No hay paz ni transición a la misma sin justicia social. Así lo repitieron durante cinco dolorosas décadas los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP y del ELN, y tenían absoluta razón en plantearlo así, ya que de lo contrario no tendría explicación que la lucha se hubiera prolongado tanto tiempo. Ni siquiera el Gobierno, en su desprecio constante por las demandas sociales de los más humildes, puede negar que las razones que provocaron la guerra siguen vigentes y las consecuencias de la misma están en la superficie: decenas de miles de muertos y desaparecidos, millones de desplazados y varios miles de prisioneros políticos. La tierra sigue en manos de muy pocos y las demandas del campesinado y los trabajadores nunca encuentran tiempo oficial para ser escuchadas y resueltas. Si a esto se le suman los innumerables crímenes y amenazas de muerte sucedidos en los últimos meses contra dirigentes populares, se tendrá un claro panorama de qué paz habla cada uno.

Por todo ello, y porque escucharon el mandato de amplios sectores de la población que estaba cansada de violencia, las FARC se sentaron a la mesa de negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos. Con motivos basados en las presiones de la burguesía y de los Estados Unidos, que necesitan “pacificar” (es decir, quitarse a los guerrilleros de encima) para recuperar territorios que son óptimos para la atracción de más inversores trasnacionales, Santos y sus amigos se embarcaron en un concepto de paz que les quedaba lejos. Justamente ellos que forjaron las mayores masacres de militantes populares, que le dieron curso a los planes de exterminio diagramados desde Washington y que no dudaron en alentar estrategias económicas que permitieran desarrollar el extractivismo, para finalmente subirse al tren de la Alianza del Pacífico para poner en marcha más tratados de libre comercio. No, la paz de Santos no se parece a la paz que anhelan los sectores populares. Sin embargo valía la pena jugarse con todo para buscar una salida al conflicto.

Cuatro años de marchas y contramarchas en La Habana, de discusiones furiosas y lectura de comunicados moderados para que la opinión pública no se desalentara, han sido algo más que un intento. Una mesa donde se sentaron a la misma todas las franjas del Gobierno, desde los que practicaron el terrorismo estatal hasta los que como parte de la burguesía colombiana anhelan tener “paz” para seguir haciendo buenos negocios. Y finalmente se llegó a un acuerdo. Por supuesto que no es lo que se soñaba cuando Marulanda y Jacobo Arenas hablaban de la toma del poder, pero es lo que se pudo lograr en estas circunstancias de empate técnico, para que no haya ni vencedores ni vencidos. Con concesiones por ambas partes, pero dejando la sensación que la guerrilla puso mucho más a nivel práctico frente a un maletín de folios cargados de promesas por parte del gobierno santista. No es poca cosa para una organización político-militar tomar la decisión de desarmarse y emprender la lucha por la vía política. Algo que se dice pronto pero que a la sombra de lo ocurrido con la Unión Patriótica significa una apuesta gigantesca a la paz. No obstante, nadie duda que es una elección plagada de peligros en sus resultados a futuro, teniendo en cuenta las argucias y triquiñuelas del otro bando, y también la existencia de varios miles de paramilitares, y no pocos uniformados del ejército “legal” dispuestos a seguir con su táctica de “eliminación selectiva”. La guinda de la torta son las nueve bases norteamericanas, inamovibles. Otro dato real e inquietante: unos se desarman y los otros no dejan de realimentar su carrera armamentistas gracias a la contribución de EE.UU, Israel y la Unión Europea.

 

Luego de todo lo andado llegó el polémico plebiscito. Algo innecesario en las actuales circunstancias ya que con lo discutido en Cuba bastaba. Más aún, sabiendo que una buena parte de la población había sido inoculada por el discurso mentiroso del NO, para lo que Uribe Vélez tuvo tanto tiempo de hacer campaña como los años que duraron los diálogos habaneros. El SI en cambio, partió tarde en esa carrera y no supo o no pudo explicar mejor su propuesta. Creyó que con mostrar los acuerdos firmados alcanzaba y sobraba.

Fue de tal radicalidad la publicidad del voto negativo que recordó a los peores momentos de la “guerra fría”, donde el uso semántico del “comunismo ateo” y otras amenazas apocalípticas surtían efecto como “asusta bobos”. En Colombia, los partidarios del NO y sus amigos de los grandes medios usaron a Venezuela como el “peligro a consumarse” si se votaba positivamente y llegaron a juntar en su propaganda sobre los “demonios”, a Fidel, Chávez, Santos y Timochenko.

Con una abstención descomunal, que habla del estado de falta de conciencia y bombardeo mediático ideológico que vive la sociedad colombiana, ganar por un punto con un 18% de los votos no significa nada, pero tuvo el efecto desestabilizador que buscaba la derecha uribista.

 

Santos, el gran derrotado en esta ocasión, tuvo que sentar rápidamente a la mesa a su ex socio Uribe y a su colega Pastrana, y escuchar sus cavernarias propuestas. Más aún, el santísimo decidió cambiar la sintonía que venía teniendo en estos últimos días y mostrar a la opinión pública la puesta en marcha de un nuevo Gran Acuerdo Nacional, volviendo a mentir al decir que es “para consolidar la paz”.

A esta altura de los acontecimientos, queda claro que la idea maquiavélica del dúo Santos-Uribe es tratar de arrebatarle a las FARC los aspectos esenciales de lo hasta ahora acordado. Es decir, hacer una trampa mayúscula una vez que lograron que la guerrilleada saliera a la superficie, esté peligrosamente localizada y en condiciones -por decisión propia- de no producir un retorno a las armas. Uribe lo dijo con todas las palabras, o se revisa “ese acuerdo de concesiones que se le han hecho a las FARC” o sólo se va a tratar de papel mojado.

 

A pesar de ello e incluso de los fraternales consejos suministrados por amigos internacionales de las FARC que insistieron en que por ahora suspendan la dejación de armas, su máximo referente, Timoleón Jiménez, ratificó su apuesta por todo lo andado, y como es lógico la comandancia en pleno se opone a modificaciones de lo ya firmado como pretenden ahora Uribe y Santos. A esta altura, es preciso confiar que la fuerza de esta decisión residirá en la potencia que tengan las movilizaciones populares para que la partidocracia liberal-conservadora no quiera escamotear el tránsito hacia la paz y convertirla en una rendición de la guerrilla. Además de ser una idea nefasta conduciría todo el proceso a un nuevo callejón sin salida. Algo difícil de soportar, incluso para los que tan masivamente decidieran abstenerse.