Las elecciones regionales en Venezuela se refieren a un proceso electoral en el que son designadas las autoridades parlamentarias, los gobernadores y alcaldes, así como otras autoridades especiales. Hasta el 1989 eran solo Parlamentarias, se realizaban el mismo día que las Presidenciales; gobernadores y alcaldes eran designados por el ejecutivo nacional, a libre arbitrio.

Debido a la complejidad del proceso eleccionario, y con el objetivo de que sea más fluido su tratamiento, el trabajo se estructura de la siguiente forma: primero, un análisis de las parlamentarias hasta noviembre de 1998, segundo, el tratamiento a la elección de gobernadores y alcaldes desde su primera ocasión en 1989 hasta noviembre de 1998, y tercero, el proceso eleccionario regional posterior al triunfo del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en diciembre de 1998, incluyendo una apreciación acerca de las condiciones en que se desarrollaran las elecciones de noviembre de 2021.

Peculiaridades de las elecciones parlamentarias

En los albores de la década del cuarenta del siglo XX surge el sistema de partidos políticos modernos venezolanos, y a partir de ese momento, el elector tiende a votar por el candidato congresional del partido de su elección, lo que hace que haya una relativa correspondencia psicológica entre la preferencia por un partido en las presidenciales, y el candidato de esa propia organización política que asumirá un puesto en la cámara o en el senado.

En dependencia del resultado de los partidos en las elecciones parlamentarias, se les otorgaba una cuota financiera por el gobierno de turno, por lo que estas elecciones se convirtieron también en objeto de atención por el enriquecimiento económico de determinadas elites dirigentes de los entes partidistas.

Al igual que sucede en la mayoría de los países de la región, en Venezuela comienza un proceso de ascensión vertiginoso de algunos partidos, y en tal sentido sobresalen por su fuerza en el apoyo electoral, Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) que asumen el carácter predominante y se alternan en el poder hasta 1998. Desde el principio AD se autoproclama un partido policlasista, lo cual le permite obtener una amplia base de apoyo, y COPEI nuclea a los sectores más vinculados a la iglesia católica.

Existían otros dos, la Unión Republicana Democrática (URD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) pero no logran agrupar sustancialmente al electorado. El PCV logra sólo una pequeña base social, puesto que se autolimita, permitiendo solamente, según sus estatutos, la presencia de obreros, que en su gran mayoría, no identificados con un sentimiento de lucha de clases, prefieren militar en Acción Democrática.

Finalizada la década del 40 se produce un intento fallido de los militares por apropiarse del poder político, como consecuencia se ilegalizan a los partidos AD y el PCV, y algunos de sus líderes son perseguidos y encarcelados. Para ese entonces, AD contaba con el apoyo de más del setenta por ciento del electorado, y la sumatoria de apoyo conjunto con COPEI, sobrepasaba el noventa y seis por ciento.

En los primeros días de 1958 era tal el descontento social que un amplio movimiento popular saca del poder al presidente de turno, Marcos Pérez Jiménez; mientras que las fuerzas sociales entran en contradicciones por su carácter heterogéneo, AD y COPEI aprovechan para cerrar filas, y aprueban firmar el Pacto de Punto Fijo, mediante el cual se proponen crear una coalición permanente que les permitiría cuotas garantizadas de poder.

El PCV apoya a los miembros del Pacto; paradójicamente, determinadas fuerzas de la Izquierda, en buena medida militantes del PCV descontentos con la proyección nacional del Partido, inician la lucha armada, situación que persiste hasta mediados de la década del setenta en que se reincorporan a la vida institucional, aunque minoritarias.

En los procesos electorales parlamentarios de 1958 hasta 1968, se crean alianzas regionales que, aunque comienzan con muy poco nivel de aceptación, su progresión se hace paulatina. El PCV no participa en las elecciones del 63, prefiere mantenerse al margen con el objetivo de trazar una estrategia que le permitiese ganar en la masa de votantes; como consecuencia participa en 1968 con el nombre Unión para Avanzar, pero apenas llega al 2.82%.

En 1968 surgen dos nuevos partidos a nivel nacional que intentan, sin resultado, ampliar su base social: el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), consecuencia de la división de AD; y la Cruzada Cívica Nacionalista (CCN) que se agrupa en torno a la figura de Marcos Pérez Jiménez, ex dictador derrocado en 1958.

