población civil, la ayuda y las relaciones directas. Cuando todas estas cuestiones se enmarcan dentro del mismo marco de seguridad, dependen del grado de cumplimiento de las condiciones de seguridad y del reconocimiento externo de su éxito.
Las acciones centrales del acuerdo de 2024 parecen estar relativamente distribuidas entre ambas partes, mientras que las acciones estructurales del marco de 2026 se concentran en el lado libanés.
Por lo tanto, la transformación no se reduce simplemente a que el segundo texto sea más extenso o completo. El acuerdo de 2024 trata el conflicto como una confrontación militar que debe ser contenida, mientras que el marco de 2026 lo reinterpreta como una deficiencia en la estructura del Estado libanés que debe ser corregida. Esta perspectiva se evidencia claramente cuando el texto atribuye las acciones militares israelíes a ataques de "grupos armados no estatales" y a las amenazas que estos representan, convirtiendo así a la resistencia en la principal instigadora y presentando a "Israel" como una parte que responde al peligro.
Este enfoque no solo explica el pasado, sino que también proporciona un marco preestablecido para justificar cualquier acción militar israelí posterior. Si se produce un ataque, este puede interpretarse como resultado del fracaso libanés en eliminar la amenaza, en lugar de como una decisión israelí de usar la fuerza. De esta forma, el centro de responsabilidad se desplaza de la parte que ejecuta la acción militar a la parte encargada de prevenir sus causas, según la definición israelí de seguridad.
Líbano actúa primero e "Israel" decide después
Un simple análisis de las acciones revela quién paga primero el precio y quién conserva el derecho a esperar y evaluar. Un estudio de estas acciones revela una clara discrepancia entre ambos textos. En el escenario de 2024, las acciones centrales parecen estar distribuidas de forma relativamente equitativa entre ambas partes: Líbano toma medidas para prevenir operaciones armadas, "Israel" cesa sus operaciones militares, el ejército libanés se despliega y las fuerzas israelíes se retiran. A pesar de la desigualdad de los compromisos, la estructura lingüística presenta a ambas partes como actores dentro del mismo proceso.
Sin embargo, en el escenario de 2026, las acciones estructurales se concentran en el lado libanés. El ejército recupera el control, los grupos armados no estatales son desarmados, las estructuras militares son desmanteladas y las instituciones libanesas se someten a estándares de desempeño y verificación. En contraste, las acciones israelíes se presentan de forma más flexible, como la "redistribución gradual" o la eliminación de la necesidad de una presencia militar una vez que se cumplen ciertas condiciones.
La diferencia entre "retirar", "desmantelar", "controlar" y "recuperar el control", por un lado, y la "redistribución gradual", por otro, no es meramente estilística. Las acciones asignadas a Líbano producen un cambio estructural claro e irreversible, mientras que los compromisos israelíes se plantean como graduales y supeditados a evaluaciones previas. De este modo, se construye la imagen de Líbano como la parte que debe transformar su realidad, mientras que la de "Israel" es la que modifica su comportamiento en respuesta al éxito de dicha transformación.
Esta disparidad se ve reforzada aún más por la secuencia de implementación. En el acuerdo de 2024, el proceso se basa en un grado de simultaneidad: el cese de las hostilidades, el despliegue del ejército libanés y el inicio de la retirada israelí en un plazo determinado. El marco de 2026, sin embargo, comienza con la acción libanesa, seguida de la verificación, y luego avanza a fases posteriores relacionadas con la retirada, la reconstrucción o el retorno. Frases como "después", "tras la verificación", "en función del desempeño" y "tras la demostración de resultados" cumplen una función política destinada a establecer que Líbano debe actuar primero, mientras que la acción israelí se convierte en una consecuencia posterior y condicional.
Si bien los términos "verificación", "desempeño", "resultados comprobados" e "hitos medibles" pueden parecer técnicos y neutrales, implican una relación entre la parte evaluada y la parte con autoridad para evaluar. Esta relación se vuelve aún más problemática cuando el evaluador puede vincular su juicio a la retirada, la financiación o la reconstrucción. Sin definiciones precisas sobre cómo debe llevarse a cabo la verificación, el Estado libanés podría considerar completada la implementación, mientras que Estados Unidos o "Israel" sostienen que aún quedan condiciones por cumplir. En tal caso, la soberanía se transforma de una práctica nacional en un desempeño que requiere validación externa.
