El presidente Nicolás Maduro, acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) próximamente a presentar el Plan de la Patria 2019-2025 para que se debata y se eleve a ley de la República, algo que marcará al país por muchos años.

La idea es un desafío serio a todos los sectores, los llamados de izquierda buscarán perpetuar las conquistas populares, las misiones y los programas sociales que serían  parte de la nueva constitución en proceso de elaboración en la ANC y en constante consulta con las bases populares.

Así,  los opositores buscarán descarrilar el proceso, al que dan calificativo de ilegal porque emana de un órgano, la ANC, que ellos entienden viola preceptos constitucionales, incluso su propia existencia pero, la única posibilidad de contrariar el proceso es lograr mayoría con un voto por el NO.

Maduro ya dijo que “pronto voy a ir a la Asamblea a presentar el proyecto de ley del plan de la patria 2025 para hacerlo ley de la República, de obligatorio cumplimiento” o sea, eso será parte medular de la nueva Ley fundamental que elaboran los constituyente desde su elección hace casi un año.

El escenario está planteado y comienzan ya los análisis sobre los pasos que debe seguir este proceso, para algunos con  probada legalidad y para otros todo lo contrario.

Al respecto, el Artículo 71 de la Constitución de 1999, impulsada por el entonces presidente, Hugo Chávez,  en su sección segunda, del referendo popular, plantea que las materias de “especial trascendencia nacional”, y esta lo es, podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros.

Pese a argumentaciones en contra de miembros de la Asamblea Nacional o Parlamento, en desacato casi desde su instalación, y que son señalados de andar por el exterior promoviendo la intervención extranjera, el referendo y su ejecución quedan fuera de toda interpretación.

El mandatario,  con todo el respaldo de la Constitución de 1999, ya reiteró que propondrá que el nuevo texto legal sea llevado a un referendo consultivo para que el pueblo decida su aplicación o no, “para que sea el pueblo el que diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada o no está de acuerdo”.

Al respecto de este proceso, el abogado y activista por los Derechos Humanos venezolano, Juan Martorano, plantea que “se observa una fractura y atomización de los factores de la oposición” que puede favorecer  el triunfo de las posiciones populares y de izquierda en una votación.

Sin embargo, algunas fuentes advierten,  que  los sectores populares no pueden caer en la desmovilización social por los reiterados fracasos de la derecha opositora.

Hay peligros latentes por el impacto de la agresión económica, se incrementan las protestas, debido a los problemas y a la crisis en servicios públicos como electricidad, agua, hospitales, enfermos, entre otras, precisa Martorano, lo cual puede drenar el apoyo popular durante el voto.

Asimismo,  agrega el analista,  “en lo militar y policial, hemos podido presenciar el accionar de las bandas criminales de la delincuencia paramilitarizada, ya que aspiran convertir a Venezuela en un Estado Fallido similar a Colombia y México por solo citar dos ejemplos relativamente cercanos”.

Dentro de todo este proceso camino a la consulta popular del nuevo texto,  destaca, además, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó la elección número 26 para completar el ciclo constitucional, y que es una materia pendiente, como lo es la elección de los y las integrantes de los diferentes Concejos Municipales del país para el mes de diciembre de 2018.

Considera Martorano que esta es  “una elección que despierta muy poco interés, por lo que los índices de abstención pudieran ser bestialmente altos”.

Algunas fuentes consideran que el referendo aprobatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mejorada ocurrirá para el mes de diciembre, conjuntamente con las elecciones para elegir a los concejales y concejalas de los 335 ayuntamientos municipales del país.

Por otra parte, oficialmente el reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deberá iniciar su segundo mandato presidencial de seis años el 10 de enero de 2019, según  decidió la Asamblea Nacional Constituyente.  El referendo consultivo permitirá al gobernante contar con un texto constitucional mejorado y que incluya como leyes su programa de gobierno.

En ese sentido,  comentaristas y togados constitucionalistas estiman que hay tiempo para dar curso al proceso.   Entre  julio, agosto y septiembre, como está ocurriendo, hay una gran consulta y jornada social de calle que aportará ideas y solidificará las conquistas populares.

Sectores populares de izquierda y los adversarios del proyecto socialista pueden hacer en ese tiempo sus propuestas a la nueva Carta Magna, un derecho de todos los venezolanos que nadie puede poner en tela de juicio.

Eso, sería el preámbulo para que de octubre hasta diciembre,  según defina  la Asamblea Nacional Constituyente con el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE), se haga la campaña y la convocatoria a la consulta popular.

Será un proceso donde solo se votará por el NO o por el SI, y cualquiera sea el resultado indudablemente se producirá un incremento de las tensiones entre los adversarios pero,  el resultado será fruto de la expresión popular y  aquí, el poder soberano manda.