En 1970 se produce una fuerte escisión dentro del PCV, dando origen al Movimiento al Socialismo (MAS), que se convertiría en la tercera fuerza política del país, aunque sus resultados electorales en el orden regional, no sobrepasan el 10 %.

Aunque AD continúa siendo un partido fuerte, va cediendo su carácter de predominio a COPEI, que poco a poco también lo va perdiendo por similares causas, desgaste en el electorado por el incumplimiento de las promesas parlamentarias, los electores comienzan a darse cuenta que mediante movimientos regionales u otras organizaciones locales mejoran las condiciones de vida de sus comunidades, y obtienen mayores beneficios.

Se produce una reversión del apoyo electoral, que llega a su clímax en 1993, el electorado deja de percibir en el apoyo al partido a nivel nacional la manera de garantizar sus necesidades, provocado fundamentalmente porque los congresistas van apartándose de las demandas sociales, y los partidos estaban más concentrados en resolver sus pugnas internas que en satisfacer los intereses de su potencial electorado en la base.

Al transcurrir las elecciones del 1993, nuevas fuerzas políticas cobran auge en marcado detrimento de las tradicionales, en consecuencia AD modera sus planteamientos moviéndose hacia el centro, COPEI se va deslastrando de los sectores más reaccionarios y alcanza una posición muy similar a la de AD; por lo que se puede seguir hablando de dos partidos, pero con una sola base programática.

El MVR aparece como coalición en 1997, participa por primera vez en 1998, y es el movimiento político que facilita el triunfo del presidente Hugo Chávez, en diciembre de 1998, un mes después de las elecciones parlamentarias.

Irrumpen con más fuerza en la escena política proyectos que primero fueron regionales, como Proyecto Carabobo que obtiene un amplio apoyo nacional, al punto que es reconocido como ente nacional, y cambia su nombre por Proyecto Venezuela, con su fuerte base social de carácter local intenta disputar la presidencia a Hugo Chávez, el MAS de ascendencia nacional dirige su accionar hacia la base, lo que hace que se fortalezca el sentido de pertenencia del electorado regional sobre el nacional. La falta de sagacidad de los principales partidos AD y COPEI para hacer coincidir sus intereses nacionales con los regionales profundizó aún más la falta de confianza en los partidos nacionales.

Elementos tales como dos intentos de golpes de estado, a inicios de los noventa, uno de ellos liderado por Hugo Rafael Chávez Frías, quien ya venía perfilándose como un líder carismático, y el sostenido descontento social ante la situación económica imperante, posibilitan que se consolide un cambio en los patrones de votación, que afectó negativamente el sistema de partidos tradicionales de Venezuela, al preferir los electores votar, con mucha más fuerza, por partidos y fuerzas políticas regionales.

Nuevas características del sistema electoral (hasta 1998)

El ascenso creciente de fuerzas políticas regionales y locales, unido a la penosa situación económica como consecuencia de una crisis institucional en los poderes estatales, posibilitan que, desde la base los electores insistan en la elección de gobernadores y alcaldes, tal y como refrendaba la Constitución de 1961.

En 1989 asume la presidencia Carlos Andrés Pérez, también de AD, oponiéndose en un principio a la adopción de dichas elecciones, pero acepta finalmente ante la presión social. Ese mismo año se celebran por primera vez las elecciones para la selección de gobernadores y alcaldes, quienes cumplirían su función por tres años, con posibilidades de reelección inmediata por una sola vez.

Dichas elecciones sirvieron para que sus candidatos llevaran a vías de hecho necesidades tales como una más efectiva redistribución territorial, en tal sentido regiones como Amazonas y Delta Amacuro, por su peso económico, electoral y político en la base, son aceptados por el Congreso, ante la presión social, para que de territorios federales pasen a ser Estados legalmente constituidos, y por tanto con derecho a ejercer el voto regional en igualdad de condiciones.

En 1989 se eligen gobernadores en 20 entidades federales; a partir de los comicios de 1992 agregan dos, Amazonas y Delta Amacuro haciendo un total de 22, y en 1998, una más, el estado Vargas, para 23. Fuente: CNE. Dirección de Estadísticas Electorales. Directorio Elecciones Regionales. Cálculos propios. 1998.

