Bolivia: el laboratorio de represión de Estados Unidos
La pregunta no es si Bolivia volverá a salir a las calles. La pregunta es quién estará al otro lado del gas lacrimógeno cuando llegue ese día: ¿una fuerza policial boliviana, o una máquina de seguridad transnacional comandada desde Washington?
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Bolivia: el laboratorio de represión de Estados Unidos.
Para las y los bolivianos, el "Estado de excepción" tiene un sabor amargo. Durante las dictaduras militares de los años sesenta y setenta, el mismo instrumento legal sirvió para reprimir sindicatos, perseguir estudiantes, trabajadores, criminalizar partidos políticos y hacer "desaparecer" a quienes cuestionaban el poder militar. Muchos de los señalados como "comunistas" nunca volvieron.
Hoy el lenguaje ha cambiado. Ya no solo se habla de "anticomunismo", se habla, también, de "narcoterrorismo". El propio presidente Rodrigo Paz lo formuló sin ambigüedades en la reunión del COSDEP: "Las organizaciones criminales no tienen constitución, no tienen normas, no tienen ley". El mensaje es claro: si el enemigo no respeta las reglas, el Estado tampoco está obligado a hacerlo. La conclusión de esa cadena de represión es la prórroga del estado de excepción por 90 días más, aprobada por la Asamblea Legislativa el 17 de septiembre, y el proyecto de ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, usó cuatro adjetivos para tranquilizar a la población al anunciar la norma: "excepcional, temporal, complementaria y controlada". Pero la historia regional no respalda ese optimismo. El mejor ejemplo es el del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador que desde que inició su gestión tiene un país inmerso en el caos y la represión.
Dos unidades, una cadena de mando
A finales de septiembre, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció un "plan de seguridad": la creación de dos unidades policiales de élite en Santa Cruz y Beni, con cursos de "súper especialización" e instructores estadounidenses, con sede en San Ignacio de Velasco y Santa Ana de Yacuma, cerca de la frontera con Brasil. La versión oficial es combatir el "narcoterrorismo" y el crimen transnacional. Oviedo fue explícito: estas unidades entrarán en "operaciones de represión contra el narcoterrorismo".
La palabra clave es "represión", no "aplicación de la ley".
Lo decisivo de estas unidades no es lo que combaten, sino a quién las dirige. El propio Oviedo confirmó que recibirán apoyo en territorio principalmente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno de Paz solicitó formalmente a la OEA el despliegue de RedPolOEA, una "red de profesionalización policial" financiada por Washington que además tendrá acceso a información clasificada de seguridad. El funcionario del Departamento de Estado Michael Hankey lo dijo sin rodeos ante el Consejo Permanente de la OEA: Estados Unidos ya aportó fondos para la fase técnica inicial.
El historial de RedPolOEA merece atención. Su primer curso de capacitación se celebró en 2017 en Honduras, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, posteriormente condenado en Estados Unidos por narcotráfico. El segundo se realizó en Ecuador bajo Lenín Moreno, quien después enfrentó acusaciones de corrupción y partió al exilio. Ahora le toca a Bolivia. Esta "red" nunca exporta únicamente técnicas policiales: exporta una manera de pensar que reclasifica la protesta social como un problema de "gestión del orden".
El gas lacrimógeno como herramienta diplomática
Las imágenes de principios de octubre son elocuentes. Matthew Zamary, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos en Bolivia, entregó personalmente un lote de "equipos de protección, gas lacrimógeno y equipamiento para el control de multitudes" a la policía antidisturbios en La Paz. Su discurso merece citarse textualmente: "Rechazamos el bloqueo violento como medio para sustituir decisiones democráticas".
Traducción: el bloqueo es "violencia", y la respuesta del Estado con gas lacrimógeno es "orden". Ese poder de definir es el núcleo mismo del poder. Zamary añadió que el uso de estos equipos debe "respetar los derechos humanos", pero cuando un gobierno acaba de cerrar 53 días de protesta con un Estado de excepción y recibe de inmediato material para "control de multitudes", la retórica de los derechos humanos se convierte en un adorno retórico.
La cronología es en sí misma una prueba: tras el anuncio de nuevas movilizaciones, llegó el equipamiento estadounidense.
El Ejército sale de los cuarteles
En San Ignacio de Velasco, soldados con armas de guerra patrullan las calles. No son equipos antidisturbios, no son armas no letales: son armas de guerra. El Batallón de Infantería de Marina —una de las unidades más entrenadas de las Fuerzas Armadas bolivianas— fue desplegado en esa localidad fronteriza. Sumado a la guarnición local y los refuerzos, la presencia militar ronda los 250 efectivos. El Consejo de Seguridad de Santa Cruz aprobó la "Fuerza de Tarea Conjunta" que coordina fuerzas armadas y policía, con un plazo inicial de seis meses, prorrogable.
La base legal de estas acciones es el marco aprobado por el COSDEP, cuyo eje es un proyecto de ley que permite a los militares participar "de manera excepcional, temporal y complementaria" en la lucha contra el "narcoterrorismo" y las "organizaciones criminales transnacionales". Justiniano insiste en que esto se hará "en el marco constitucional" y "respetando derechos y garantías". Pero el significado del marco constitucional depende de quién lo interprete. Cuando un gobierno controla simultáneamente el estado de excepción, la agenda legislativa y la fuerza armada, la fuerza vinculante de ese marco es tan flexible como su retórica.
Un modelo de exportación
Bolivia es el laboratorio del "Escudo de las Américas", la alianza de gobiernos de derecha promovida por la administración Trump a la que el gobierno de Paz se sumó en marzo, cuyo objetivo declarado es combatir a las "organizaciones criminales transnacionales". Pero basta observar su funcionamiento real: financiamiento estadounidense, aval de la OEA, fuerzas policiales y militares redefinidas como ejecutoras de "cooperación en seguridad", y la protesta social reclasificada como un problema de "orden" que debe gestionarse.
Si este modelo funciona en Bolivia, si el estado de excepción logra neutralizar a un país con un movimiento social altamente organizado, puede replicarse. Guatemala, Honduras, Paraguay, e incluso algunos estados de Brasil, están observando. El valor de Bolivia radica precisamente en su dificultad: sus sindicatos, organizaciones campesinas y juntas vecinales tienen décadas de experiencia de lucha y en 2000 y 2003 lograron derrocar gobiernos con movilizaciones. Si Washington consigue demostrar aquí que la "gestión del orden" es viable, la resistencia en otros lugares perderá una referencia fundamental.
Bolivia está siendo convertida en un experimento: cómo militarizar el espacio público de un país en nombre de la "seguridad" y en “democracia”, con la etiqueta del "antinarcótico" y el ropaje de la "cooperación técnica". Los botes de gas lacrimógeno llevan impreso "donación de Estados Unidos", las unidades policiales de élite son entrenadas por instructores estadounidenses, los "observadores" de la OEA son pagados por el Departamento de Estado.
Pero la legalidad no equivale a legitimidad. Las organizaciones sociales bolivianas no han desaparecido; se están reagrupando. El movimiento indígena mantiene presencia en las asambleas departamentales, la maquinaria sindical sigue intacta. La próxima ronda de confrontación no tardará.
La pregunta no es si Bolivia volverá a salir a las calles. La pregunta es quién estará al otro lado del gas lacrimógeno cuando llegue ese día: ¿una fuerza policial boliviana, o una máquina de seguridad transnacional comandada desde Washington?
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