A menos de seis meses de iniciar su segundo período presidencial, Daniel Noboa enfrenta la presión de sectores populares de Ecuador que cuestionan no solo su política; también está en solfa su mandato.

El llamado a paro general convocado hace una veintena de días por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para rechazar el aumento en el precio del combustible fue la chispa para que afluyeran las inconformidades de gremios, organizaciones sociales y estudiantiles con un rosario de demandas acumuladas desde que el exmandatario Lenín Moreno, quien asumió en 2017, para, supuestamente, continuar la labor de Alianza PAÍS, traicionara al movimiento y retornara los destinos de Ecuador a los programas neoliberales dejados atrás desde 2007, con la irrupción del nuevo país proclamado bajo el liderazgo de Rafael Correa.

Noboa va por el mismo rumbo de Moreno, y las bases sociales que apoyaron a Luisa González y la Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones de inicios de año le están colocando un «Pare» anunciado desde que, por 11 puntos sorpresivos de diferencia que la RC cuestionó, el joven Presidente derechista obtuvo la reelección en segunda vuelta.

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Ante los oídos sordos del ejecutivo, los movilizados han ratificado este lunes el paro. El Gobierno ha continuado y pudiera hacer más grave el retroceso iniciado por Moreno, que tuvo continuación con Guillermo Lasso, sometido por propia voluntad a la llamada «muerte cruzada» para evitar un juicio político en el Congreso por corrupción, lo que dio paso a elecciones adelantadas.

Ahora las tensiones reviven un largo período de inestabilidad transitado por Ecuador desde fines del pasado siglo, con sucesivos Gobiernos cuyas políticas enfrentaron el rechazo de amplias capas de la población, que se resistieron a ello.

En enero de 2000, Jamil Mahuad fue demovido por otro paro general convocado por la Conaie ante la grave crisis que enfrentaba la nación.

Cinco años más tarde ocurriría algo parecido al exmilitar Lucio Gutiérrez, quien había llegado al poder acompañado por Pachakutik, el brazo político de la Conaie, y que salió de su Gobierno por diferencias de fondo con la política del mandatario. Gutiérrez debió dejar el poder ante el rechazo de multitudes que tomaron las calles en lo que se conoció como la Rebelión de los forajidos. Noboa debía estar advertido.

El denunciado ataque a una caravana presidencial en la localidad de El Tambo la semana pasada se ubica en medio de un enojo popular que crece no solo por las medidas gubernamentales en materia de economía y decisiones políticas que comprometen la soberanía del territorio nacional. Además, la manera despiadada en que han actuado las fuerzas del orden ha puesto la tapa al pomo de las inconformidades.

Las peticiones y reclamos sociales no se escuchan, y están siendo respondidos bajo el mismo estado de emergencia que ha caracterizado los 18 meses de la primera gestión de Noboa y lo que va de esta.

Despierta repudio que la protesta social se esté enfrentando de la misma manera en que el ejecutivo pretende detener la violencia de bandas ligadas al narcotráfico.

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Por si fuera poco, al quehacer neoliberal del Gobierno se añade su aplauso y adhesión a las estrategias militaristas y hegemónicas del presidente estadounidense Donald Trump, lo que, además de comprometer la seguridad del país, lejos de defenderla —como se pretende hacer ver—, pone en riesgo la integridad de la región latinoamericana y caribeña. 

La insistencia del mandatario ecuatoriano en legalizar la apertura de nuevas bases militares estadounidenses mediante un referendo constituye otro motivo de repudio, aunque se sabe que los uniformados del Pentágono ya tienen «licencia» para alegados ejercicios conjuntos y asesoría.

Ahora se pretende legalizar la reapertura de bases extranjeras en el territorio nacional, prohibidas por la Constitución de 2008, que aprobó el pueblo durante la gestión de Correa.

Para ello, el ejecutivo convoca a votar el 16 de noviembre en un referendo constitucional y una consulta popular que se realizarán al unísono.

Las preguntas más trascendentes están referidas a la eliminación del artículo de la Carta Magna que prohíbe las bases militares extranjeras, así como se propondrá la reducción de curules de la Asamblea Nacional. La consulta, en tanto, indagará acerca de la convocatoria a una Constituyente.

Pero esa votación será, en verdad, un plebiscito que podría terminar de ilegitimar a un mandatario que ha incumplido sus promesas, y se empeña en combatir el reclamo social de la misma forma en que enfrenta la delincuencia.

Aun para llegar allí, Noboa deberá transitar exitosamente el escabroso terreno de repulsa social que su mandato atraviesa.