Para inicios de 1990, los partidos políticos tuvieron una fuerte presencia en la base popular, o sea en municipios y comunas, desde esas instancias de base se practicaba el clientelismo, y de ahí hacia arriba se escalonaba el apoyo o preferencia por los partidos.

Al disminuir el poder de los líderes partidistas nacionales sobre los miembros de sus partidos en la base, y surgir con fuerza los liderazgos regionales, los partidos tradicionales enfrentaron problemas para adaptarse, debido a que no fueron capaces de flexibilizar sus estructuras internas que hasta esa fecha habían operado con un alto nivel de jerarquización. Esto posibilitó la selección de gobernadores y alcaldes pertenecientes a otros partidos no tradicionales y organizaciones sociales de base, algunos de los cuales intentan, sin éxito, conformarse en partidos nacionales con vistas no solo a fomentar un liderazgo, sino para recibir la correspondiente cuota financiera gubernamental.

Entre las consecuencias de este nuevo escenario, Penfold Becerra resalta el incremento de la presencia a nivel regional y local de partidos establecidos, como el MAS y LCR, y la necesidad de los partidos políticos tradicionales de establecer sistemas de alianzas, en la mayoría de las ocasiones sin resultados, para intentar desarrollar sus liderazgos regionales. Se profundizo el sentimiento de abandono y descrédito de los partidos nacionales.

En 1997 fue presentado ante la cámara de diputados del congreso el proyecto de Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, con el objetivo de intentar fortalecer la labor partidista a nivel nacional. COPEI, La Causa R, y el MAS intentaron convencer, sin resultados, a Convergencia para impulsar la mencionada iniciativa. Convergencia era el partido en el poder, nacido de la asociación entre diferentes partidos regionales.

El fracaso del proyecto de Ley, y la designación tardía de los miembros del Consejo Nacional Electoral se unieron a que desde las diferentes gobernaciones se planteó, casi que masivamente, dividir las parlamentarias de las presidenciales, y fue aprobado como un intento más de fortalecer el liderazgo nacional, celebrándose las primeras el 8 de noviembre de 1998, y las segundas el 6 de diciembre próximo. Quince gobernadores fueron reelegidos, la fortaleza regional había calado entre la ciudadanía, frente al muy mermado sentimiento electoral nacional. Los gobernadores y alcaldes elegidos por AD y COPEI logran sus propósitos mediante alianzas locales, y ante una separación muy grande de lo planteado en sus organizaciones de base con lo promulgado en las instancias nacionales.

Al gobierno se le hizo difícil atender las crecientes necesidades de la población, a partir de ahí el descontento se convierte en elemento constante de la política venezolana y genera un continuo desgaste del partido en el gobierno que se extiende hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, los partidos políticos nacionales ven disminuido su apoyo electoral y aumentan sus conflictos internos.

Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo

Los dos años transcurridos por Chávez en la cárcel le sirvieron para profundizar en los aspectos estratégicos, y en la manera táctica de cómo llevar adelante una revolución cívico militar. De ahí, que desde 1994 y 1998 en que gana las presidenciales, se dedica quien ya era consolidado como un líder a explicar en cuanta comuna y parroquia venezolana, sus propósitos renovadores acerca de la necesidad de un cambio en la estructura político social venezolana. Se hizo tendencia, hasta diciembre de 2020, en la Oposición el rechazo al proceso eleccionario, y el abandono de este, según la conveniencia del bloque de poder que la conforma.

Desde la toma del poder por Hugo Chávez se producen cinco elecciones regionales, y cinco parlamentarias. De entre las primeras medidas tomadas por el presidente Chávez se encuentran, que el poder legislativo comienza a ser ejercido por la asamblea nacional, como órgano de tipo unicameral, que sustituye al histórico congreso nacional, de tipo bicameral.

Chávez desarrolla una campaña a nivel nacional mediante el empleo de los medios de comunicación, y de las redes sociales con el empleo fundamental de los círculos bolivarianos, para que la población actualizase sus documentos de identidad y se inscribieran en el registro nacional electoral.

A partir del 2000, se aprobó que los militares venezolanos ejercieran el voto, a partir de ese momento las fuerzas armadas dejan de ser una entidad castrense representativa y adoptan, en consecuencia, un carácter más participativo en el ámbito electoral.