La soberanía de Líbano en la balanza de la seguridad israelí
El marco de 2026 no solo impone obligaciones a Líbano, sino que también redefine su soberanía y los derechos de sus ciudadanos en función de la "seguridad de 'Israel'". La palabra "soberanía" ocupa un lugar destacado en el marco de 2026 y está vinculada al monopolio estatal de las armas y a su control sobre todo el territorio libanés. Sin embargo, el texto no establece la retirada israelí como consecuencia directa del reconocimiento de la soberanía libanesa sobre su territorio. En cambio, vincula la restauración de la soberanía a la capacidad del Estado para eliminar lo que se define como una amenaza dirigida contra "Israel". Así, la soberanía se define como la capacidad de desempeñar una función de seguridad específica. Líbano debe demostrar su capacidad para controlar su territorio de manera que garantice la seguridad de la otra parte, y entonces la retirada será posible.
Por otro lado, el texto no proporciona una definición paralela y detallada de la seguridad libanesa. Los ataques, asesinatos, violaciones y la continua presencia militar israelí no están sujetos al mismo grado de escrutinio, y el incumplimiento israelí no establece un mecanismo correspondiente que permita la suspensión de las obligaciones libanesas. Este desequilibrio sitúa la seguridad de "Israel" en el centro de la definición de la soberanía libanesa, sin que la seguridad libanesa constituya una limitación correspondiente al comportamiento israelí.
El mismo efecto se evidencia en el término "zonas piloto", que presenta la implementación por fases como una prueba limitada antes de generalizar el modelo. Sin embargo, su uso en el contexto de soberanía, retirada y retorno convierte a cada zona en una unidad independiente sujeta a evaluación, y no se normaliza hasta que se reconoce su éxito. Esto podría permitir la retirada y reconstrucción en una zona, mientras que otra permanece estancada debido a disputas sobre su implementación, transformando así la soberanía nacional en una serie de problemas de seguridad local.
Además, el retorno de civiles, tal como se describe en el acuerdo de 2024, se presenta como consecuencia de un alto al fuego, la retirada y el despliegue militar. Sin embargo, según el acuerdo de 2026, el retorno y la reconstrucción dependen de la implementación y verificación de las fases de seguridad. Esto modifica la situación de la población dentro del marco del acuerdo, pasando de ser titulares de derechos cuyo derecho al retorno supuestamente se posibilita con el cese de las hostilidades, a beneficiarios que esperan el éxito de un programa de seguridad sobre el que no tienen control.
Asimismo, formulaciones abstractas como "iniciar el retorno" o "poner en marcha la reconstrucción" ocultan la responsabilidad de las demoras. En lugar de identificar a la parte que suspendió la reconstrucción o impidió el retorno, las decisiones políticas se reducen a procesos procedimentales que parecen carecer de un actor definido. El sufrimiento de la población civil se presenta entonces como una consecuencia técnica del incumplimiento de los criterios, eximiendo así de responsabilidad a la potencia ocupante y al agresor.
Palabras que otorgan y revocan legitimidad
En los acuerdos políticos, la terminología nunca es neutral. Una sola palabra puede otorgar legitimidad a una parte y negársela a otra. En cualquier texto, las etiquetas y descripciones utilizadas construyen las posiciones de las partes involucradas. El marco de 2026 emplea términos como "grupos armados no estatales", "amenazas" e "intenciones hostiles". Estos términos sitúan la resistencia dentro de un campo semántico que abarca la ilegitimidad, el peligro y la hostilidad. En contraste, las acciones israelíes se describen con términos como "respuesta", "necesidades de seguridad" y "redespliegue", mientras que a "Israel" no se le describen con etiquetas correspondientes como "potencia ocupante", "violador" o "fuente de amenaza". La elección del término "grupos armados" en lugar de "resistencia" elimina el contexto político del actor, mientras que el uso de "necesidades de seguridad" o "respuesta" para describir el comportamiento israelí proporciona un contexto justificativo. Esto no significa que la mera denominación determine la legitimidad de cada parte, pero sí establece el punto de partida desde el cual el texto pretende que el lector y el responsable de la implementación aborden el conflicto.
