No solo los presentes en la sala de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, sino hasta las inertes butacas del amplio teatro, sufrieron constantes estertores durante el mendaz discurso del presidente colombiano Iván Duque.

Muchos se preguntaban si era ficción la presencia y la alocución realizada por uno de los mandatarios en cuyo país se violan a diario los derechos humanos, se reprime a estudiantes, se asesina a líderes sociales y a exguerrilleros que firmaron los acuerdos de paz. Que permite siete bases estadounidenses en su territorio y aparece como el mayor productor de cocaína del mundo, entre otras muchas  arbitrariedades.

Analicemos partes de su exposición: “Logramos la más importante reforma social de este siglo en Colombia y la aprobación de la más importante reforma fiscal en materia de recaudo, que llega al 1,8 % de nuestro Producto Interno Bruto, fortaleciendo la regla fiscal de endeudamiento y la reducción del déficit, estableciendo una senda para estabilizar las finanzas públicas y asegurar una amplia red de protección social”.

Desde hace cerca de un año las manifestaciones y revueltas se han prolongado tras la propuesta de Duque de una reforma fiscal para cubrir el déficit económico relacionado con la pandemia de coronavirus. Ante la grave situación creada, en aquel momento el magnate tuvo que dar marcha atrás, pero tras amainar las demostraciones por la fuerte represión desatada, a principios de septiembre volvió a imponer la reforma fiscal.

José Miguel Vivanco representante de Human Rights Watch, una organización completamente de derecha, denunció que “se usaron tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes, lo que es un arma peligrosa e indiscriminada», La represión dejó 63 muertos, más de 1000 heridos y alrededor de 100 desaparecidos.

El nuevo proyecto de reforma fiscal del régimen pretende recaudar unos 3.640 millones de dólares entre recursos tributarios temporales y permanentes a costa de la reducción de los gastos públicos.

Un artículo del diario New York Times publicado el 22 de septiembre denuncia: “La generación joven vive descontenta por la falta de oportunidades para estudiar y trabajar, y a la sombra de décadas de una guerra interna. El 60 % de los graduados de bachillerato no puede acceder a educación superior de forma inmediata. La crisis económica mantiene a 22 millones de personas (de los 43 millones de habitantes) sumidas en la pobreza y a 7,4 millones en la pobreza extrema. La respuesta del Gobierno nacional a las demandas de reivindicaciones ha sido la brutalidad y la represión. En el punto más álgido del paro, entre el 28 de abril y fines de junio de este año, hubo 63 homicidios a manos de integrantes de la fuerza pública… Vimos jóvenes corriendo para refugiarse del Estad (Escuadrones Móviles Antidisturbios). Vimos a miembros de la policía disparando contra los manifestantes, pero también vivimos la unión alrededor de las ollas comunitarias en las que se alimentaron cientos de personas, que de otra manera morirían de hambre”.

Organizaciones gremiales afirman que el 64 % de los colombianos trabaja en la informalidad; el 18 % en labores ilegales, mientras el 89 % de los asalariados no tienen protección social y el 47,1 % ganan menos del salario mínimo legal. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Honduras.

Como si el mismo Duque se lo creyera, en el discurso en la ONU señaló: “Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El débil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las FARC, tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU”.

Para contradecirlo, nada mejor que el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) del 20 de septiembre, el cual denuncia que en lo que va de 2021 han sido asesinados 124 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en casi toda la geografía colombiana y en especial en Tumaco, Lariño, Carmen de Darien, Caloto, Cauca. A la vez se han contabilizado 72 masacres en el año, con 258 víctimas, deleznables hechos que no han ocurrido en ninguna otra nación de Latinoamérica.

Duque, sin pudor e inmiscuyéndose en asuntos de otro país, continuó: “Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática y la narcodictadura, si bien dan alguna esperanza, no nos permiten ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial, libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo, agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente”.

Su ancestral odio contra la República Bolivariana de Venezuela lo llevó a cargar contra el diálogo que se efectúa en México entre el Gobierno y la oposición ultraderechista encabezada por el desacreditado Juan Guaidó, que ha realizado numerosos actos de sabotaje económico-financiero contra el pueblo venezolano, así como acciones de sabotajes, atentados, invasiones armadas y hasta intentos de magnicidio, con apoyo de Colombia y de Estados Unidos.

Aun no se conoce cuál es el estado narcoterrorista al que se refirió, porque desde Colombia se ha exportado a miembros del ejército y ha entrenado mercenarios para atacar poblaciones venezolanas o para cometer el magnicidio del presidente haitiano Jovenal Moise.

Pero dejemos que sea la propia ONU la que lo desmienta: Según el informe anual de drogas que realiza la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más del 70 % de la cocaína que se consume en el mundo es producida por Colombia. Agrega que la ausencia del Estado colombiano en vastos territorios del país, así como su negligencia en el cumplimiento de los compromisos contraídos tras los Acuerdos de Paz, ha dejado sin respuesta a la mayoría de las comunidades donde prolifera la producción de coca. Se calcula que cerca de 450.000 familias están en las zonas de producción, sin ningún tipo de alternativa a la siembra ilegal, bajo amenaza constante de grupos mafiosos quienes se benefician por la venta de droga.

El último boletín de la Defensoría del Pueblo puntualiza que: “Uno de los flagelos del conflicto armado colombiano que durante 2021 ha crecido a niveles alarmantes es el desplazamiento forzado. Entre el primero de enero y el 31 de marzo de este año alrededor de 27.435 personas han sido obligadas a movilizarse contra su voluntad. La estadística representa un crecimiento del 96 % en relación con el mismo periodo en 2020”.

Colombia, el más fiel aliado de Washington en la región, tiene en su territorio siete bases militares estadounidenses y es el único país de Latinoamérica miembro de la agresiva Organización del Atlántico Norte (OTAN).  

Las irrefutables pruebas desbaratan la mendaz alocución de Iván Duque en el plenario de la Asamblea General y lo desnudan completamente ante la comunidad internacional.