Desde que asume Hugo Chávez, el MVR en coalición con los partidos MVR, PPT, PCV, MAS, Podemos y Causa Radical tiene la característica de que, aunque es un partido nacional, desde su propio surgimiento, la razón de ser principal es la base, el trabajo en las regiones, por lo que se nutre fundamentalmente de los más diversos sectores sociales, y comienza desde ese movimiento político o partido un proceso de cambios revolucionarios con orientación hacia una transición socialista.

La posición predominante hasta ese momento de centro derecha cede espacio a la polarización izquierda-derecha, retoma fuerza el carisma de Chávez en la izquierda, mientras que la derecha opositora se ha debatido entre unos y otros dirigentes para tratar de enfrentarla.

La coalición de partidos que apoya al gobierno apela en el 2004 al uso de las “morochas” consistente en animar al elector simpatizante a depositar sus votos nominales y “votos lista” en dos tarjetas diferentes. De esa manera, los partidos que poseen dichas tarjetas pueden acceder a una mayor cantidad de cargos de los que hubieran obtenido si el elector hubiera ejercido el “voto lista” y nominal en una tarjeta.

La oposición opta por no participar

La oposición salió debilitada en el 2004 perdiendo seis de las ocho gobernaciones que controlaba, también perdió la mayoría de las 220 alcaldías que ganaron en el 2000, y habían cedido también en el referéndum revocatorio de ese año. Desde el año 2000, y en lo sucesivo, la oposición apela a mencionados fraudes para no participar, o retirar a sus candidatos antes del fin de las contiendas.

En el 2005 los escaños obtenidos por los simpatizantes del gobierno fueron en coalición entre el MVR-UVE (Unidad de Vencedores Electorales). La oposición en esta ocasión declaró trampa la técnica de morochas, y criticó que ambos partidos oficialistas en las boletas ostentaban el mismo logo, aunque con diferente color. Se retiraron algunos candidatos de la oposición, por manifestar falta de confianza en las elecciones y ante el rechazo al empleo de las morochas, aun cuando esa técnica, por demás legal, haya sido utilizada por primera vez en el 2000, por el opositor Eduardo Lapi, de Convergencia.

La polarización de fuerzas de la izquierda, con los mismos partidos en coalición a los que se sumaron otros como la Liga Socialista, el Frente Cívico Militar Bolivariano, dan su apoyo en 2007 para la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, cuyos primeros debates rondaron, unido a algunos contratiempos, acerca de que, si iba a constituirse como Unitario o Unido, característica última que primó, apoyada y sostenida fuertemente por el presidente Chávez.

En las regionales del 2008 el PSUV ganó 17 estados de los 23 del país, y 274 municipios sobre los 335 en juego, entre ellos 18 capitales regionales de 22, afirmándose como la primera fuerza política regional, y a través de la cual, nuevamente como antaño, desde la base se cumplía con las orientaciones nacionales, pero la fuerza creadora, el empuje, las iniciativas y el trabajo aglutinador quedaba remarcado en el orden regional y local, hasta el nivel de comunas, célula más pequeña de los municipios.

La oposición perdió el control de dos estados, de siete bajó a cinco, aunque ganó la alcaldía de Caracas. Sufrió una baja de un 10 % en relación con el apoyo recibido de la elección anterior, continuó dividida y mantuvo el discurso de animadversión visceral hacia el gobierno. No disponía de un programa creíble y debía en gran medida su supervivencia política a la fuerte campaña de los medios de comunicación privados, y al apoyo financiero desde los Estados Unidos.

En las elecciones de 2010 el objetivo fue renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional, fue la primera elección realizada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, aprobada por la Asamblea Nacional en 2009, y la primera de tal naturaleza en que intervino el PSUV como partido. La coalición PSUV-PCV obtuvo la mayoría simple, 98 de los 165 escaños perdiendo la mayoría absoluta de dos tercios, que mantenía desde el 2005.

La oposición, agrupada en la coalición Mesa de la Unidad obtuvo 33 diputados menos que el chavismo. El bloque independiente PPT obtuvo dos diputados, cuya importancia recae en que ese partido podía apoyar o evitar la aprobación de leyes habilitantes que requirieran de las tres quintas partes de la Asamblea, es decir la mayoría absoluta de 99 diputados.