Esta disparidad se ve agravada por una amplia ambigüedad. El término "amenaza" podría interpretarse como armas existentes, capacidades potenciales, intenciones o retórica política. Del mismo modo, "afiliación a grupos armados" podría entenderse en un sentido organizativo estricto o ampliarse para incluir instituciones e individuos pertenecientes a un entorno político y social específico. La descripción de "actos perjudiciales" en foros internacionales podría dar pie a considerar ciertas acciones legales o diplomáticas como obstáculos al acuerdo.
Estos no son resultados inevitables del texto, sino posibilidades que ofrece la ausencia de definiciones precisas. La parte con mayor poder político y militar suele tener mayor capacidad para imponer su interpretación. En lugar de centrarse en el fracaso de la retirada o la demora en la reconstrucción, la disputa podría derivar en un debate abierto sobre hasta qué punto Líbano ha eliminado todas las formas de amenaza, o sobre la naturaleza de la relación entre el beneficiario de la reconstrucción y la resistencia.
Cuando el mediador se convierte en gestor del acuerdo
En el acuerdo de 2024, Estados Unidos y Francia figuran dentro de un mecanismo de monitoreo vinculado a la UNIFIL, y el Consejo de Seguridad sigue siendo un canal disponible para ambas partes. En el acuerdo de 2026, sin embargo, Estados Unidos aparece como mediador en las negociaciones, participante en la coordinación militar, promotor de la verificación, líder en la movilización de ayuda y facilitador de las relaciones directas y del proceso de paz.
Estos roles otorgan a Washington una amplia identidad institucional dentro del acuerdo. En virtud del mismo, se convierte en el punto de referencia que vincula los ámbitos de seguridad, político y económico. La designación de "mediador" le confiere legitimidad de neutralidad, mientras que sus funciones de verificación, financiación y coordinación le otorgan autoridad efectiva sobre la implementación, a pesar de su posición como principal aliado político y militar de "Israel".
Esta estructura desplaza el centro de gravedad de las instituciones internacionales multilaterales a la gestión estadounidense del proceso. Líbano se enfrenta entonces a una entidad que puede participar en la interpretación del texto, la evaluación del desempeño y la movilización de recursos, sin quedar al margen de la red de alianzas relacionadas con el conflicto (dado su estatus de aliado clave de "Israel"). El marco también impone un costo político al recurrir a las instituciones internacionales para exigir el cese de acciones “hostiles o perjudiciales” en foros políticos y jurídicos.
Si bien el texto no prohíbe explícitamente las acciones legales, su inclusión dentro del marco de “daño” y “hostilidad” podría condicionar su legitimidad a su conformidad con el espíritu del acuerdo, tal como lo interpreta la parte patrocinadora. De este modo, el conflicto podría pasar de un marco multilateral, donde Líbano puede ampararse en el derecho internacional, a negociaciones bilaterales bajo los auspicios estadounidenses, donde el equilibrio de poder material es más relevante.
El acuerdo como una fase… no como un final
Esta disparidad entre los compromisos decisivos de Líbano y las acciones más flexibles de "Israel" no puede entenderse de forma aislada de la larga trayectoria de "Israel" de considerar los asentamientos como fases, no como soluciones definitivas al conflicto. La historia demuestra que "Israel" considera cada acuerdo simplemente como parte de una fase que debe superar y, en el momento oportuno, se libera de cualquier compromiso que no se ajuste a sus intereses. Este patrón es anterior incluso a la fundación de lo que se denomina "Israel.
En una carta que David Ben-Gurion escribió a su hijo Amos el 5 de octubre de 1937, durante las discusiones sobre el plan de partición de Palestina de la Comisión Peel, afirmó que "un Estado judío en parte de Palestina no es un fin, sino un comienzo". La carta, cuyo original se conserva en los archivos militares israelíes y que posteriormente se publicó en traducciones y estudios históricos, revela una visión temprana que consideraba un acuerdo parcial como un paso previo para consolidar su poder y expandir sus capacidades.
