Cuando Donald Trump exclamó espontáneamente en agosto de 2017 que "no descartaría una opción militar" en Venezuela, sus propios asesores se quedaron boquiabiertos. Poco después, la Casa Blanca emitió una declaración revelando que el mandatario estadounidense había rechazado una llamada telefónica de Nicolás Maduro, el presidente venezolano.

Las declaraciones de Trump también sorprendieron a Caracas, que estaba acostumbrada al silencio de Washington con respeto a sus mandatarios. De hecho, el presidente George W. 

Bush, durante toda su gestión, mantuvo la política firme de evitar decir el nombre de Hugo Chávez. Obama fue el único presidente estadounidense que dio la mano a Chávez, durante una Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en el 2009. Sin embargo, nunca se llegaron a celebrar encuentros bilaterales ni conversaciones formales entre jefes de Estado, a pesar de las solicitudes de Venezuela.

En lugar de normalizar la relación entre Washington y Caracas, Obama intensificó la agenda agresiva contra Venezuela, continuando las hostilidades que habían comenzado durante el gobierno de Bush. Fue Obama quien declaró a Venezuela "una amenaza inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional de Estados Unidos, decreto que le permitió la imposición de sanciones contra funcionarios venezolanos y calificar a Venezuela como un país 'enemigo'.

Hay que recordar que la operación en marcha de 'cambio de régimen' contra el gobierno de Nicolas Maduro tiene unos antecedentes claros en los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama. Al igual que Obama continuó profundizando la agresión contra Venezuela que había iniciado su predecesor, George W. Bush –quien financió y apoyó el golpe contra Chávez en 2002 y las subsecuentes intervenciones electorales y atentados contra su gobierno–, Trump ahora está llevando la operación contra Venezuela y su Revolución Bolivariana a su punto final.

Aún con la crisis económica en el país, y un amplio descontento con la gestión de Maduro, es imposible ignorar la masiva maquinaria de injerencia que Estados Unidos ha aplicado en Venezuela durante los últimos 20 años. Lo que hoy vive Venezuela tiene sus raíces en un proceso expansivo de infiltración y cooptación de los sectores populares –y la sociedad civil en general– con el objetivo de sembrar y exagerar las divisiones y debilitar las bases de apoyo del gobierno.

El financiamiento multimillonario canalizado a cientos de ONGs en Venezuela –muchas creadas para alimentar el conflicto en el país y filtrar fondos a la oposición–, así como la asesoría estratégica y el entrenamiento a los partidos políticos, grupos estudiantiles y de la juventud o medios de comunicación, por parte de las agencias de Washington –como la USAID y la NED–, han servido para construir la imagen de un gran movimiento anti-gubernamental y, a la vez, debilitar el apoyo dentro los sectores pro-gubernamentales. 

Todo esto, combinado con el mal manejo económico del gobierno de Maduro, una corrupción incontrolable y la falta de aceptar diversas opiniones y críticas dentro del chavismo, ha llevado al país hasta un punto insostenible. Y ahí es donde entra Donald Trump.

Trump es el primer presidente estadounidense en asumir directamente el tema de Venezuela y el plan del golpe. Trump es un presidente sin escrúpulos. No esconde sus posturas ni su pensamiento. En agosto de 2017, en una reunión privada con su Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, el mandatario estadounidense preguntó por qué simplemente no podían invadir Venezuela y sacar a Maduro. Sus asesores, sorprendidos por el comentario, le tuvieron que explicar que una intervención militar podría desembocar en una situación más grave y, además, generar en la región un rechazo a Estados Unidos. Ambos asesores, Rex Tillerson y H.R. McMaster, renunciaron a sus cargos en 2018.

Ahora Trump cuenta con un equipo mucho más belicista. El halcón de guerra John Bolton –quien busca el conflicto donde sea– reemplazó al General McMaster como Asesor de Seguridad Nacional, y Mike Pompeo, exjefe de la CIA y también bastante pro-intervencionista, es el Secretario de Estado. Ambos han estado impulsando esta agresiva postura hacia Venezuela y la fase final del golpe. En estos días, Bolton hasta admitió que el objetivo de la Casa Blanca era asegurar que las reservas petroleras de Venezuela estuvieran en manos de empresas estadounidenses.

Bajo su tutela, nombraron como enviado especial para Venezuela a Elliott Abrams, un veterano de las guerras sucias en Centroamérica, además de un criminal convicto por su rol en el escándalo de Irán-Contra. Abrams también estuvo involucrado en el golpe contra Chávez en el 2002, supervisando la operación y coordinando con la oposición. Su presencia ahora como supervisor/coordinador del plan contra Venezuela es una clara indicación de que la mesa está servida. Trump ha dado luz verde para un cambio de régimen en Venezuela, usando la fuerza militar si fuese necesario.

En estos días, funcionarios del departamento de Estado admitieron que la llegada de Juan Guaidó, y su disposición de asumir el liderazgo de la oposición, era la 'última pieza necesaria' para proceder con el golpe. La agencia AP reveló que Guaidó había tenido varias reuniones con el gobierno de Trump en los meses previos a su 'auto-proclamación' como presidente-interino de Venezuela, con pleno respaldo de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y gran parte de Suramérica. 

Por eso, no deberían sorprendernos las contundentes declaraciones de Trump, su vicepresidente Mike Pence y su secretario de Estado Mike Pompeo, así como de otros representantes del gobierno y del 'establishment' estadounidense, respaldando a Guaidó y su intención de imponerse en el poder en Venezuela. Me atrevería a concluir que Guaidó no hubiese actuado de tal manera, con tanta confianza, si no estuviera seguro del apoyo de Estados Unidos, incluido el militar.

La 'accidental' revelación de Bolton de '5.000 tropas a Colombia', una frase escrita en sus anotaciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que hablaron sobre las más recientes sanciones impuestas contra Venezuela y su industria petrolera –sanciones, de hecho, que podrían paralizar al país, y no solamente el gobierno de Maduro, con un impacto devastador en la población–, reafirma que ya está en marcha la operación militar.