Con el paso de los días, esos dos diputados se unieron a la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática. Fue una oposición más organizada, unificada temporalmente para intervenir en las elecciones. El hecho de ganar la mayoría simple fue significativo, pues en las legislativas anteriores no hubo oposición, ahora hubo que enfrentarla con todo su aparato logístico y el habitual apoyo foráneo.

En las regionales de 2012 el PSUV también obtuvo la victoria, el chavismo obtuvo 20 de las 23 gobernaciones en disputa, a pesar de ello creció el número de abstenciones en las filas chavistas. El presidente Chávez no pudo tener una participación más directa en la campaña debido a su enfermedad.

Al respecto, Gómez Talavera considera que pudiera pensarse que el chavismo aumentó su porcentaje de votación, cuando en realidad lo sucedido fue que la oposición disminuyó el suyo, considerablemente.

Las de 2013 fueron utilizadas por la oposición como un intento de plebiscito hacia la gestión del gobierno de Maduro. Esas elecciones se situaron en un contexto económico de alta inflación, condicionado por la especulación y el acaparamiento como instrumentos de desestabilización, se trató por todos los medios de atraer hacia la oposición al electorado históricamente abstencionista.

El Gran Polo Patriótico liderado por el PSUV obtuvo 242 alcaldías (72.24%) y la MUD 75 alcaldías (22.39%), el resto de las alcaldías fueron obtenidas por otras fuerzas políticas locales, de las cuales 13 tenían vínculos con el PSUV, y cinco con la MUD.

Una característica a resaltar es que la oposición ganó un número importante de alcaldías anteriormente chavistas y mantuvo otras de singular importancia como Maracaibo en el estado Zulia y el Distrito Metropolitano de Caracas.

Las elecciones legislativas de diciembre de 2015 dieron lugar a una ventaja política de la oposición que ganó 110 escaños con el 66,76 % del electorado que votó. La coalición bolivariana ganó 55 escaños y obtuvo el 33,33 % de los votos.

La oposición logró en asientos o escaños sobrepasar la mayoría simple, y por lo tanto se apoderó del control de la Asamblea Nacional, con lo cual podría aprobar leyes orgánicas, proponer reformas y enmiendas constitucionales, reemplazar a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y demás poderes públicos.

La situación económica del país era asfixiante para el ciudadano común, consecuencia de la labor de socavamiento de la oposición, de medidas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y de la amplia labor mediática a favor de la oposición. A pesar del esfuerzo, las medidas tomadas por el gobierno no fueron capaces de revertir dicha situación, por lo que la oposición se empeñó en intentar hacer ver hacia la escena internacional que el gobierno debía cesar en sus funciones ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades materiales de la población.

En las regionales de 2017, el Gran Polo Patriótico alcanzó el éxito. La oposición, con el apoyo de determinados sectores en los Estados Unidos, planteó que existieron irregularidades por el Consejo Nacional Electoral consistentes en desmovilizar a votantes de la oposición en algunos lugares del interior del país. Intentaron desplegar una campaña de descrédito criticando a la estatal Venezolana de Televisión por realizar labores de propaganda, fuera de fecha, a favor del Polo Patriótico.

Cuando la campaña parecía llegar a su clímax, la oposición mediante los medios de comunicación planteó que las elecciones habían sido asesoradas muy de cerca por el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, y que la intimidad de ambos con el presidente Nicolás Maduro posibilitó la injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

Las parlamentarias de 2020 constituyeron un nuevo éxito del oficialismo, los partidos del bloque opositor acordaron no participar citando denuncias de irregularidades en la planificación de los comicios, criticaron, además, que el Consejo Nacional Electoral hubiese sido designado por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando debió ser elegido a consideración de la Asamblea Nacional.

El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, los Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su rechazo ante lo que catalogaron, unas elecciones fraudulentas.

Elecciones de noviembre de 2021

Un proceso de apertura democrática para el elector venezolano, y la potencialidad de un acuerdo entre el gobierno y la oposición

Ante las presiones ejercidas por algunos sectores de la extrema derecha internacional, materializadas en la extradición del diplomático venezolano Alex Saab a los Estados Unidos, el gobierno venezolano suspendió las negociaciones que estaba sosteniendo en México con la oposición.

No obstante, se aprecia que existen condiciones para que se logre llegar a un acuerdo consensuado entre ambas partes, y se reinicie el dialogo en el momento más oportuno.

