Una fractura en la coalición que ganó la Presidencia de Honduras en las elecciones del pasado 28 de noviembre dio paso a una crisis parlamentaria que arroja sombras sobre la toma de posesión de la presidenta electa, Xiomara Castro, prevista para el próximo jueves.

Aunque el partido de Castro, Libertad y Refundación (Libre) y su aliado, el Partido Salvador de Honduras (PSH), habían acordado elegir a Luis Arredondo, del segundo, como presidente del Congreso, una veintena de diputados de Libre decidieron colocar en ese cargo a Jorge Cálix, con el apoyo de las formaciones oligárquicas tradicionales: los partidos Nacional (PN) y Liberal (PL).

En la caótica y tumultuosa sesión en la que se llevó a cabo la votación, fue imposible saber a ciencia cierta cuál de los dos obtuvo la mayoría de los votos en el legislativo unicameral de 128 escaños: así, los seguidores de Cálix abandonaron el recinto parlamentario y en una reunión en otro local lo nombraron presidente del Congreso, mientras que en la sede oficial los partidarios de Castro hacían otro tanto con Arredondo.

A lo que puede verse, la clase política oligárquica, cuyo candidato presidencial fue derrotado el 28 de noviembre, encontró la manera de capitalizar las luchas intestinas y las disputas por el poder en Libre y en el entorno de la nueva mandataria.

Desde que se conocieron los resultados de los comicios era claro que Castro habría de enfrentar dificultades en una cámara en la que su coalición (50 diputados de Libre y 10 del PSH) se encontraba en desventaja ante los 66 de la oposición de derecha (44 del PN, del presidente saliente Juan Orlando Hernández, más 22 del PL). Ahora, parece inevitable que la gobernante de izquierda tenga que vérselas a lo largo de su periodo presidencial con un legislativo adverso.

Tal perspectiva es preocupante si se considera el inmenso reto que enfrenta el equipo del próximo gobierno; Honduras se encuentra en una situación económica, social y política catastrófica, con la pobreza y las carencias al alza, la descomposición social y la delincuencia en grave crecimiento, una vida institucional corroída por la corrupción, una soberanía nacional arrasada por las políticas injerencistas de Estados Unidos y, derivado de todo ello, una imparable corriente de emigración formada por personas que huyen de la miseria, el desempleo, la devastación ambiental y el imperio de organizaciones delictivas. En tales circunstancias, el respaldo legislativo al programa de gobierno resulta indispensable para que éste tenga alguna posibilidad de contener y atenuar la grave problemática referida.

Cabe hacer votos por que los integrantes de la coalición que se conformó en torno a la candidatura de Castro sean capaces de poner el interés nacional por encima de sus diferencias y de recomponer una alianza que sólo en unidad podría hacer frente a la enorme responsabilidad de reconstruir el país.