Colombia: ¿paz con cambio social?
El pasado 2 de octubre Colombia se sacudió ante el resultado del plebiscito por la paz, que pretendía poner fin a más de cincuenta años de guerra entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

En un solo instante, un NO repentino ensombreció más de tres años de
negociaciones de paz; un NO incompleto, que logró arañar apenas un 50.2 por
ciento de esos colombianos y colombianas (menos de un 40 por ciento de la
población) que fueron a votar. Un NO que ha dejado en vilo a Colombia, absorta
ante la pregunta: ¿Y ahora qué?
Desde Beirut, seguí minuto a minuto el referendo, tal como hice con
las negociaciones de paz durante los cinco últimos años. Los medios perfilan
este momento como algo histórico. Para nosotros, los colombianos que hemos
nacido en la guerra y vivido la violencia en primera persona, el momento no es
solo histórico sino vital. En él se juegan nuestras propias vidas y las
esperanzas de un presente y futuro mejor para Colombia que acumula ya siete
millones de desplazados internos, 250.000 muertos y 70.000 desaparecidos.
La paz es especialmente importante para quienes buscamos un mundo
mejor. Pero la paz con cambio social. ¿Es esta paz la que se está decidiendo?
Sobre el conflicto
armado en mi país, hay tres elementos que explican por qué las FARC se
enfrentaron durante 52 años como oposición política armada al Estado.

1. La posesión de la tierra: Colombia está colmada de inequidad y
desigualdad. La mayor expresión de esto es la insultante concentración de la
tierra en manos de unos pocos. A lo largo de la historia, uno tras otro, los
intentos de reforma agraria han fracasado, desmontados y debilitados desde el
bloque de poder terrateniente.
2. El régimen político: El gobierno colombiano se ha mantenido
excluyente y represivo frente a los movimientos que han alzado su voz contra la
opresión. La participación popular ha sido no solo sistemáticamente negada,
sino reprimida con dureza, colocando a Colombia en la lista de países
violadores de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Desaparición forzada, desplazamiento interno y ejecuciones extrajudiciales han
cruzado las vidas de cientos de militantes, de defensores de derechos humanos,
sindicalistas y periodistas en mi país.
Las doctrinas de “seguridad nacional”, del “enemigo interno” y de la
guerra contra el narcotráfico y el terrorismo impulsadas por los Estados Unidos
y Europa en Latinoamérica convirtieron a las fuerzas de seguridad del Estado en
enemigas de su propia ciudadanía. En Colombia, su función no fue la salvaguarda
de las fronteras sino que aplicaron letales dispositivos contra población civil
desarmada acusada de ser el “entorno” de los grupos armados insurgentes, y
aplicando una justicia criminal de persecución y terror entre movimientos
sociales y grupos de protesta.
Mi historia no es
aquí una excepción: en 2005, me dieron menos de 12 horas para empacar las maletas
y salir del país, a riesgo de perder mi vida. Cuarenta años de mi vida
empacados en 12 horas. Como yo, miles de defensores de derechos humanos han
tenido que dejar su país. Otros muchos miles ni siquiera tuvieron esa
oportunidad.

3. La historia: A raíz de la llegada violenta de los reinos europeos
desde 1492, se han ido gestando en Colombia –y en Latinoamérica- las bases
sociales y simbólicas de la guerra de guerrillas revolucionaria que hizo
conocer el pueblo cubano. Comunidades indígenas y negritudes han participado en
la gesta bolivariana que continúa marcando el sendero de cambio social en
Latinoamérica.
Por esta realidad histórica de Colombia, hoy sabemos que nuestro
dilema no gravita en la paz o la guerra, sino en la rebelión o el conformismo,
el estancamiento o el cambio, el trabajo colectivo o la explotación. Paz sí, ¿pero a qué costo?
Una gran parte de la comunidad internacional propone la
desmovilización de las guerrillas para que el país se inscriba en el mundo
globalizado sin oposición política armada al Estado. El costo de esto es
desvertebrar la resistencia que ha marcado a Colombia en estos cincuenta años.
Es, para los colombianos que hemos abanderado la justicia social, abrir un
camino sin retorno que por ahora tiene más interrogantes que certezas.
La pregunta “¿y ahora, qué?” todavía nos persigue. El bloque más
reaccionario de Colombia pretende vaciar de contenido social los acuerdos,
apoyados en la confusión y el miedo al cambio. Son los mismos que, con amenazas
y mentiras, buscan sumir a Colombia en otros 100 años de soledad.
Pero la rebeldía ancestral ha empujado a muchos y muchas a las calles,
a pedir que se respete el acuerdo de paz. Hoy, un segundo grupo guerrillero, el
Ejército de Liberación Nacional, empieza un ciclo de negociaciones de paz con
el Gobierno. El aroma a cambio y modernización que parecen atisbar los acuerdos
contagia ya a la sociedad colombiana.
Frente a la promesa de una sociedad en paz, el reto para los
movimientos sociales es crear las condiciones para una nueva institucionalidad
que responda a la expresión latinoamericana del Socialismo Siglo XXI, el
libertarismo, el comunismo y las mejores expresiones de la democracia.
Más allá de las urnas, más allá de un SÍ o un NO, Colombia debe
avanzar hacia un cambio social y estructural. Nuestro futuro no puede depender
de una votación. Más allá de estas, cantarán los cisnes porque: “Estamos
condenados a vencer”.