En estas elecciones se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores regionales, 2 mil 471 concejales, y los representantes de los pueblos originarios en ocho estados que agrupan a 69 municipios de todo el país, en medio de la pandemia y de una situación económica compleja agravada por la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos; y de un cierto intento de desestabilización proveniente de determinado sector de la Unión Europea.

Unos 70 mil 244 candidatos disputaran los 3 mil 82 cargos electivos, Del total de postulados, 65 mil 453 son candidatos a las asambleas legislativas y consejos municipales, 4 mil 462 al cargo de alcalde, y 329 a gobernadores.

El 44 % de las postulaciones corresponden a mujeres y el cincuenta y seis a hombres lo que evidencia la labor desarrollada por el CNE por eliminar la exclusión de género en la sociedad venezolana. El registro definitivo de votantes cerró en 21 millones 159 mil 846 electores, lo cual constituye record histórico.

El 86 % de las organizaciones constituidas previamente con fines políticos formalizaron postulaciones para dichos comicios, la mayoría de ellas participarán en conformación de alianzas.

En enero de 2021 se creó una comisión dirigida por Diosdado Cabello con el objetivo de revisar y proponer las modificaciones que correspondan en el ámbito del sistema jurídico nacional. Esa comisión, unida a otros factores, posibilitaron la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, en mayo, con participación opositora.

De sus cinco directivos, dos con sus respectivos suplentes provienen de la facción política que apoya al opositor Henrique Capriles; se trata de Roberto Picón, técnico electoral de la Asamblea Nacional con mayoría opositora, conformada en el 2015, y quien estuvo preso por traición a la Patria, y Enrique Márquez, quien fuera vicepresidente de la mencionada Asamblea Nacional. Tanto la comisión dirigida por Diosdado Cabello como la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral evidencian en el orden nacional e internacional, una alta dosis de tolerancia política por parte del gobierno de Maduro.

Mientras que, las fuerzas políticas que apoyan al gobierno participarán en conformación de alianzas, entre el Gran Polo Patriótico y el PSUV, las diferentes oposiciones desde sus diversos sectores, incluidos los más radicales, lo harán utilizando la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática.

La coalición del MVR con el PSUV posibilitará que quede casi sin efecto la cooptación, consistente en que por razones tácticas la alta dirigencia del Partido pueda cambiar a aquellos militantes que sean elegidos, un pedido de los militantes de base, y una crítica de la oposición en su campaña, ante el supuesto poco espíritu democrático del partido que apoya al gobierno. Los gobernadores no podrían tampoco aprovecharse de las circunstancias electorales, otra de las afirmaciones de la oposición que quedaría sin efecto, y una acción que dice mucho de la labor del gobierno en favor del consenso nacional.

El gobierno declaró que queda suspendida la figura del Protector, persona puesta en aquellas alcaldías y gobernaciones de la oposición, para fiscalizar e informar al gobierno del correcto funcionamiento de dichas dependencias, otra de las críticas que venía formulando la oposición, desde hace años, y con gran fuerza.

Aunque la cita regional es solamente para mayores de dieciocho años residentes en el país, las autoridades venezolanas permitieron la entrada de todo connacional que decidiese participar, incluidos los que tenían desde hace años prohibida su participación política por la comisión de delitos graves.

El Consejo Nacional Electoral autorizó la inscripción de nuevos partidos y de aquellas organizaciones políticas, opositoras o no, que no obtuvieron el porcentaje legal mínimo de votos en las últimas elecciones de diciembre de 2020, entre las cuales resalta la propia Mesa de la Unidad Democrática.

Por pedido de la Oposición y de otra buena parte de la ciudadanía, el CNE autorizó dos auditorías más 17, una de cierre electoral y otra de gastos incurridos en Campaña.

Al menos dos encuestadoras, la Delphos y la Datincorp coinciden en que podría incrementarse la confianza ciudadana en los partidos políticos. Más del 70 % de los electores podrían acudir a las urnas, aumentaron los índices de reconocimiento de la tranquilidad social. Un 12 % manifiesta un claro sentido de abstención, y solo un 7 % considera que sigue siendo necesario una intervención norteamericana en la solución de los asuntos venezolanos.

La oposición dialoga con el gobierno y participará en las elecciones del 21 de noviembre puesto que se percató que se le acaban las oportunidades, y de la errónea política hacia Venezuela por parte de la administración Trump.

