Cuba, la CIA y el regreso de una vieja doctrina
No puede una nación erigirse simultáneamente en juez de la amenaza ajena y en el mayor fuente de amenaza hacia esa misma nación. La historia documentada de la injerencia estadounidense en Cuba, es una política de Estado sostenida a través de administraciones de signo distinto, cerca de setenta años de política de cambio de régimen no han producido el resultado que se proponían
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Cuba, la CIA y el regreso de una vieja doctrina.
El 6 de agosto, un reporte de The New York Times destapó que la CIA ha creado, un grupo de trabajo dedicado única y exclusivamente a Cuba. Para la tarea, la agencia, supuestamente, ha reunido a oficiales especializados en reclutar agentes, analistas de inteligencia, expertos en operaciones cibernéticas y, como sello distintivo, especialistas en "influencia encubierta", o sea, lo que conocemos como agentes de manipulación política.
El objetivo, según fuentes anónimas es "generar fisuras" en la cúpula del poder cubano para que los dirigentes de mano más firme cedan su lugar a otros dispuestos a negociar en los términos que dicte la Casa Blanca. La CIA, tras casi setenta años intentándolo, ha decidido que el problema, quizás, era no tener un comité dedicado al tema Cuba.
El dato no llega aislado. El mismo reporte confirma que la Casa Blanca elevó a Cuba a la categoría de "Prioridad 1" dentro del Marco de Prioridades Nacionales de Inteligencia, el mismo nivel asignado a China, Rusia e Irán; lo que implica redirigir hacia la isla recursos satelitales, humanos y técnicos que hasta hace poco se concentraban en adversarios de escala global.
En mayo de 2026, el propio director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana, para transmitir —según lo recogido por el Times— que Washington considera a Cuba un "adversario que merece atención" y que a sus dirigentes "se les acaba el tiempo" para emprender las reformas exigidas por la administración Trump.
Conviene leer esta acumulación de datos con la seriedad que merece, y el primer ejercicio de rigor es histórico. Lo que el Times describe no es una novedad, sino la reedición de una política con cerca de setenta años de continuidad.
La Comisión Church del Senado de Estados Unidos documentó ya en la década de 1970 una parte sustancial de esa historia, que van desde planes de asesinato contra dirigentes cubanos, sabotaje económico, campañas de desinformación hasta vínculos con el crimen organizado, y todo ello parte de una política de Estado sostenida a lo largo de administraciones de ambos partidos.
Que setenta años después la CIA cree un grupo de trabajo específico para Cuba no debería sorprender a nadie mínimamente informado; debería, en todo caso, invitar a preguntarse por qué una potencia que se presenta como garante del orden internacional basado en reglas, sigue recurriendo, de manera casi ininterrumpida, al mismo repertorio de injerencia encubierta contra un país que no representa para ella ninguna amenaza militar.
El segundo ejercicio de rigor tiene que ver con la naturaleza misma de la filtración. Una revelación de este tipo, sustentada en fuentes anónimas y sin documentos verificables, publicada por el medio de mayor autoridad institucional de Estados Unidos, debe leerse como un instrumento de comunicación para producir un efecto psicológico concreto sobre dos audiencias distintas.
Hacia adentro de Cuba, instala la sensación de cerco permanente y la idea de que la fractura del liderazgo es cuestión de tiempo. Hacia Estados Unidos, alimenta un relato de amenaza que resulta políticamente rentable para sectores que necesitan mantener la tensión con Cuba como activo electoral, en particular en la Florida.
En esta secuencia de acciones, desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt amplificó en paralelo la tesis del secretario de Estado Marco Rubio, que días antes había presentado a Cuba como una "superpotencia de espionaje" vinculada a la financiación de movimientos estudiantiles y protestas dentro de Estados Unidos.
Si Cuba fuera, como sostiene Rubio, una "superpotencia de espionaje" capaz de infiltrar instituciones estadounidenses y financiar movimientos internos, resulta cuando menos paradójico que, apenas un día después, el propio aparato de seguridad nacional de Estados Unidos anuncie que va a incrementar sus capacidades de espionaje sobre Cuba.
La afirmación se derrota a sí misma, quien necesita ampliar su aparato de vigilancia sobre un adversario para igualarlo no está describiendo la potencia ajena, está revelando su propia inquietud respecto a una ventaja que dice tener asegurada. Y que sea el Departamento de Estado, más que la propia comunidad de inteligencia, quien administre buena parte de este relato dice tanto sobre la función política de la narrativa como sobre su contenido informativo.
Por qué esta injerencia no debería producirse
La fundamentación no depende de la simpatía o la antipatía hacia el gobierno cubano, debería depender de principios que Estados Unidos suscribió y que invoca de manera selectiva cuando le conviene.
La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y la propia Asamblea General reconoció ya en 1965, mediante la Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados, el principio de no intervención como corolario indispensable del derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Un programa de inteligencia diseñado explícitamente para "generar fisuras" en la conducción política de un país y sustituir a sus dirigentes por otros más dóciles a los intereses de una potencia extranjera es, por definición, una violación de ese principio, independientemente de que se ejecute con satélites y ciberoperaciones en lugar de con brigadas armadas.
A ese argumento jurídico se suma uno empírico, y es quizá el más incómodo para quienes diseñan estas operaciones. Cerca de setenta años de política de cambio de régimen no han producido el resultado que se proponían.
Ni el bloqueo, ni los planes de sabotaje documentados por la Comisión Church, ni las sucesivas rondas de sanciones, ni ahora este grupo de trabajo secreto, han logrado la fractura que se anuncia de manera recurrente desde hace décadas.
Que se necesite crear una unidad especializada para encontrar fisuras es, en sí mismo, una admisión involuntaria de que esas fisuras no han aparecido donde se las ha buscado con tanta insistencia. Lo que sí ha producido esa política, de manera consistente y verificable, es desgaste material sobre una población civil que carga con el costo de una estrategia de guerra que se le impone desde afuera.
Queda, por último, un argumento de coherencia que ninguna potencia debería poder eludir sin desprestigiar su propio discurso. No puede una nación erigirse simultáneamente en juez de la amenaza ajena y en el mayor fuente de amenaza hacia esa misma nación. La historia documentada de la injerencia estadounidense en Cuba, es una política de Estado sostenida a través de administraciones de signo distinto.
Frente a una política de esa naturaleza y esa duración, el argumento más sólido debe ser la insistencia en principios que deberían aplicarse por igual a todos los Estados, el de soberanía, no intervención, autodeterminación y responsabilidad por el costo humano de las decisiones que se toman en nombre de la seguridad nacional.
Mientras esos principios se apliquen de manera selectiva, cualquier filtración, por autorizada que parezca su fuente, seguirá mereciendo la misma pregunta: ¿a quién beneficia que esto se sepa, precisamente ahora, y de esta manera?
Al Mayadeen Español