“Impacto en la estructura de seguridad interna... Líbano, sus herramientas legales y diplomáticas, y la dirección de sus relaciones futuras: Logros de "Israel" en el marco de 2026”
Esta afirmación por sí sola no basta para concluir que todo acuerdo israelí está predestinado a ser violado, y es anterior a la creación de "Israel". Sin embargo, no se trata de una declaración aislada; se han hecho muchas similares en las últimas décadas. Por lo tanto, ayuda a comprender una lógica política recurrente basada en aceptar acuerdos limitados como fases abiertas a la reinterpretación cuando cambia el equilibrio de poder. Dentro de esta lógica, el valor de un acuerdo no reside en su resolución final del conflicto, sino en su capacidad para mejorar la posición militar y política, posponer nuevos compromisos y mantener margen de maniobra para el futuro.
La historia libanesa ofrece un ejemplo más directo de la brecha entre el texto y su implementación. La Resolución 425 del Consejo de Seguridad, emitida el 19 de marzo de 1978, exigió el cese de las acciones militares israelíes y la retirada inmediata del territorio libanés. Aunque "Israel" retiró parte de sus fuerzas ese mismo año, su presencia e influencia militar en el sur persistieron. En 1982, volvió a invadir Líbano y estableció la denominada "zona de seguridad". El Consejo de Seguridad no reconoció la finalización de la retirada, tal como se estipulaba en la Resolución 425, hasta el 16 de junio de 2000, más de 22 después de la aprobación de la resolución. Más importante aún, la razón de esta demora no fue el cumplimiento por parte de "Israel" de las resoluciones internacionales, sino la continua resistencia contra las fuerzas enemigas de ocupación.
Lo que "Israel" ganó y lo que el Líbano perdió
En última instancia, no solo cambió el alcance del acuerdo, sino también lo que Líbano debía pagar y lo que "Israel" recibió a cambio. Una comparación revela que la diferencia entre ambos textos radica en sus respectivas funciones políticas. El acuerdo de 2024 se formuló para abordar un problema específico —la confrontación militar— mediante el cese de hostilidades, el despliegue del ejército libanés, la retirada de las fuerzas israelíes y la creación de condiciones para el retorno de la población desplazada. A cambio de estos resultados, Líbano no estaba obligado a hacer concesiones políticas ni económicas que comprometieran su estructura estatal, sus decisiones de política exterior o su posición en el conflicto.
Sin embargo, el marco de 2026 transforma el cese de hostilidades, la retirada, la reconstrucción y el retorno —que deberían ser los resultados esperados del fin de la guerra— en recompensas condicionadas y graduales, supeditadas a la transformación de la realidad libanesa. Las exigencias ahora incluyen el desarme y el desmantelamiento de las estructuras militares, la supervisión externa de las instituciones estatales, la vinculación de la financiación y la reconstrucción al desempeño, la imposición de mayores restricciones políticas y diplomáticas, y la apertura de un camino hacia relaciones directas y la paz que podrían impulsar el acuerdo desde un alto al fuego hacia la normalización política.
En este sentido, el marco de 2026 otorga a la parte israelí un conjunto de ventajas que no obtuvo en el acuerdo de 2024: influencia sobre la estructura de la seguridad interna de Líbano, la definición y los límites de la soberanía, los instrumentos jurídicos y diplomáticos de Líbano y la dirección de sus futuras relaciones. Por el contrario, Líbano no recibe garantías más sólidas para el cese de los ataques, la retirada, el retorno o la reconstrucción. En cambio, los derechos que eran más claros y cercanos a un compromiso mutuo en 2024 se vuelven más ambiguos y graduales, sujetos a una evaluación que involucra a "Israel" y a su aliado estadounidense. Por lo tanto, se puede argumentar que la experiencia de las negociaciones indirectas, que tuvieron en cuenta las fortalezas de Líbano en esa etapa, permitió alcanzar un acuerdo más efectivo para Líbano que uno resultante de negociaciones directas con el enemigo que ignoraron dichas fortalezas.
Al Mayadeen Español