Existen varios sectores opositores y todos quieren ser tenidos en cuenta en estas elecciones, el que participa junto al gobierno en la Asamblea Nacional; el del Consejo Nacional Electoral, también en el gobierno pero con base caprilista; el sector reaccionario de Guaidó; los que como Stalin González dejaron de tener puntos comunes con él; y los que se encuentran en España como Leopoldo López y Antonio Ledezma, imposibilitados por la Constitución a participar en estas regionales, pero que se percatan que pierden cada vez más su espacio político y su base social.

En Venezuela, si bien la participación histórica en las elecciones regionales es alta, también lo es la abstención, por lo que este elemento es un aspecto sensible en cuanto a los pronósticos que pudieran realizarse sobre qué coaliciones de fuerza ostentarían la mayoría en el ámbito regional y local. En el 2004, 2005, y en 2020, fundamentalmente, las fuerzas opositoras se han retirado alegando irregularidades, pero tampoco las fuerzas leales al gobierno han ejercido en pleno el ejercicio del Voto.

El elemento del voto se agudizó en las elecciones de 2015, en las que debemos resaltar que la victoria de la oposición se debió, en buena medida, precisamente, a que fueron capaces de aumentar el voto y no así el techo electoral, mientras que los adeptos del gobierno redujeron, aunque muy levemente, su techo electoral, y aumentaron en abstención. De haber mantenido las fuerzas del gobierno el nivel de votantes de elecciones anteriores, no podríamos aseverar si ganaban o no, pero al menos se hubieran acercado mucho más estadísticamente a los resultados opositores.

En las elecciones del 2015 debemos resaltar que al parecer el electorado que apoya al gobierno se encontraba todavía en shock psicológico, pues si bien Chávez había pedido el apoyo a Maduro, y sus simpatizantes estuvieron de acuerdo, la ausencia del líder histórico se hizo notar con gran fuerza. Un elemento a favor del oficialismo es que el PSUV en esas elecciones obtiene 51 escaños de los 55 que obtiene el gobierno, siendo el partido más votado en todas las elecciones, comprendidos tanto los de la coalición gubernamental como los de la oposición.

Desde el advenimiento del gobierno de Chávez, continúa el predominio de las alianzas regionales sobre las nacionales, el elector venezolano continúa confiando mucho más en las organizaciones políticas, nacionales o no, que desde su Base se interesan por sus necesidades.

En cuanto a la oposición, partidos tradicionales como AD y COPEI, y otros salidos de sus propias filas, trabajan intensamente en la base con fines electorales, mientras que el MVR y el PSUV son partidos salidos de alianzas regionales, y aunque tienen carácter nacional, no solo en sus estatutos, sino en la práctica, trabajan con ahínco en la base electoral. Y casi todos, opositores y oficialistas, se nuclean en sus respectivas alianzas de organizaciones y movimientos regionales y locales que garantizan el fortalecimiento del voto popular.

Se debe resaltar, además, el alto espíritu democrático de las elecciones venezolanas puesto que el PSUV, partido que a todas luces apoya al gobierno, participa por primera vez en el referéndum de 2007 y sale derrotado, lo cual demuestra que no apeló a mecanismo de fuerza alguno o de ventaja política. En posteriores análisis, sus dirigentes de base aludieron a la lógica inexperiencia y criticaron el no haber realizado una correcta labor de propaganda entre sus militantes de base, y al hecho de haber descuidado la propaganda negativa proveniente fundamentalmente de emisoras radiales locales y de las redes sociales.

Un reto y un peligro a enfrentar en estas elecciones, tanto para el gobierno, la oposición y la ciudadanía, es el manejo que desde el exterior y las redes sociales pueda realizarse con fines desestabilizadores, impulsados presumiblemente, entre otros, por Antonio Ledezma y Leopoldo López, quienes descontentos y en desacuerdo con la justa regional, puedan llamar a realizar protestas sociales.

Todo parece indicar que las elecciones regionales de noviembre de 2021 se realizarán con una amplia participación popular y un mayor sentimiento nacional de credibilidad participativa, logro conjunto de la ciudadanía en general, opositora o no, y de sectores sociales y partidos políticos a todos los niveles, y que resalta la labor gubernamental, puesto que la oposición con su participación reconoce tácitamente la existencia del gobierno, legítimamente constituido, de Nicolás Maduro.