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"Terroristas de izquierdas"; la nueva excusa de la extrema derecha para una persecución trasnacional

  • Fuente: Diario Red
  • Autor: Bruno Sgarzini
  • 31 Julio 21:15
  • 26 Visualizaciones
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La Administración Trump parece querer replicar los mismos métodos de sanciones, y bloqueo de cuentas, aplicados a figuras pro Palestina.

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  • "Terroristas de izquierdas"; la nueva excusa de la extrema derecha para una persecución trasnacional.

El lanzamiento de "listas negras" de la Administración Trump, después de su cumbre contra el "terrorismo de izquierda", demuestra la intención de aplicar a organizaciones civiles y figuras progresistas el mismo manual de demonización y persecución aplicado contra países como Venezuela o Irán. Una muerte civil para quienes desafíen las políticas neoliberales y racistas de la extrema derecha internacional.

En los últimos años, el mundo ha visto cómo la extrema derecha ha afinado, y ensayado, un método que comienza con campañas en línea contra figuras y organizaciones civiles de izquierda. Quizás el caso más evidente en los últimos años es el sufrido por el movimiento pro Palestina, en pleno genocidio en Gaza, con la promoción de leyes contra el "antisemitismo" por parte de la Liga Antidifamación, relacionada con el lobby israelí.

En Estados Unidos, eso se ha reflejado, por ejemplo, con la persecución legal contra los estudiantes que protestaban contra el genocidio en los campus universitarios; en Europa, con el bloqueo de cuentas bancarias a figuras como el periodista Hüseyin Dogru, fundador de Redstream, acusado de hacer propaganda pro Hamas debido a la difusión de imágenes de los crímenes israelíes en Gaza.

En la misma lista también se ubica la sanción a la Corte Penal Internacional, sus jueces y fiscales, por su investigación de crímenes de guerra contra Benjamin Netanyahu y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, al igual que la sufrida por Francesca Albanese, relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados. La Administración Trump, en todos estos episodios, ha mostrado su voluntad de aplicar una muerte civil, en forma de bloqueo financiero, contra cualquier figura u organización que vaya en contra de la agenda de muerte promovida por Estados Unidos y su principal aliado, Israel.

La cumbre Antifa es un claro intento de globalizar esta persecución. En su discurso de presentación de la iniciativa, el propio Marco Rubio, secretario de Estado, habló de desarticular redes de izquierda que se organizan para realizar "acciones de terrorismo". Si la extrema derecha define a quién se le aplica este calificativo, es por demás verosímil que cualquier lucha pueda convertirse en una acción subversiva digna de ser castigada de forma judicial y financiera. Esto, además, le permite a la Administración Trump declarar a figuras y organizaciones como parias, para separarlas de la izquierda, el progresismo y los movimientos nacionales de cada país. Un ejercicio practicado, por ejemplo, contra los líderes de la primera ola progresista en América Latina: Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner y Lula Da Silva, entre otros.

El llamado de Rubio crea entonces un doble canal entre la Administración Trump y las extremas derechas: a través de uno, la Casa Blanca define a grandes rasgos quiénes entran dentro de sus lineamientos de forma general, y por el otro, las fuerzas de extrema derecha pueden presentar, de forma selectiva, a las personas y organizaciones incómodas. Esto genera un estímulo para que se realicen tareas de lobby con el fin de que este flujo de trabajo se amolde a los intereses de sectores antidemocráticos, como los grandes grupos económicos. Imagínense, por ejemplo, qué pasaría si algún proyecto, en el futuro, de Peter Thiel en Argentina fuese frenado por las protestas de algún poblado argentino, o si pasaría lo mismo con alguna iniciativa minera en América Latina, o el cobro de impuestos a la riqueza en alguna nación latinoamericana o europea.

Sin embargo, lo más peligroso de este andamiaje es que no necesita que las extremas derechas validen sus delirios persecutorios en las justicias locales de cada uno de los países, ni que haya un proceso de acusación y defensa contra las personas y organizaciones incómodas, sino que se aplica un Estado de excepción global que vacía de derechos a quienes sean perseguidos. Basta con ser incluido en una lista negra para que después eso dé lugar a una sanción financiera que bloquee las cuentas de los afectados. De esta forma, las víctimas de estas políticas se convierten en parias y el trabajo político de las organizaciones se ve prohibido de facto por una declaración de muerte civil extraterritorial.

Un verdadero atentado al Estado de Derecho.

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