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  4. Ante la sexta revisión del FMI, Noboa abriría el catastro minero

Ante la sexta revisión del FMI, Noboa abriría el catastro minero

  • Fuente: Diario Red
  • Autor: Orlando Pérez
  • 20 Agosto 18:08
  • 32 Visualizaciones

La deuda del sector público agregada del Ecuador con el BID en términos nominales pasó de 4 645,5 millones de dólares en mayo de 2017 a ocho mil 898, un millones en mayo de 2026 (último dato oficial). Es la segunda deuda multilateral más grande, después del FMI

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  • Ante la sexta revisión del FMI, Noboa abriría el catastro minero
    Ante la sexta revisión del FMI, Noboa abriría el catastro minero.

El gobierno de Daniel Noboa se someterá a una nueva revisión del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre próximo. Para este nuevo examen deberá responder por los ajustes en la economía ecuatoriana después de la revisión realizada en abril pasado y que le significó al gobierno un desembolso inmediato de 394 millones de dólares “para respaldar la estabilidad macroeconómica”.

En cada una de las revisiones se activan nuevas presiones para el recorte del gasto público, la inversión pública, el incremento del precio de los combustibles y la exigencia de nuevas políticas en la inversión extranjera. Ahora todo apunta a la minería y con ello a la entrada de capitales de Canadá, tal como lo ha denunciado el Observatorio de la Dolarización (ODD), un organismo de expertos en análisis de la economía y con investigaciones muy importantes sobre la realidad socioeconómica del Ecuador.

“A mediados de septiembre 2026 será la sexta revisión del SAF 2024-2025 con el FMI y uno de los compromisos que se revisará son las condiciones expeditas para la reapertura del catastro minero. Entiéndase vía libre para atraer y asegurar inversión extranjera en base al arbitraje internacional inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), claramente inconstitucional”, explica en su reporte de este 12 de agosto.

El catastro minero es la base de datos tecnológica donde se registran y administran las concesiones mineras otorgadas por el Estado. En enero de 2018 se cerró la función del catastro para otorgar nuevas concesiones, con el argumento de una "depuración". Desde esa fecha, su reapertura ha sido una promesa incumplida. En marzo último, el Gobierno prometió la reapertura en uno de los mayores eventos mineros del mundo, PDAC, realizado en Toronto.

Por eso, ODD destaca que “el financiamiento de la cartera de proyectos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en línea con la política exterior estadounidense prioriza también proyectos de extracción de minerales convencionales y críticos y trabaja estrechamente con el gobierno de Noboa financiando hasta una herramienta tecnológica para modernizar el otorgamiento de concesiones en simultáneo con ajustes normativos, aplicados también en otras latitudes”.

De hecho, en los programas de financiamiento condicionado de 2019, 2020 y 2024 acordados con FMI se impuso “la inversión energética en la variable de ajuste, generando un pasivo en infraestructura que las propias condicionalidades 2024–2026 intentan corregir por la vía tarifaria a los usuarios y de la atracción de inversión privada. El riesgo inminente de apagones y las consecuentes pérdidas millonarias se mantiene”, dice el reporte del ODD.

En la misma línea de crítica se coloca el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, quien con otros expertos han señalado el riesgo de la apertura del catastro minero en Ecuador por las características geológicas de este país, tomando en cuenta que buena parte del interés de las empresas extranjeras están en zonas de alto riesgo sísmico:

“La mayoría de las concesiones mineras se ubican precisamente en las zonas de mayor fragilidad ecológica: las altitudes medias de los Andes, los bosques nublados y los bosques montanos y pre-montanos aledaños, los páramos, las selvas; es decir ecosistemas reconocidos por la propia Constitución como frágiles. Se trata de los territorios de mayor biodiversidad del país y los que alimentan de agua a cientos de comunidades y ciudades. Construir infraestructura minera de gran escala -incluidas piscinas de relaves de cientos de metros de altura- sobre suelo sísmicamente activo y en cabeceras de cuenca no es un detalle técnico menor: es un riesgo estructural que los promotores de la minería prefieren no mencionar”, explica Acosta.   

Y es que en las últimas semanas desde varios medios de comunicación corporativos y afines al gobierno de Noboa se ha desarrollado una campaña de opinión a favor de la apertura de la minería sin restricciones, menos aún sin el respeto a las normas constitucionales que en este campo son bastante rígidas y que fueron motivo de una amplia polémica e intenso debate en la Asamblea Constituyente de 2008, en Montecristi.

Por eso, Acosta reafirma que “apuntalar el supuesto potencial minero del Ecuador citando instituciones y organismos internacionales en términos generales -como suelen hacerlo el Banco Mundial, el BID y actores afines, interesados en asegurar el suministro de recursos a los países enriquecidos- no hace sino confirmar la audacia que mueve este tipo de afirmaciones (las que circulan en editoriales y programas de opinión)”.

Todo esto ocurre además tras la firma “histórica” de un acuerdo de garantía entre el BID y el Gobierno de Canadá por 200 millones de dólares “para respaldar hasta mil millones de dólares en nuevo financiamiento destinado a proyectos relacionados con cadenas de valor de minerales críticos e infraestructura resiliente en América Latina y el Caribe”, en el que se incluye Ecuador.

El acuerdo “permitirá al BID ampliar su capacidad de financiamiento preservando al mismo tiempo su solidez financiera y calificación de riesgo crediticio”. Y la garantía es para dos áreas clave para América Latina y el Caribe: minerales críticos y la infraestructura resiliente.

De la primera, el comunicado del BID señala que “fortalecerá IDB LAC Minerals, una iniciativa regional destinada a fortalecer las cadenas de valor de minerales críticos. Respaldará proyectos que amplíen la capacidad de procesamiento y desarrollen la infraestructura necesaria para agregar valor a la cadena de suministro mediante una minería responsable, así como para conectar a América Latina y el Caribe con los mercados globales”.

Y de la segunda destaca que “espaldará inversiones en infraestructura resiliente de transporte, energía, agua y conectividad digital, garantizando la continuidad de los servicios esenciales frente a situaciones de crisis”.

Hay que recodar que el Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá el pasado 24 de julio, que deberá contar con pronunciamiento de la Corte Constitucional, “incluye inconstitucionalmente en el Capítulo 15 el mecanismo de resolución de controversias Inversor-Estado y desarrolla figuras como el arbitraje de emergencia para blindar a las inversiones de empresas extranjeras (no solo canadienses). Muchas empresas no son canadienses, pero se establecen en ese país (capital mundial de la minería) en razón de las ventajas y beneficios otorgados”, como subraya el ODD.

Por eso Acosta señala que “si la Corte Constitucional permite la entrada en vigor del mecanismo ISDS del TLC con Canadá, esta expansión minera podría venir acompañada de decisiones del Estado frente a conflictos sociales, ambientales o territoriales que terminen convertidas en demandas internacionales multimillonarias contra Ecuador”.

Por cierto, no hay que olvidar que la deuda del sector público agregada del Ecuador con el BID en términos nominales pasó de 4 645,5 millones de dólares (mayo 2017)  a 8 898,1 millones (mayo 2026 último dato oficial). Es la segunda deuda multilateral más grande, después del FMI.

  • Daniel Noboa
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